La Justicia andorrana informa a España que investiga a Rajoy por la 'Operación Cataluña'

La justicia andorrana ha enviado una nueva comisión rogatoria a España en la que le comunica que investiga si el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy intimidó a las autoridades del principado para obtener datos bancarios de políticos independentistas, aunque ve "meras suposiciones o conjeturas" en que liderase la Operación Catalunya.

Así lo sostiene en una nueva comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Batlle (jueza) de instrucción número 2 de Andorra, que investiga una querella de 2020 contra Rajoy y quienes fueron sus ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Hacienda, Cristóbal Montoro, entre otros, por supuestas presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para que facilitaran información de políticos independentistas a la 'policía patriótica', en el marco de la Operación Catalunya.

La jueza andorrana ha remitido esta nueva comisión rogatoria a la justicia española para que comunique a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz, entre otros, que les investiga, después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara en 2024 la que les envió en 2022, alegando falta de concreción.

En esta ocasión, la magistrada detalla que investiga a Rajoy por los delitos de falsedad de documentos y de coacciones de órganos constitucionales porque la querella, interpuesta en 2020 por el Institut de Drets Humans d'Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, alude a una reunión que el expresidente y el entonces ministro Montoro mantuvieron con el jefe del Ejecutivo andorrano para coordinar la operación BPA/Banco Madrid.

En su comisión rogatoria, la Batlle resalta que los querellantes sostienen que durante esta reunión Rajoy "habría utilizado y esgrimido" información financiera "falsa" de un informe de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Gobierno de Estados Unidos para "intimidar o influir" en las autoridades andorranas para que interviniesen y liquidasen el BPA, "ya que en caso contrario toda la plaza bancaria andorrana quedaría afectada y bloqueada".

No obstante, la jueza remarca, en un auto que también incorpora en la comisión rogatoria, que ha rechazado ampliar la causa por un delito de asociación ilícita, como pedían los querellantes, quienes sostienen que se trató de una "operación de Estado dirigida presuntamente desde la Moncloa por el expresidente Mariano Rajoy".

Además precisa que si lo hacen en estos términos, es porque "no disponen de indicios objetivos y suficientes que permitan afirmar que el señor Rajoy estaba al frente de la denominada Operación Cataluya".

De hecho, la jueza subraya que por ahora no consta "ningún elemento o indicio objetivo" que demuestre que Rajoy, Montoro, Fernández Díaz y los demás querellados, entre ellos el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y mandos policiales como Eugenio Pino o Marcelino Martin Blas, se coordinaran para lograr el "objetivo común" de obtener información bancaria de las familias de dirigentes independentistas como Jordi Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras.

En este sentido, subraya que, pese a que los querellantes hacen referencia a las declaraciones del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, este "simplemente" ha manifestado que "creía" que las órdenes de actuar contra los dirigentes del BPA no procedían de Pino, sino de "instancias superiores, sin especificar más".

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Según detalla la Batlle en la documentación que figura en su comisión rogatoria, en el actual estadio de la instrucción, estos hechos no son "más que meras suposiciones o conjeturas", ya que no consta por ahora "ningún elemento objetivo que avale racionalmente su verosimilitud".