Se celebró finalmente este viernes el acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el jefe del Estado y con la presencia del ministro de Justicia a su izquierda, de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial a la derecha del rey y con el fiscal general del Estado, a la derecha de la también presidenta del Tribunal Supremo.

Según el Partido Popular y su satélite de togas, ni Félix Bolaños ni Álvaro García Ortiz deberían estar en el acto. Bolaños porque a la derecha no le gusta el Gobierno de Pedro Sánchez, una razón plenamente democrática, como todo el mundo sabe, y García Ortiz porque está procesado por un juez del Supremo que ha ejecutado una instrucción basada en indicios fabricados por la ardiente imaginación de la ultraderecha española que lideran Isabel Díaz Ayuso y, algo menos, Santiago Abascal.

Por supuesto, tras el discurso del fiscal general, hubo una teatralización mayoritaria de togas y puñetas caídas y fueron la mayoría de asistentes los que no aplaudieron la intervención de García Ortiz, como procede. El mensaje más destacado de éste fue, sin embargo, que confía “en la Justicia” que lo tiene procesado –que ya es mucho confiar…– y que aquí sigue la Fiscalía sin “sucumbir” “ante los ataques de los delincuentes”.

No sé ustedes, pero yo aquí tengo muy claro que, en este caso, quien más cerca está de ser un delincuente es un señor que ha cometido un fraude fiscal con lucrativos negocietes en mitad de una pandemia que dejó miles de muertos, lo ha confesado y ha pedido un pacto a la Fiscalía para evitar la cárcel. Hablamos, claro, de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid que habría quedado como un “ciudadano particular”, efectivamente, si la pareja con quien convive en un ático envidiable de dudosa financiación no hubiera implicado a toda la institución que gobierna –la que pagamos usted y yo– en la defensa de su novio con bulos y otras manipulaciones.

O sea, el fiscal general procesado tras una instrucción delirante de un magistrado del Supremo, impulsada por un defraudador confeso al que defienden con nuestros impuestos desde la Presidencia de Madrid, y el rasgado de vestiduras del poder judicial viene porque García Ortiz no dimite o porque el presidente del Gobierno critica a los jueces que hacen política por hacer política de forma descarada. Es verdad que la derecha también acusó de hacer política a los jueces De Prada o Garzón, claro, pero no es lo mismo: el PP puede hacer y decir lo que le dé la gana en este país, porque las instituciones son suyas, para criticar a los jueces y para lo que haga falta.

¿Así que dónde estaba este viernes Feijóo que no fue al acto de apertura del año judicial porque García Ortiz le estorba? Pues con Ayuso, claro, la pareja del defraudador confeso por el que el fiscal general está procesado, insistimos, tras una instrucción delirante. Porque Feijóo, el PP y esos jueces que replican sus argumentarios políticos contra el Gobierno tienen que hacer el trabajo de la ultraderecha en España que lideran Ayuso y, algo menos, Abascal. Total, para que Vox les esté robando los votos con su antipolítica contra las instituciones y los derechos humanos. Un plan infalible.