La jueza se queda con el caso de David Sánchez hasta certificar que Gallardo es aforado

La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, instructora de la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al titular de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, mantendrá el procedimiento bajo su instrucción judicial hasta que el letrado mayor de la Asamblea extremeña certifique que este último ostenta la condición de diputado autonómico, cargo que conlleva el aforamiento.

Por ello, la jueza ha solicitado mediante una providencia al Parlamento extremeño que acredite la condición de diputado autonómico de Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura. La magistrada también ha solicitado a la Junta Electoral de Extremadura que aporte toda la documentación referida al proceso de designación de Gallardo como diputado regional.

El abogado de Gallardo presentó el pasado 22 de mayo un escrito en el que se exponía "la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura" de su patrocinado al haberle sido expedido un día antes la credencial de diputado electo por parte de la Junta Electoral.

Entre las prerrogativas que conlleva ser diputado está el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que es el órgano judicial, a tenor de lo que argumenta el letrado, el que debe pronunciarse sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio.

"Lo que se le encomienda al TSJ no es solo el enjuiciamiento, sino la decisión sobre el juicio, que es una actuación más amplia", remarca la defensa, que considera que ya no le corresponde al Juzgado de Instrucción resolver sobre la apertura del juicio oral, "ni, en general, sobre ninguna de las cuestiones que se puedan suscitar desde este momento".

Por ello, como así lo desgrana la defensa en su escrito, la competencia del TSJEX en la causa se extiende a todos los imputados en las diligencias, entre ellos David Sánchez.

En su respuesta, la jueza Beatriz Biedma considera que no procede la petición de inhibición, pues debe ser un juez o Tribunal Superior el que fije, en todo caso, su propia competencia tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal. Eso ocurrirá cuando la Asamblea y la Junta Electoral remita la documentación que Biedma ha exigido.

Además, la jueza informa del recurso de reforma interpuesto por la defensa de Luis María Carrero, otro de los investigados, contra el auto de apertura de juicio oral.