Representantes de trece organizaciones sociales, unidos por la plataforma No Somos Delito, reclamaron este martes frente al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, "acorde a los derechos humanos". Pidieron que no se "maquille" la reforma de ley de Seguridad Ciudadana, sino que se derogue o se modifique "de forma profunda", ya que la norma actual choca con derechos fundamentales como el de reunión o el de libertad de expresión.

Con una mascarilla con la imagen de una cremallera en la boca, los convocantes sostuvieron este martes sus protestas contra los puntos más sensibles de la norma, que se debatirán en la próxima ponencia aplazada el pasado mes de febrero sin fecha para su celebración, y a la que los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenden llegar con un acuerdo negociado, según fuentes parlamentarias.

Se trata, entre otros, de las infracciones por publicar imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad, el uso de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente o las sanciones a los organizadores de manifestaciones no comunicadas.

Además, aprovecharon para recriminar al Ejecutivo que sobre la mesa haya una reforma "cerrada" en la que la sociedad civil no juega ningún papel contra lo que consideran "abusos".

La protesta de estos colectivos sociales coincide con un momento en que los grupos parlamentarios están ultimando los detalles de la reforma de la ley mordaza. Según los propios organizadores este acto reivindicativo es "una de las últimas oportunidades para mejorar la actual propuesta y de que se garanticen de forma efectiva derechos democráticos tan básicos como la libertad de expresión, de información, de reunión pacífica o el derecho de asilo".

En el acto estuvieron presentes la portavoz de la plataforma No Somos Delito, Sol Román; el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña; el portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye; la secretaria general de la Plataforma por la Libertad de Información, Yolanda Quintana; el codirector de Irídia, Andrés García; la portavoz de Defender a Quien Defiende, Serlinda Vigara; la portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Laura Barrio; y Ángel Fernández y Youssef Ouled, en representación de la Federación de Sindicatos de Periodistas y de Rights International Spain, respectivamente.

Sol Román fue muy clara en sus planteamientos a la hora de pedir una reforma en profundidad de la actual ley mordaza. Román desgranó las principales propuestas de los grupos convocantes: "La presunción de veracidad del agente actuante debe ser eliminada de la ley porque colisiona con el ejercicio de derechos fundamentales, con la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Creeos que las infracciones muy graves que afectan a infraestructuras críticas, las de desobediencia y falta de respeto, que son las que más están en contradicción con el derecho a la protesta, así como la que sanciona al convocante de manifestación no autorizada deben salir de la ley, por cuanto permiten el margen de arbitrariedad que tanto han denunciado activistas y las instituciones europeas".

Román también exigió en nombre de No Somos Delito que van a estar "muy vigilantes en la recta final de un proceso de negociación parlamentaria en los que se dirimen los márgenes en los que ejerceremos derechos y libertades en los próximos años".