L de 'Lawfare'
La sombra de este término, que hace alusión al uso estratégico de la Justicia para perseguir objetivos políticos, se ha extendido en un contexto político de ofensiva judicial contra el Gobierno de Sánchez.
La XV legislatura ha estado repleta de hitos que han tenido consecuencias no solo en el devenir político del país, también en su historia económica, social, judicial y cultural. En esta serie los recopilamos.
Madrid-
La palabra lawfare inauguró la pasada legislatura, después de las referencias a este término incluidas en el acuerdo de investidura al que llegaron PSOE y Junts, aunque su sombra se ha extendido en un contexto político de ofensiva judicial instada por la derecha y la ultraderecha contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La condena al ex fiscal general del Estado fue uno de sus máximos exponentes. Fue hace un año cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados a las penas de dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y multa de 7.200 euros, así como a una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales y al pago de las costas procesales.
El tribunal consideró probado que fue el ex fiscal general, o "una persona de su entorno y con su conocimiento", quien filtró el correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso por entonces, a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, en el que proponía un pacto de conformidad con reconocimiento de dos delitos fiscales. Si bien, tampoco identificó a ese supuesto cómplice.
En cuanto a la causa contra la empresaria Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, también ha estado rodeada de críticas por la actuación del juez que decidió enviarla al banquillo, Juan Carlos Peinado, ya jubilado, tras una instrucción plagada de despropósitos. Cuando llegue el momento de la vista oral, será un jurado popular el que decida si Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, son o no culpables de los delitos de tráfico de influencias y malversación (a esta última solo se le acusa del segundo delito).
Otro caso que también causó estupor fue la condena al hermano del presdente del Gobierno, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en relación a su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.
Siguiendo la doctrina del Supremo con García Ortiz, la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz admite nada más comenzar a describir los hechos probados que los acusados decidieron crear la plaza "sin que haya quedado acreditado si la toma de decisión se hizo a petición de este último [David Sánchez] o de persona o personas del entorno del beneficiario de la plaza de empleo público o relacionadas con el mismo conocedores de dicha necesidad o si tal decisión se realizó motu proprio con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón".
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