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Unidas Podemos discrepa de la ley de secretos oficiales y la negociará con el PSOE antes de su aprobación definitiva

En el espacio confederal consideran que los 50 años de clasificación para las informaciones de alta sensibilidad son demasiados y han obtenido el compromiso de los de Sánchez para negociar la norma antes de aprobarla en segunda vuelta.

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una imagen de archivo. Europa Press

Unidas Podemos rechaza el borrador de la ley de secretos oficiales que aprobará este lunes el Consejo de Ministros y así se lo ha trasladado al PSOE, del que ha obtenido el compromiso de negociar su contenido de cara a su aprobación definitiva.

Según ha podido saber Público, el espacio confederal discrepa con el hecho de que, como recoge la norma, los secretos de Estado considerados sensibles deban permanecer ocultos a la opinión pública durante 50 años, un periodo que, incluso, se podría prolongar durante una década más si así lo aprecia el Ejecutivo.

En concreto, el anteproyecto de ley incorpora cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información, fija un mínimo de 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado y otorga la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.

Estas categorías son alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro años (en el caso de la información restringida) a los 50 años (para los denominados altos secretos).

En Unidas Podemos consideran que esta ley no tiene una legislación comparada en el marco de la Unión Europea, y defienden que "España es una democracia madura que no tiene que tener miedo a conocer los hechos de su historia".

La norma tampoco parece haber caído de pie entre los aliados parlamentarios del Ejecutivo, especialmente en el PNV, que busca la aprobación de esta ley desde hace varias legislaturas (es uno de sus reivindicaciones más importantes a nivel estatal). 

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