El 'lawfare', un agujero negro en las democracias: así ha sido el debate de Pallín, Palop y Sánchez-Cuenca

El lawfare no solo "existe", sino que lleva décadas encima de la mesa y parece difícil revertir la situación de la noche a la mañana. Los casos más "sangrantes" de los últimos años son los que afectaron a los independentistas catalanes y al ahora ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero también entran dentro de la categoría de guerra judicial los usados en su día contra el expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, contra dirigentes de Podemos y actualmente contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas son algunas de las reflexiones que han compartido José Antonio Martín Pallín, María Eugenia Rodríguez Palop e Ignacio Sánchez-Cuenca durante el debate Lawfare: los jueces toman partido, organizado por Público y la Fundación Primero de Mayo este miércoles en el Ateneo de Madrid. 

Ver vídeo

La jornada arrancó con una pregunta aparentemente sencilla: ¿Existe el lawfare en España? Ignacio Sánchez-Cuenca fue el primero en tomar la palabra y reconoció que era una cuestión "difícil de objetivar". El catedrático y profesor de Ciencias Políticas mencionó una serie de elementos y circunstancias que pueden facilitar su identificación: la "coordinación" entre los medios y una instrucción judicial concreta; la concurrencia de "múltiples denuncias" contra el mismo objetivo político; la fecha en la que se activa la ofensiva legal y los esfuerzos para "estirar artificialmente las causas" e intensificar así el "desgaste". Como ejemplo de esto último puso la instrucción que dirige el juez Peinado contra Begoña Gómez. Sánchez-Cuenca mencionó además el "doble rasero" como detonante para reconocer el lawfare: que se investigue como posible delito el envío de unos correos por parte de una asesora en Moncloa de la mujer de Pedro Sánchez, pero no se plantease lo mismo cuando Mariano Rajoy tuvo contratadas a dos personas en Moncloa para cuidar a su padre.

María Eugenia Rodríguez-Palop respondió formulando "otras preguntas", como si "tenemos un problema estructural" en la judicatura o "si el poder judicial es un actor político en España". La respuesta es en todos los casos "afirmativa", indicó la profesora de Filosofía del Derecho. "Si seguimos por esta vía, corremos el riesgo serio de llegar a una autocracia, por eso urge hacer un diagnóstico y tener claras las medidas" que debemos adoptar, continuó. Las "causas estructurales" que explican el lawfare son, a juicio de Palop, la "cultura jurídica corporativa", el "modo de acceso a la judicatura", la propia arquitectura del Poder Judicial (CGPJ) y la complicidad del sistema mediático. "No solo tenemos lawfare por la propia acción de los magistrados, también porque muchos convierten las fake news en condenas", ha recalcado. La profesora habló por último de lo que acuñó como la "expertocracia corrupta", formada por quienes "se dedican a justificar los casos de lawfare" y les dan tintes de normalidad.

José Antonio Martín Pallín ha recordado que el Poder Judicial "siempre tuvo la tentación de intervenir" e influir en la vida política. El lawfare no es un fenómeno reciente ni afecta solo a España. "La clave es la autorrestricción", insistió el magistrado emérito del Tribunal Supremo. Martín Pallín puso un ejemplo propio para ilustrar esa "autorrestricción". El juez participó en algunas manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003, pero cuando le llegó una querella contra el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tardó "15 minutos en inadmitirla", porque entendió que "los jueces no son quien para inmiscuirse en las cuestiones de política exterior del Ejecutivo". El magistrado distinguió también entre el "lawfare de primer y segundo grado". El primero concurre cuando los magistrados intentan "sustituir directamente al Gobierno" y el segundo, cuando se busca "intervenir en los asuntos políticos" de un país.

El rastro del 'lawfare': del independentismo a García Ortiz

El debate ha estado presentado por Ana Pardo de Vera,  directora corporativa y de relaciones institucionales de Público, y moderado por el jefe de política del periódico, Sato Díaz. Los participantes abordaron en el segundo bloque los que, en su opinión, pueden ser "los casos más llamativos de lawfare" de los últimos años. Martín Pallín indicó como "el más sangrante" la condena a Álvaro García Ortiz, especialmente por el hecho de que "entrase en la Fiscalía General del Estado una especie de grupo armado de la UCO" a realizar un registro, sin que en la sentencia condenatoria "se dedique ni una línea" a valorarlo. Pallín también mencionó las persecuciones que sufrió durante el procés el independentismo catalán o el caso de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos que perdió su escaño en el Congreso al ser condenado en una sentencia anulada posteriormente por el Constitucional.

Palop y Sánchez-Cuenca coincidieron al señalar la gravedad de las actuaciones contra los independentistas catalanes y García Ortiz. Palop pronosticó que el Constitucional "por supuesto que le va a dar amparo" al fiscal general, pero ya "se ha conseguido lo que se quería: dejar claro quién manda e inhabilitarlo".

Sánchez-Cuenca describió un proceso en el que primero hubo casos de lawfare contra los independentistas vascos y después contra los catalanes, aunque aquí ya no había un escenario de violencia. "Como contaron con el apoyo cerrado de la mayoría de medios y de la derecha política, una vez que esas actuaciones quedaron asimiladas, se alcanzó un momento de barra libre". A partir de entonces se produjeron persecuciones judiciales contra dirigentes de Podemos y contra el entorno de Pedro Sánchez, "pero el caso más dañino fue el catalán".

Relacionado con este tema

José Antonio Martín Pallín: "El que quiera derrocar al Gobierno tiene la moción de censura, pero los jueces no pueden colaborar"

Pilar Araque Conde

¿Quién vigila a los que vigilan?

Los participantes, preguntados por las razones que nos han llevado a tener una "judicatura conservadora", respondieron señalando el papel de determinadas asociaciones de jueces como la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, y los mecanismos de acceso a la judicatura. "El 97% de los jueces que superan la oposición han contado con apoyo económico de su familia para poder dedicarse a estudiar", ha señalado María Eugenia Rodríguez Palop. La profesora también ha recordado que "la mayoría de las asociaciones son conservadoras" y ha destacado el incumplimiento de la normativa actual sobre las vías de acceso: "La ley establece que un 25% de las plazas deben ser para el cuarto turno, pero solo son el 9% porque no se convocan más plazas".

Martín Pallín ha señalado que los magistrados de la APM "no son conservadores, sino reaccionarios", pero tiró de ironía para añadir que "también son progresistas, porque si quieres progresar en la carrera, te tienes que anotar a la APM". El magistrado cree que el sistema de acceso vigente es una "aberración porque te enseñan a repetir cosas como un papagayo", algo que resulta "inútil" para la práctica judicial diaria. Sánchez-Cuenca, por su parte, ha apuntado que "los jueces son conservadores desde hace mucho tiempo", pero ahora vemos un "cambio de comportamiento", no tanto ideológico, sino de falta de restricciones. "Lo que ha cambiado es que ahora no encuentran barreras que antes los contenían. Miguel Pasqua dice que el último bastión del Estado de Derecho es el sonrojo. Y ese sonrojo se está perdiendo, no solo en la magistratura".

Ver vídeo

Los tres ponentes se han mostrado ligeramente pesimistas con el funcionamiento y la creación de nuevos mecanismos de control en la judicatura. Martín Pallín defendió que "no se va a conseguir una transformación de la noche a la mañana", mientras Palop insistió en las trabas del sistema de acceso y destacó la necesidad de realizar actuaciones "a priori" y no a posteriori, "porque si un juez decide usar las normas de manera ideológica hay poco que puedas hacer". Sánchez-Cuenca coincidió con esta tesis y criticó el "agujero negro" que tienen las democracias para vigilar a los vigilantes, en este caso a los miembros de la judicatura. Y puso como ejemplo que apenas diez jueces han sido expulsados de la carrera en las últimas décadas en España por prevaricación.

El evento ha contado también con la participación de Fernando Lezcano, presidente de la Fundación Primero de Mayo, y del director de Público, Manuel Rico. Lezcano aprovechó su discurso inicial para recordar que el lawfare no solo afecta a la política, sino que también hace mella en el mundo laboral. "Este fenómeno se encuadra en una estrategia más general de guerra híbrida que consiste en desplegar operaciones desde diferentes frentes: mediático, económico, político y judicial. Lo que busca es salir al paso de cualquiera que pueda poner en riesgo el statu quo de los sectores más privilegiados de la sociedad. El lawfare tiene un profundo sentido de clase, también lo ha sufrido el movimiento sindical", ha recordado.

La misma lógica ha defendido Manuel Rico. "La derecha plantea una batalla en tres frentes para llegar al poder: el judicial, el mediático y el político. Todos se coordinan, pero el más relevante es el judicial", ha insistido. Rico ha querido agradecer a la Fundación Primero de Mayo que organizase el acto junto a Público; a los ponentes por el nivel de sus exposiciones; a la redacción de Público, que ha elaborado la revista monográfica trimestral que reciben los suscriptores y cuyo último número está dedicado al lawfare, "y a las socias y socios de Público, fundamentales para que el periódico exista".