Los investigadores del 'caso Montoro' sospechan que Equipo Económico (EE) y sus socios crearon una red de "empresas instrumentales" para ocultar los presuntos beneficios obtenidos a cambio de usar su influencia en el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, para favorecer a determinadas compañías, indicando que el dinero de los supuestos pagos podría haber acabado fuera de España.

Así consta en un informe emitido en diciembre de 2023 por la unidad de Hacienda que da apoyo a la Fiscalía Anticorrupción en unas pesquisas que comenzaron en secreto en 2018 y que han llevado a la imputación de más de una treintena de personas, Montoro incluido, por los presuntos favores políticos a empresas, sobre todo gasísticas, de acuerdo con el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press.

En dicho informe, el fisco plasma que el despacho se creó en 2006 como Montoro y Asociados y dos años después cambió a Equipo Económico. En concreto, se constituyó en 2006 con un capital social de 60.000 euros dividido en 6.000 participaciones con un valor nominal de 10 euros. Entre los socios constaban Montoro, con el máximo porcentaje (un 30%), y otros seis socios, incluido el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, con un 5%.

Pronto, el 17 de octubre de 2007, Montoro compró participaciones a otro socio pasando a ostentar un 38% del capital social. Y, poco después, el 10 de diciembre de 2007, vendió esas 480 participaciones que había adquirido.

A Hacienda le "llama la atención" no solo "el breve lapso de tiempo transcurrido entre la compra y venta de este paquete de participaciones", sino que "en su declaración de IRPF de 2007 no consta venta alguna de acciones o participaciones".

Además, Hacienda refleja que el 15 de abril de 2008 Montoro transmitió 1.080 participaciones de EE a Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante el Gobierno de José María Aznar, y 720 a su hermano Ricardo Montoro.

La Agencia Tributaria explica que ninguna de estas operaciones se declaró en IRPF porque "el precio de transmisión de las participaciones de EE era el mismo que el de adquisición (10 euros)", no habiendo, por tanto, ganancia.

Sin embargo, revela que, en un procedimiento de comprobación que hizo al hermano de Montoro por el IRPF de 2012, la propia Hacienda, basándose en las cifras declaradas por la propia sociedad, dedujo que "este valor supondría un precio unitario de venta de 226,96 euros" frente a los 10 euros declarados.

Hacienda añade que "también se dispone del valor otorgado por alguno de los socios de EE en las escrituras de capitulaciones matrimoniales otorgadas en diciembre de 2015", que conducirían a 625 euros por participación social.

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Con todo, cree que "los parámetros económico-financieros de la empresa/valor de mercado" indiciariamente "alejarían dicho valor declarado en el IRPF de 10 euros de un precio razonable de venta de las participaciones entre partes independientes".

Los "miembros políticos" serían los verdaderos dueños

Además, la Agencia Tributaria se hace eco de un informe emitido por los Mossos d'Esquadra en diciembre de 2019 donde se concluía que "la transmisión de las participaciones sociales de los miembros políticos del despacho EE se realizó por el valor nominal de las mismas y no por el valor neto del patrimonio de dicha sociedad", un aspecto que, "unido a que las participaciones se transmitieron a determinados socios, y no proporcionalmente a todos, es indiciario sobre que estos últimos, presuntamente, podrían gestionar estas participaciones sociales como titulares de derecho pero no de hecho".

Los Mossos detallaban que "el sistema ideado para distribuir los recursos generados por las presuntas operaciones ilícitas sería a través del despacho EE, que a su vez desviaría los fondos de dos maneras: retribuyendo a sus socios con nóminas muy considerables"; y "facturando a través de sociedades interpuestas en las que se acumula patrimonio con características más del ámbito personal que del profesional y de las que a su vez se deducían algunos de los costes derivados del mismo".

"Con el sistema ideado", continuaba la Policía catalana, "los márgenes de explotación declarados en EE simulaban no ser excesivamente altos para no levantar sospechas a ojo de los organismos oficiales". Sin embargo, destacaba, "estos márgenes contrastan con los declarados por las empresas interpuestas creadas a tal efecto, que sí eran considerables".

"Este aspecto pretendería camuflar el hecho de que los recursos destinados para la obtención de los ingresos serían insuficientes, ya que la realización de dichos servicios presuntamente no existía", razonaba.

Nuevo cambio de nombre ante las primeras noticias

Los Mossos advertían de que "a partir del ejercicio 2015 se produjo una significativa disminución del importe neto de la cifra de negocios de la principal empresa investigada y de las empresas vinculadas", anudando que "esta simultaneidad en el cese de la actividad carece de una explicación económica, puesto que hasta ese momento, todos los ratios de rentabilidad de las empresas eran elevados y su salud financiera era buena".

Los investigadores lo vincularon a que "en el primer semestre de 2015 comenzaron a aparecer noticias en prensa denunciando estos hechos". "Presuntamente como reacción a estas noticias, las personas investigadas habrían desmantelado esta estructura traspasando la actividad profesional a otro despacho llamado Global Afteli y constituyendo otras sociedades mercantiles interpuestas que garantizarían la continuidad de sus actividades presuntamente ilícitas", precisaron.

Detallaron incluso que "algunas de las empresas investigadas han tenido una actividad financiera importante habiendo en algún caso realizado inversiones en empresas del grupo". Y, "dentro del resultado financiero existen cifras declaradas por diferencias de cambio", hecho que "podría estar motivado por operaciones realizadas en el exterior de España", alertaron.

Hacienda recoge otro informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, emitido en abril de 2021, donde se hablaba de "empresas supuestamente instrumentales de los socios que habrían sido utilizadas por estos para canalizar y recibir fondos de EE, desconociéndose por el momento las relaciones comerciales que ampararían dichos abonos".

"En este sentido, podría haberse utilizado la figura de titulares de hecho, que en última instancia podrían haber sido los beneficiarios finales de parte de los fondos, pudiendo estar relacionados estos pagos con las comisiones que se tendrían que haber abonado por la supuesta intermediación dentro del Gobierno", exponía.

La UCO consideraba "como probable el hecho de que el dinero se podría haber situado fuera de España", tanto "a diferentes países europeos" como a Estados Unidos y América Latina.

Empresas sin "medios materiales y humanos"

En su informe de 2023, Hacienda apunta asimismo al "carácter instrumental de sociedades vinculadas que facturaron servicios a EE en el periodo objeto de la presente investigación".

Pone el foco en los socios que adquirieron las participaciones de Montoro en sucesivas fases y señala que, por ejemplo, "Martínez Rico prestaría sus servicios a EE, que se constituye en casi su única fuente de ingresos de 2008 a 2013, directa e indirectamente mediante el empleo de su sociedad Econodos, que afirman carece de medios materiales y humanos para el desarrollo de la alegada actividad".

Además, a Hacienda le "resulta llamativo" que Montoro "no tenga ninguna relación con alguna cuenta bancaria de la sociedad Equipo Económico, máximo cuando ha ostentado cargos" en dicha empresa.