El novio de Ayuso pide que se duplique la fianza al fiscal general, con 300.000 euros

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido en el Tribunal Supremo la imposición de 150.000 euros que le impuso el juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado de cara al juicio en su contra por un presunto delito de revelación de secretos.

Así, el novio de ayuso pide que se duplique la fianza, y pasar de 150.000 a 300.000 euros: "Los daños morales padecidos por D. Alberto González Amador y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por D. Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros", conta en el escrito al que ha podido acceder Público.

Se refiere González Amador en su recurso al auto de apertura del juicio oral contra García Ortiz que "no ha existido día "desde marzo de 2024, cuando se conoció el correo electrónico con su confesión como autor de dos delitos fiscales, que su letrado envió a la Fiscalía de Madrid, en que "algún personaje político o periodístico, con el Ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a D. Alberto González Amador como "delincuente confeso" o "defraudador confeso", y eso en su opinión es consecuencia de la filtración que se atribuye al fiscal general del Estado y "de su voluntad de generar un relato político transformando en delictiva la función constitucional de Fiscal General del Estado a costa de los derechos fundamentales y legales de D. Alberto González Amador".

El juez Hurtado consideró "excesiva la cantidad de 300.000 euros solicitada por la acusación particular como indemnización por perjuicios morales más los incrementos por intereses morales y procesales".  

Y alegó el instructor además que hay que tener en cuenta "el alcance de otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del art. 417 CP, así como lo dispuesto en el art. 589.2 LECrim, por lo que, en una valoración de conjunto de todos los anteriores conceptos, a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, se fija una fianza en la cantidad de 150.000 euros". 

De esta manera, como informó Público, el juez Hurtado siguió un criterio para aplicar la fianza que fue objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional, en 2023, que vino a decir que es inconstitucional, porque vulnera el derecho a  la presunción de inocencia, imponer fianzas para satisfacer una eventual multa por un delito aún no sentenciado, en este caso, el delito de revelación de secretos.

Ahora, el novio de Ayuso considera que la fianza de 150.000 euros, que contiene un planteamiento fuera de la Constitución, porque anticipa una condena por un delito sin que se haya producido condena alguna, se queda corta y pide duplicarla. 

"Jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado", consta en el escrito.

"Siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros, por lo que se solicita la reforma del auto recurrido en la cuantía fijada en concepto de fianza", sostiene.