MADRID.- La pasada semana el comisario José Manuel Villarejo Pérez presentó ante el juzgado de Estepona (Málaga) que instruye el caso sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González una supuesta nota informativa que habría elaborado en julio de 2011 para su jefe en la Dirección General de la Policía, el ya fallecido director adjunto operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico. En esa nota se desgranaban las investigaciones sobre Ignacio González que el “agente encubierto” habría hecho sobre el dirigente del PP y que englobaría información sobre la compra de su ático, el cobro de comisiones, el Canal de Isabel II y Telemadrid, entre otros.

Según fuentes policiales "la fecha oficial es el 3 de marzo de 2016. Pero sin el sello es un documento de word que se ha podido hacer en 2011 o antes de ayer, no tiene firma ni pone quién es el policía que lo ha elaborado”

Sin embargo, fuentes policiales aseguran a Público que, "no existe ni en la Dirección Adjunta Operativa ni en ningún otro órgano policial esa denuncia de Villarejo elaborada en 2011. La primera vez que ha llegado un informe es este”. El comisario José Enrique Rodríguez Ulla, comisario general de Policía Judicial cuando estallaron las informaciones sobre el ático, también aseguró la semana pasada en el procedimiento seguido en Estepona que a él nunca le había llegado la información de Villarejo, sino la solicitada por vía judicial una vez abierto el procedimiento.

Es decir: por ahora ningún documento ni persona acreditaría que Villarejo informó a la Policía en 2011 de lo que pasaba. Fuentes cercanas al comisario dicen que podría tener comunicaciones personales, como emails, con el ya fallecido Fernández Chico aunque aún no se han entregado ni al juzgado ni a la Policía Judicial. Estas fuentes policiales añaden que “la fecha oficial es el 3 de marzo de 2016, sin el sello es un documento de word que se ha podido hacer en 2011 o antes de ayer, pero es que además no tiene ni firma ni tampoco pone quién es el policía que lo ha elaborado”.

Por este motivo, y una vez tramitada información tan relevante por los cauces reglamentarios, la Comisaría General de Policía Judicial ha llamado al comisario José Villarejo para que certifique que realmente el documento es suyo, pues no tiene firma ni hace mención a ningún policía. Sin embargo, el “agente encubierto” se ha negado a hacerlo. Sorprende que el documento no vaya firmado, pues Villarejo se caracteriza por firmar todos los documentos, incluidos los enviados a los medios de comunicación y a los tribunales, como comisario del Cuerpo Nacional de Policía.

Estas fuentes policiales aseguran también que “Villarejo registra esa información el 3 de marzo y el día 2 la Dirección General de la Policía le abrió un expediente disciplinario por insultar a los comisarios Jaime Barrado y Jesús Nieto”. Ambos policías investigaron a Villarejo y fueron destituidos de sus puestos.

Espías y detectives

La información incluida en el escrito de Villarejo es sin duda importante porque se relaciona con diferentes procedimientos que estaban abiertos ya en 2008, cuando Ignacio González compró su ático. Sin embargo, aseguran tanto fuentes policiales como de investigación privada, “se parece más al informe que haría una agencia de detectives que al informe de un policía”. Y matizan: “Por muy agente encubierto que sea y muchas tareas de inteligencia que haga, como mínimo su número de funcionario tendría que estar recogido en alguna parte del informe”.

El relato de la nota de Villarejo comienza precisamente por el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid, aportando la información que tenían los detectives procesados por el seguimiento a Ignacio González en Colombia. El comisario dice que los abogados de los detectives le han insinuado que “el contratador final de los servicios de espionaje a IG, había sido la constructora OHL”. El consejero delegado de esta empresa es Javier López Madrid, estrecho amigo de Francisco Granados, ambos imputados ahora en la trama Púnica.

Según las investigaciones de la Guardia Civil en la trama, Granados habría contratado los servicios de la agencia de detectives Método 3 a través de su amigo el empresario David Marjaliza, que pagó la factura. Tanto Francisco Granados como Javier López Madrid aparecen estrechamente vinculados con posibles trabajos privados del comisario Villarejo, en el sumario de la trama Púnica y también en el caso de la doctora Elisa Pinto.

Se da la circunstancia de que la fecha del informe que ahora ha presentado Villarejo, como si se tratase de una denuncia de 2011 es de 11 de julio de ese año. Un mes antes, casualmente, Francisco Granados había quedado fuera del gobierno de Esperanza Aguirre. Ignacio González le había ganado la batalla dentro del PP madrileño.

Según el propio director de la agencia de detectives Método 3, Ignacio González también le había contratado a través de un empresario imputado en Gürtel y pagado a través del Canal de Isabel II.

Los guardias civiles imputados por el caso del espionaje en la CAM denunciaron el pasado viernes en la Asamblea de Madrid que el entonces Director General de Seguridad y actual comisario general de Información, Enrique Barón, había ofrecido a los miembros del gobierno de Esperanza Aguirre “los servicios operativos” del comisario Villarejo, que entre su medio centenar de empresas también cuenta con algunas destinadas a la investigación privada.