La jueza de la DANA, sobre la gestión del Gobierno de Mazón: "Gravísima inactividad con resultado mortal"

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruíz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, detalla en uno de sus últimos autos una serie de razonamientos jurídicos que evidencian la "gravísima inactividad con resultado mortal" del Gobierno de Carlos Mazón el pasado 29 de octubre, fecha en la que tuvieron lugar las terribles inundaciones.

La jueza considera "evidente", tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, que la Administración autonómica "concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima", ya que en el momento en que se lanzó la alerta a las 20.11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos.

Agrega que los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, "no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población".

"Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación," y se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi, señala el auto.

Un lugar, añade, "en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos".

En su escrito, la jueza detalla que en las reuniones del Centre de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) parecía que los presentes "permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala".

"Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en el que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: 'los barrancos están a punto de colapsar', escribió en un mensaje el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso antes de entrar en el Cecopi a las 14.44 horas, mientras la alarma Es-Alert a la población se lanzaba a las 20.11 horas".

En cualquier caso, concluye, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, "no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica" que fue "absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población".