El Supremo tasa en 80.000 euros las costas al ex fiscal general por el caso de la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo ha tasado en 79.942 euros las costas en el caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz calculadas en base a los gastos de abogado y procurador por parte de la representación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el escrito de la letrada de la administración de Justicia que ha adelantado El País, su procuradora giró unos gastos de 1.560 euros mientras que el letrado Gabriel Rodríguez acreditó 78.382 euros como gastos, una resolución que previsiblemente recurrirá la abogacía del Estado.

El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso explica en su escrito que pretende que "la carga que soporte el condenado respecto de los honorarios del letrado minutante sea proporcional al esfuerzo realizado por el mismo durante el procedimiento". "Un esfuerzo que resulta innegable en el procedimiento que nos ocupa, el cual presentaba una evidente complejidad", añade.

Además de la condena a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el Supremo le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales que debía satisfacer a González Amador y las costas procesales.

El ex fiscal general ya pagó la multa y la indemnización con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien "asume íntegramente dicho pago como propio".

Por otra parte, el Ministerio de Justicia tramita ya una petición de indulto para García Ortiz después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, por lo que ya ha dado el primer paso que consiste en pedir el preceptivo informe al Supremo.

González Amador ha solicitado, por su parte, la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos, y este ya se ha incorporado como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo.

La representación legal de González Amador pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.