MADRID
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles, con el único voto en contra del PP, una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la conocida como Ley de Memoria Histórica, que cumplirá diez años en diciembre, para, entre otras cosas, estudiar la nulidad las condenas políticas de los tribunales franquistas y exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
La iniciativa, que ha defendido el presidente de la Comisión de Administraciones Públicas, el socialista Antonio Pradas, ha recibido el respaldo de Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Bildu, mientras que el PP ha votado en contra, alegando que la ley ya se cumple, y su socio navarro, UPN, se ha abstenido.
La 'popular' María del Carmen Hernández Bento ha dicho estar de acuerdo con algunas de peticiones del texto socialista, como que se rinda homenaje a las víctimas del franquismo pero, eso sí, fijando una fecha consensuada para ello. En este sentido, la proposición no de ley aboga por el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, pero desde IU Ricardo Sixto ha propuesto el 14 de abril, día en el que se proclamó la II República española.
En cualquier caso, la diputada del PP ha pedido que estos temas memorialistas no sean "objeto de división" y ha hecho hincapié que en, pese a que la oposición parece "empeñada en hacer ver que no se cumple", la ley está en vigor y se aplica, si bien ha admitido que se hizo "con más intensidad" en los primeros años, es decir, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante el debate, todos los grupos de la oposición ha recriminado al PSOE dejara cosas pendientes en esta materia mientras gobernaba y también han acusado al PP de haber estado cinco años en el Gobierno sin implementar la ley. Algunos le han afeado la falta de financiación, y Unidos Podemos, ERC y Bildu han adelantado su apoyo al texto, pese a considerarlo insuficiente.
Resignificar el Valle
En concreto, el texto aprobado emplaza al Gobierno al cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria y a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder "resignificar" este espacio.
La propuesta de los socialistas se ha debatido una semana después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.
El texto reclama que este templo deje de ser un lugar de "memoria franquista y nacional católica" y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Primo de Rivera se puede quedar
En esta línea, aboga también, siguiendo el criterio de los expertos, por exhumar el cadáver José Antonio Primo de Rivera fundador de Falange aunque en su caso bastaría con sacarlos del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo situado junto a El Escorial.
Otra de las propuestas es excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
El Congreso también demanda la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
Día europeo de las víctimas del franquismo
La Cámara solicita, asimismo, que se estudie la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana, que se establezca el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, y que se incluya la memoria histórica en los contenidos educativos.
Además de reivindicar que se reanuden las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, el texto insta a impulsar las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes, como la creación de bancos de ADN, y retirar símbolos y monumentos franquistas.
Peor suerte han corrido sendas iniciativas de Esquerra y En Comú, que solicitaban que se cumpla una proposición no de ley aprobada en 2008 que ya instaba al Gobierno a iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido Lluís Companys, presidente de la Generalitat catalana durante la II República.
Las dos proposiciones no de ley han sido rechazadas por PP, PSOE, Ciudadanos y UPN. Es decir, sólo han contado con el apoyo de sus impulsores que también aspiraban a que el Estado pida perdón a los familiares de Companys, a la Generalitat y a todo el pueblo de Cataluña por su asesinato y a que se lleven a cabo todas las medidas pertinentes para la anulación de todas las condenas derivadas de Consejos de Guerra y de los tribunales de represión política celebradas durante el franquismo.
Anular la sentencia de muerte de Companys
Desde el PSOE, Andrés Torres Mora, ha rechazado la iniciativa insistiendo en la imposibilidad jurídica de anular una sentencia de muerte que ya ha sido ejecutada. "¿Qué quiere decir que la muerte del presidente Companys fue nula?", ha preguntado a ERC y En Comú, a los que también ha reprochado que quieran que el Estado y la democracia española pidan perdón a Cataluña por unos crímenes cometidos por quienes quisieron derrocarla.
"Cuando uno exige que le pidan perdón debe estar dispuesto a perdonar. ¿Está usted dispuesto a perdonar a Franco? ¿Cómo va a estarlo si todavía le guarda rencor a Felipe V?", ha dicho, en alusión al primer rey Borbón que ganó la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII y recortó poderes del Principado de Catalunya.
De su lado, el 'popular' Leopoldo Barreda ha recriminado a ERC que recurra al "corta y pega" de esta iniciativa desde 2004 y les ha recomendado que "cambien la pila a ese reloj de la Historia tan particular con el que viven". "Llevan una década para asimilar la Ley de Memoria y algunos, que se presentan como nuevos, son adalides de los más viejos rencores y espeso revanchismos".
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