El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

El magistrado de la Sala Segunda Ángel Luis Hurtado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos por indiciariamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él.

Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible por las partes, en el que acuerda enviar a juicio al fiscal general, en un procedimiento en el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide que sea condenado con una pena de seis años de prisión. 

En cambio, ha rechazado suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía APIF, si bien remite su auto a la Inspección Fiscal para que resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

El magistrado fija una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.

El instructor señala la Sala de lo Penal como órgano competente para juzgar los hechos y concede un plazo de diez días al abogado del fiscal general del Estado para que presente su escrito de defensa.

El juez Hurtado explica en su auto que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía". 

Además, la filtración del correo, según Hurtado, "pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".