El Supremo deja en manos de Peramato la posible expulsión de García Ortiz como fiscal

El Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles la ejecución de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a la Inspección de la Fiscalía General del Estado a los "efectos oportunos", que ahora tendrá que estudiar su futuro como fiscal.

La Sala ha dictado el auto de ejecución de sentencia, que impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso, de 10.000 euros.

El Supremo ordena que se notifique esta resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, "a los efectos oportunos", sin dar más detalles.

La sentencia acotó la inhabilitación de García Ortiz "exclusivamente" al cargo que ostentaba en el momento de los hechos, es decir, fiscal general del Estado, "revelándose como excesiva su proyección a otros", esto es, a su condición de fiscal.

Pero dejó la puerta abierta a que la Fiscalía pueda intervenir sobre su expulsión o suspensión de la carrera fiscal. "No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano", explicaron los magistrados.

Lo que dijo el Supremo es relevante para abordar el futuro de García Ortiz en la carrera, porque como fiscal general, cargo al que renunció el pasado 24 de noviembre en virtud del fallo, no se le aplica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al estar en régimen de "servicios especiales", explican a EFE fuentes fiscales.

Ocurre que cuando un fiscal general deja de serlo, debe solicitar su reingreso en la carrera, una formalidad que las fuentes consultadas desconocen si ha realizado ya ante el Ministerio.

Y ahí sí que el escenario podría complicarse, porque una vez que pasa nuevamente a ser fiscal, se ve plenamente afectado por el Estatuto Orgánico, como un fiscal más, por lo que la Inspección de la Fiscalía General, que lidera Teresa Peramato, deberá estudiar de oficio cómo afecta la resolución a la condición de fiscal de García Ortiz, precisas otras fuentes fiscales consultadas por EFE.

Así, el artículo 32.d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que trata sobre "las causas de pérdida de la condición de fiscal" señala para decretar la expulsión la "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso".

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Pero acto seguido indica que "sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º" a su sustituta en el cargo "para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses".

Una vez que la Inspección intervenga, tendrá entonces que determinar si ese artículo es aplicable a García Ortiz para decretar bien su expulsión de la carrera fiscal o su suspensión como fiscal.