La jueza envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez tras rechazar su último recurso

La jueza de Badajoz que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz ha acordado enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias tras rechazar su recurso contra su procesamiento. 

La Fiscalía había pedido el archivo al entender que no existen "indicios racionales de criminalidad" en la causa abierta sobre la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz para Sánchez.

Además de contra Sánchez, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto juicio oral contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En el auto de procesamiento, la magistrada consideró que la plaza creada para Sánchez, en 2017, en el conservatorio de la Diputación de Badajoz, fue "a medida". No solo "se habrían ido modificando sus funciones según sus peticiones, sino que, además, se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas", consta en el auto, al que tuvo acceso Público.

La jueza Beatriz Biedma no ha podido recabar indicios de enriquecimiento de Sánchez pese a la investigación ordenada a la UCO sobre sus propiedades y cuentas bancarias.

Biedma considera que el hermano del presidente habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener "un beneficio propio" al obtener que se adaptaran las condiciones del puesto de coordinador de los conservatorios de la provincia de Badajoz a sus "preferencias personales", como el no tener que acudir presencialmente a un despacho.

Los argumentos del abogado de Sánchez

El abogado de Sánchez considera que no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso "se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares".

El letrado, que a lo largo de su exposición se muestra crítico con la magistrada, no comparte que de todas las horas empleadas en la instrucción se seleccionara en el auto de procesamiento "todo aquello que se estima perjudicial para los investigados", con una ausencia "del preceptivo balance indiciario que obliga a los Juzgados de Instrucción a valorar todo, y no parte, de lo actuado".

"Del extraordinario caudal de indicios de descargo nada se dice: absolutamente nada", expone el abogado de David Sánchez.

Además, resalta que la jueza en su exposición utilice expresiones como "seguramente" o "apariencia de legalidad". "No puede haber un punto de partida indiciario más flojo, ni más débil ni más voluble que el que se enuncia con el uso del 'seguramente' que, por razones léxicas ineludibles, es refractario a lo que integra el concepto de indicio de criminalidad".

A su juicio, el auto no concreta "en qué estribaría la autoría de David Sánchez ni con qué título de imputación". "Sostener negro sobre blanco, como suele decirse", que David Sánchez habría podido ser quien orquestó lo que se relata en la causa —convocatoria, proceso y adjudicación del puesto de trabajo en la Diputación— es, según Cortés, un hecho incompatible con la instrucción y meramente inferido.

"Un indicio no es que un director de conservatorio manifieste que ha escuchado rumores de que se le va a adjudicar la plaza a un candidato cuando, además, declara bajo juramento de decir verdad que era un rumor más de los que había", continúa en esta línea Cortés.

Asimismo, el letrado lamenta en su escrito que la jueza instructora no reaccionó ni investigó el hecho de que se difundiera el vídeo y el audio de la declaración de David Sánchez en sede judicial, pues supuso un acto de revelación procesal. "La buena fe y cortesía procesal" no ha sido respetada por las otras partes presentes en el proceso, considera el letrado.