El PP tiene la palabra. La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, encallada en el Congreso desde hace más de un año, iniciará la última fase de su tramitación a partir de febrero con o sin el consenso de los conservadores, según han confirmado a Público fuentes del Grupo Socialista directamente involucradas en la negociación del texto. No es sólo un ultimátum, sino la aplicación de la hoja de ruta que el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, trasladó a la responsable del PP en la Cámara baja el pasado diciembre.

El parón que sufre la tramitación del texto nace de la resistencia de los presidentes de Murcia y Valencia, ambos del PP, contra las referencias a la política hidráulica que recoge la reforma, defendida por la secretaria general de los conservadores y líder del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. También los socialistas murcianos y valencianos se oponen a la política del agua recogida en el nuevo Estatuto, aprobado en 2007 en las Cortes regionales con los votos del PSOE y del PP.

Los socialistas quieren relanzar la tramitación del Estatuto en febrero

Los socialistas desean mantener este consenso durante la discusión parlamentaria de la propuesta, pero comienzan a no considerarlo una condición sine qua non. Así, el PSOE ha retirado a los conservadores el derecho de veto sine die que se habían arrogado hasta ahora durante la tramitación.

Este giro estratégico es un salto cualitativo que se produce casi dos años después de que el Estatuto cruzara por primera vez el umbral del Congreso. Ningún Estatuto ha esperado tanto en las Cortes, subrayan desde el PSOE , que gobierna en Castilla-La Mancha, para justificar esta nueva actitud.

Hace unas semanas, el portavoz socialista facilitó a Soraya Sáenz de Santamaría una propuesta para desatascar el Estatuto, cuya piedra de toque es la política del agua y hace de la derogación del trasvase Tajo-Segura el gran escollo a salvar. Para sortear el obstáculo, los socialistas propusieron una fórmula calcada literalmente de la solución que el PP apoyó en la reforma del Estatuto de Aragón: una reserva de agua que garantice las necesidades de Castilla-La Mancha fijada en 6.000 hectómetros cúbicos.

Discrepancias internas

La propuesta fue entregada por escrito por el PSOE al PP. La respuesta todavía no ha llegado. El PSOE achaca a las "contradicciones internas del PP" el mutismo de los conservadores, según sintetiza uno de sus negociadores.

También los socialistas cuentan con su propia resistencia interna a la fórmula, liderada por sus responsables en Murcia y la Comunidad Valenciana, donde su secretario general, Jorge Alarte, calificó recientemente de "dislate" la reserva hidráulica de 6.000 hectómetros cúbicos que pretende sustituir a la derogación del trasvase. A pesar de este rechazo, la oferta planteada por Alonso y defendida por Castilla-La Mancha, cuenta con el triple aval del Gobierno, el Grupo Parlamentario y el propio Partido Socialista, según admiten desde su dirección.

El pasado miércoles, el responsable socialista en el Congreso reveló que su formación trabaja "en varios niveles" con el PP para desatascar el Estatuto. Esa labor se está llevando a cabo "de manera muy discreta, con muy pocos actores y en varios foros", según describe uno de sus participantes.

Reducir la reserva

"Cuando se puso la cifra sobre la mesa [6.000 hectómetros cúbicos], se estaba expresando la voluntad de llegar a un acuerdo", admite un diputado socialista valenciano. Su análisis es revelador. Traducido al lenguaje de la negociación, la cifra podría rebajarse para apaciguar el rechazo de Valencia y Murcia y frenar un eventual plante de los representantes de estos territorios en la Cámara, que han avisado de que no votarán contra el trasvase aunque eso implique romper su disciplina de grupo.

El PSOE está dispuesto a escuchar al PP "que propongan otra redacción, cifras incluidas, si quieren", señala un parlamentario socialista pero seguirá adelante si los conservadores se enrocan en el inmovilismo táctico en que ha degenerado la guerra desatada por el PP de Murcia y Valencia contra Cospedal.

El agua que lava a Camps

La última cumbre entre los dos barones regionales que lideran el frente de resistencia, Ramón Luis Valcárcel, que amenaza con no repetir como candidato, y Francisco Camps, que ha encontrado en el agua oxígeno político para lavar el caso Gürtel, no se redujo a una foto. El presidente murciano volvió a amenazar con llevar el Estatuto manchego al Tribunal Constitucional y advirtió que sus diputados en el Congreso no se quedarían de brazos cruzados.

En el PSOE la división también es patente, aunque la última carta en esta partida está en manos de la dirección del partido que, con frío pragmatismo, ha inclinado su brazo en favor del espíritu con el que fue aprobada la reforma del Estatuto en Castilla-La Mancha, donde un varapalo electoral con Cospedal como candidata del PP es un escenario que se quiere evitar a toda costa.

Murcia y Valencia son opciones de futuro, según el análisis de la dirección socialista, frente a un territorio que gobiernan y aspiran a no ceder bajo ningún concepto.