Las “otras víctimas” del conflicto vasco

Hay “confusiones” que pueden resultar mortales, sobre todo cuando son cometidas por las Fuerzas de Seguridad. Ese fue el caso de Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobo Mier, tres jóvenes de Cantabria que en mayo de 1981 se encontraban en Roquetas de Mar. La Guardia Civil creyó que eran de ETA. Por eso acabaron en un cuartel, y también por eso los acribillaron a balazos y quemaron sus cuerpos. En realidad, habían ido a la comunión del familiar de uno de ellos. Sus nombres están hoy un poco más lejos del olvido: la Fundación Euskal Memoria acaba de poner a disposición de la sociedad un inédito Centro de Documentación online, en el que figuran las trágicas historias de 500 víctimas de la guerra sucia.

Ni son todos los que están, ni están todos los que son. “Si repasas las listas y recopilaciones ofrecidas por instituciones o medios de comunicación, comprobarás que generalmente no recogen a este tipo de víctimas, ocasionadas por las Fuerzas de Seguridad o grupos parapoliciales”, explica a Público Joxerra Bustillo, periodista y portavoz de Euskal Memoria. “Por eso mismo –continúa-, vimos la necesidad imperiosa de llevar a cabo esta investigación”.

Las cifras hablan por sí solas: el 49,2% de las “personas muertas a consecuencia del conflicto y la represión” –según la definición de Euskal Memoria- no formaban parte de ningún grupo, ni político ni armado. En cuanto a sus responsables, los datos recabados por esta organización indican que “casi la mitad de las muertes (46,2%) son achacables a las Fuerzas de Seguridad españolas”. El 16,8% de los casos está relacionado con la guerra sucia, ya sea por obra del Batallón Vasco Español (BVE), los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) o la Alianza Apostólica Antiterrorista (AAA), a los que se suman “aquellos asesinatos aún sin aclarar o los perpetrados por grupos fascistas”.

Un rápido paseo por Euskalmemoria permite conocer los nombres y apellidos que se esconden detrás de esos números. Está, por ejemplo, la historia de Yolanda González, la joven estudiante bilbaína que fue secuestrada y asesinada por elementos parapoliciales el 1 de febrero de 1980 en Madrid. Aquel día, el ultraderechista Emilio Hellín Moro, le pegó dos tiros en la cabeza. Por si acaso, otro militante de Fuerza Nueva, Ignacio Abad González, la remató con otro disparo. En 2013, el diario El País reveló que Hellín –condenado a 43 años de prisión por este crimen- trabajaba como asesor de la Guardia Civil.

Otro de los casos incluidos en este centro de documentación es el atentado contra el Bar Aldana de Alonsotegi (Bizkaia), regentado por una conocida familia del PNV. El 20 de enero de 1980, los Grupos Armados Españoles –otra de las organizaciones ultraderechistas que tomaron parte en la guerra sucia- colocaron una bomba que mató a cuatro personas: Liborio Arana, Pacífico Fica, María Paz Armiño y Manuel Santacoloma Velasco. Ninguna de ellas tenía la más mínima relación con la política, pero a los asesinos les daba exactamente igual.

“Tal como ha ocurrido en otros tantos casos, aún no sabemos absolutamente nada sobre quiénes podrían haber sido los autores materiales de este crimen”, señala Bustillo. Tampoco hubo una investigación sobre el asesinato de José Carlos Camacho Serrano, acribillado a balazos en un control de la Guardia Civil en Fuencarral. Ocurrió el 25 de mayo de 1979, poco después de un atentado de ETA en Madrid. Camacho no pertenecía a esa organización armada, pero tampoco se lo preguntaron. Al igual que en otros tantos episodios similares, primero dispararon. “Consecuencias jurídicas y penales: que sepamos, nadie ha sido responsabilizado por esta muerte ni se ha abierto ningún juicio”, resume Euskal Memoria en su base de datos.

Contra el olvido

Según el portavoz de esta entidad, “aún existen muchos casos de personas fallecidas en las que ni siquiera ha habido una investigación judicial”. “Hay que tener en cuenta que aquí no sólo ha habido víctimas ocasionadas por las organizaciones armadas, sino que también ha habido muchas personas asesinadas por bandas fascistas y parapoliciales, así como otras que fueron asesinadas en manifestaciones o por disparos de la Policía. Todo eso no puede quedar en el olvido”, sostiene Bustillo. Por tales motivos, Euskal Memoria trabaja actualmente en torno a las historias de aquellos vascos que soportaron brutales sesiones de tortura. Algunos murieron; otros sobrevivieron para contarlo. Serían cerca de tres mil.