Tres empresarios imputados en el 'Caso Cerdán' niegan el pago de 'mordidas'

La instrucción del ya conocido como caso Cerdán en el Tribunal Supremo ha continuado este viernes con la declaración como investigados del empresario valenciano José Ruz, vinculado a la mercantil Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), dos de las mercantiles señaladas por la UCO como beneficiadas por el amaño de adjudicaciones a cambio de comisiones al exministro Ábalos; al que fuera su asesor, Koldo García; y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los tres han negado haber pagado sobornos a cambio de obra pública; es decir, rechazan haber delinquido mediante el pago de mordidas a la supuesta trama liderada por Santos Cerdán, en prisión provisional en Soto del Real.

El magistrado ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio a los tres por su presunta implicación en el pago de presuntas mordidas a la trama para conseguir adjudicaciones públicas. El magistrado retira el pasaporte de Ruz, al que ha prohibido la salida del país, tal y como ha pedido la Fiscalía, petición a la que se ha adherido la acusación popular. Leopoldo Puente ha indicado que trata de dimensionar las posibles responsabilidades penales de las empresas beneficiadas, es decir, de los presuntos corruptores. 

El próximo lunes será el turno de Antxon Alonso, administrador de Servinabar, y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcción en La Rioja y Navarra. Tras las declaraciones, el   juez Leopoldo Puente debe decidir si imputa a las mercantiles  Levantina Ingeniería y Construcción (LIC,)  Obras Públicas y Regadíos (OPR), Servinabar y Acciona Construcción como investigadas en la causa.

En cuanto a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la UCO analizó tres adjudicaciones presuntamente amañadas: una en Asturias, otras en Teruel y otra en La Rioja. 

El 17 de diciembre de 2020 ADIF propuso directamente a LIC mediante un expediente de obra de emergencia como adjudicataria, por importe de 592.053 euros, para las obras de estabilización de los taludes de las trincheras de un tramo concreto de la vía férrea entre Gijón y Pravia. 

Una adjudicación que se produjo un mes después de una conversación aportada a la causa entre Koldo García e Isabel Pardo de Vera, por entonces presidenta de ADIF, en la que el primero le insta a conceder un concurso a LIC.

Por otra parte, la Dirección General de Carreteras adjudicó a la UTE formada por las mercantiles MARCO y LIC la ejecución de operaciones de conservación en las carreteras del Sector TE-02, en la provincia de Teruel, por importe de 5.770.068,18 euros.

Respecto a esta adjudicación sospechosa, la UCO localizó una conversación del 29 de enero de 2021 entre Koldo y el entonces secretario general de Carreteras, Javier Herrero.

También el 31 de octubre de 2019 Herrero envió a Koldo un documento sobre la valoración de diversas empresas para una obra en la Autovía A-12 del Camino de Santiago en el tramo Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) – Villamayor del Río (Burgos), que finalmente le fue concedido el 11 de diciembre de 2019 a LIC en UTE con Torrescámara y Cia de Obras y Ortiz Construcciones y Proyectos por importe de 72.447.574,63 euros.

La sombra de Aldama

El juez  señala a José Ruz como "el elemento común a los principales investigados", "habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas al propio Koldo". Incluye el magistrado entre los relacionados con Ruz a Víctor de Aldama. De hecho, Ruz declaró en febrero pasado sobre los negocios con el "conseguidor" Aldama, negando ilegalidades pero admitió que recurrió a Víctor de Aldama para cobrar una deuda. 

La UCO sospecha que Ruz pagó un sueldo mensual a Koldo García, que en realidad suponía una especie de "pensión" a Ábalos cuando dejó el Ministerio de Transportes. Este viernes Ruz ha admitido que le pagó un sueldo a García pero como parte de sus labores de seguridad para las que fue contratado; también reconoce que le pidió a Koldo una reunión con Cerdán para lograr contratos. 

Los cuñados del directivo de Acciona 

En cuanto a los hermanos Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcción, la UCO ha analizado tres adjudicaciones a la mercantil OPR por un montante total de 7,3 millones de euros. 

Estos empresarios han reconocido que tuvieron contratada a la esposa de Koldo García, pero por su competencia y no como un pago encubierto a cambio de obra pública.