Santos Cerdán y otros nueve políticos que pisaron la cárcel: diferencias y semejanzas

El ingreso en prisión preventiva este lunes de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, paralizó al país. Su llegada al Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid) fue retransmitida en directo, exactamente igual a lo que ocurrió hace una década cuando fue detenido Rodrigo Rato, expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2004-2007) y vicepresidente del gobierno (1996-2004) y ministro de Economía (2000-2004) con José María Aznar.

El 16 de abril de 2015 España se paralizaba cuando se difundió la noticia de que la Policía estaba registrando el domicilio de Rato, banquero de origen, en el madrileño Barrio de Salamanca. Los fotógrafos y cámaras se apostaron frente al edificio hasta que apareció el otrora todopoderoso presidente del FMI y cerebro del llamado 'milagro' económico de la era de Aznar, que luego derivó en una espectacular burbuja inmobiliaria que, entre otros factores, desembocó en la gran crisis de 2008.

Rato, que presidió la extinta Caja Madrid y Bankia (2010-2012), salió al cabo de tres horas detenido. Uno de los agentes colocó certeramente su mano en el cuello del ex dirigente político para ayudarle a entrar en el coche: un gesto que ha pasado a la historia política española. 

Si bien Rato fue detenido ese día por presuntos delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, la decisión del juez obedeció a un formalismo necesario para que el banquero pudiera acompañar obligatoriamente a la Policía hasta su despacho para continuar allí el registro. Tras siete horas, quedó en libertad provisional. 

Rato acumula varias condenas y ha cumplido parcialmente las penas. En 2017 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, condena por la que ingresó en Soto del Real en octubre de 2018. A finales de diciembre de 2024 fue condenado otra vez por tres delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo por enriquecimiento ilícito. Esta condena está recurrida ante el Supremo. 

Los GAL, Barrionuevo y Vera

Mucho antes que Cerdán pisara la cárcel de manera preventiva, un exministro del Interior hacía lo mismo en 1998, aunque ya para cumplir una condena firme. José Barrionuevo, titular de Interior en el primer gobierno de Felipe González, fue condenado en 1988, junto con su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey y por el delito de malversación de caudales públicos para financiar los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).   

Los GAL, calificados por el Supremo como organización terrorista, estuvieron integrados por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sicarios profesionales para atentar contra ciudadanos vascos relacionados con ETA (asesinaron a una treintena), y estuvieron financiados por el Estado, a través de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Barrionuevo y Vera fueron condenados a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta, como responsables al más alto nivel de los GAL. Pero ambos recibieron un indulto parcial, por lo que pasaron solo tres meses en prisión. Años después, Rafael Vera volvió a ser condenado, por el caso de los fondos reservados.

Ignacio González: siete meses en preventiva

Igual que Santos Cerdán, el juez envió a prisión incondicional al expresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid por el PP Ignacio González (2012-2015), sucesor de Esperanza Aguirre, el 21 de abril de 2017, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, en el marco de la investigación del caso Lezo, sobre los negocios impulsados a través de la empresa pública Canal de Isabel II por el entonces presidente de Madrid.   

González quedó en libertad el 8 de noviembre de aquel año, es decir, casi siete meses después y previo pago de una fianza. Durante ese tiempo, la Audiencia Nacional investigó el destino del dinero que presuntamente se había amasado con los negocios del Canal y se encontró un botín en Colombia, de 5,4 millones de dólares. Sin embargo, el juez Gadea acabó, años después, archivando la causa para González, que tiene pendiente, en cambio, juicios abiertos por otras líneas de investigación del caso Lezo. 

Fabra y Zaplana, el paradigma del PP en València

Eduardo Zaplana fue ministro de Trabajo con Aznar (2002-2004) y presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002. Tras su salida de la política, fichó por Telefónica. El 24 de mayo de 2018 el juez decretó su ingreso en prisión provisional ante los indicios delictivos contra él por cobro de mordidas, blanqueo, prevaricación y otros graves delitos en el marco del caso Erial. Ocho meses después salió en libertad condicional debido a la leucemia que padecía. Condenado finalmente a diez años de prisión, en 2024, por los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo por los sobornos recibidos a cambio de amañar la adjudicación de estaciones de la ITV siendo presidente de la Comunitat Valenciana, la Audiencia Provincial de València permitió que no ingresara en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva su recurso.

Por su parte, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló con el PP (1995-2011), es el prototipo de hombre con suerte, ganador providencial de premios de la Lotería, sospechosos de esconder en realidad una manera de blanquear fondos, la justicia ha archivado varias causas y ha tardado más de un década en juzgarle por varios delitos contra la Hacienda Pública. El 1 de diciembre de 2014 pisó por fin la cárcel para cumplir la condena de cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros al fisco. Tras 16 meses, salió en libertad condicional.

Jaume Matas, tres millones de euros de fianza

Ministro de Medio Ambiente entre 2000 y 2003, en el último gobierno de Aznar, el mallorquín Jaume Matas fue presidente de las Illes Balears entre 2003 y 2007. Justo al año siguiente de dejar el cargo, Matas se vio envuelto en varios procedimientos judiciales por corrupción durante su gobierno. En marzo de 2010 el juez José Castro le impuso una fianza de tres millones de euros para no ingresar en prisión preventiva, cantidad que sufragó.

Llegó a ser juzgado por una docena de delitos de corrupción, como prevaricación, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias, en el marco del caso Palma Arena y otros. Por el primer caso le condenaron a seis años de prisión que el Supremo redujo a nueve meses, al absolverle de fraude y prevaricación. En pleno verano de 2014, Matas ingresó en la prisión de Segovia y el 31 de octubre salió al concedérsele el tercer grado. Por la condena del caso Nóos (sobre convenios públicos adjudicados a una empresa del entonces yerno del rey Juan Carlos I Iñaki Urdangarín) volvió a la cárcel para cumplir cuatro años, y en agosto de 2020 salió con el tercer grado.  

Pablo Crespo, la marca del PP en 'Gürtel'

Pablo Crespo llegó a ser secretario de Organización del PP de Galicia y diputado en el Parlamento Gallego y a la vez dirigía empresas de la trama Gürtel, con Francisco Correa a la cabeza. En febrero de 2009 fue detenido, condenado finalmente a penas que suman 90 años por el caso de corrupción por el que fue condenado el PP como partícipe a título lucrativo. Crespo ha cumplido nueve años de prisión efectiva y en 2024 se le concedió el tercer grado por buena conducta.

Relacionado con este tema

Los 30 escándalos del PP pendientes de juicio que el PSOE echa en cara a Feijóo en pleno 'caso Cerdán'

Ana María Pascual

Luis Roldán, comisiones en la Guardia Civil

Director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, este zaragozano fallecido en 2022 protagonizó uno de los episodios más recordados de la corrupción política española: la trama de comisiones en el marco de las adjudicaciones para la construcción y reforma de cuarteles de la Guardia Civil. El entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, defendió a ultranza a Roldán, asegurando que las noticias que desvelaba Diario 16 eran falsas y que Roldán era íntegro. Se equivocó.

Mientras el país no daba crédito a las informaciones que apuntaba a cuentas en Suiza e inmuebles de lujo en París, Roldán se fugó de España con más de 400 millones de pesetas de fondos reservados del Instituto Armado. Era abril de 1994 y la tormenta política que desató la marcha de Roldán hizo tambalear al último Gobierno de Felipe González. 

Finalmente Roldán fue localizado y detenido en el Aeropuerto de Bangkok, en febrero de 1995. Conducido a la prisión de Brieva, en Ávila, el exdirector de la Benemérita fue juzgado en 1998, condenado a 28 años de prisión por malversación, blanqueo, cohecho y fraude fiscal, pero luego el Supremo aumentó a 31 años. Una década después de entrar en prisión, Roldán obtuvo permiso para salir a trabajar porque debía hacer frente a una fuerte multa y a una indemnización al Estado.