El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado las llamadas entre la asesora Cristina Álvarez y los patrocinadores de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense. Además, ha solicitado todas las llamadas entre Álvarez y teléfonos vinculados a esa entidad educativa.

También pide, en un texto al que ha tenido acceso EFE, las llamadas enviadas o recibidas por la asesora de Gómez a los números vinculados con el empresario Juan Carlos Barrabés -también investigado- y su grupo de empresas.

En concreto solicita que se dé libre mandamiento a la operadora del móvil oficial de Álvarez para que remita el listado de llamadas emitidas y recibidas desde el 16 de julio de 2018, cuando fue nombrada asesora de Begoña Gómez, hasta la fecha.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encargará de la gestión e informará al juzgado "de las llamadas entrantes y/o salientes que estén vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale, o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másters o cátedras en la que participó" Begoña Gómez, según la providencia.

También se investigarán "las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con don Juan Carlos Barrabés Cónsul y su grupo de empresas".

En otro texto, fechado un día después, el magistrado se dirige a la Presidencia del Gobierno para que informe sobre la fecha en la que se entregó a Cristina Álvarez el teléfono oficial que le consta, y aclare "si se ha puesto a su disposición algún otro número de teléfono oficial adicional, y en su caso, la fecha en que se hizo entrega del mismo".

Estas resoluciones se dictan después de que la Audiencia de Madrid apuntalara los indicios contra Cristina Álvarez, al respaldar la investigación sobre si "se sobrepasó" en el desempeño de sus "funciones públicas" como asesora de Begoña Gómez "para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno en un supuesto tráfico de influencias.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirmó el pasado 25 de junio la condición de investigada de Álvarez como posible participe en hechos que podrían constituir los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Esta resolución de la Audiencia Provincial, fechada el 12 de junio, se conoció un día después de que trascendiese que el juez Peinado pidió formalmente al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presunta malversación y tráfico de influencias en torno al nombramiento de Álvarez.