MADRID.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha incrementado la pena impuesta al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), denominado caso Malaya, Juan Antonio Roca, de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales.

El Supremo ha confirmado la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga, aunque agrava alguna de ellas a instancias de la Fiscalía. La resolución incluye también la rebaja de las penas impuestas en primera instancia a la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe y la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos.

La condena de Yagüe pasa de 6 años a 5 años y seis meses de cárcel mientras que la de García Marcos se rebaja de 4 años a 3 años y seis meses.

Asimismo, la sentencia deja sin efecto el pronunciamiento del tribunal de instancia conforme al cual los bienes decomisados y el importe de las multas se destinarían a abonar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella y adjudican esta cantidad al Estado.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, tiene 3.138 folios y cuenta con el voto particular de Andrés Martínez Arrieta. Tras casi dos años de juicio, la Audiencia malagueña condenó en octubre de 2013 a medio centenar de personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación.

También fue condenada la exalcaldesa Marisol Yagüe a seis años de cárcel y multa de 2,3 millones por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude; así como empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.

La Sala de lo Penal del TS fijó varias sesiones en julio del pasado año para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga contra la mayor trama de corrupción, que llevó, incluso, por primera vez a la disolución de un ayuntamiento.

En esas vistas, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los procesados que fueron condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas; mientras que la abogada de Roca pidió "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial del caso porque la instrucción la realizó un "enemigo del investigado" y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".