La violencia vicaria vuelve a ser foco en el último informe del Defensor del Pueblo

El Informe anual 2024 del Defensor del Pueblo vuelve a poner sobre la mesa cómo cada año mujeres que intentan proteger a sus hijos de la violencia se encuentran con un muro institucional que no solo les niega ayuda, sino que en muchos casos las revictimiza. La institución que dirige Ángel Gabilondo dedica buena parte del apartado titulado Violencia contra las mujeres a insistir en que la violencia vicaria sigue cobrándose víctimas mientras el sistema legal y administrativo les da la espalda a las madres protectoras.

Una de las denuncias más graves del informe es la dificultad que enfrentan estas mujeres para que tanto sus hijos como ellas sean reconocidas como víctimas de violencia de género. La acreditación administrativa, que debería garantizar su acceso a protección y recursos, se convierte en un calvario burocrático que las deja en situación de desamparo. En respuesta, el Defensor del Pueblo señala que ha recomendado eliminar estas trabas y garantizar que estas madres puedan acceder a sus derechos sin obstáculos innecesarios.

El segundo aspecto alarmante es el hecho de que la institución reconozca que a raíz de estas carencias se terminan produciendo "arrancamientos de menores". Es decir, situaciones en las que la Policía, por orden judicial, entrega la guarda de los hijos al padre cuando la madre ha incumplido el régimen de visitas. Lo que no siempre se analiza es que, en muchos casos, estos incumplimientos responden a intentos de proteger a los menores de un entorno violento. Ante esta realidad, el Defensor del Pueblo insta a que se realicen evaluaciones de riesgo rigurosas antes de ejecutar estas medidas, especialmente cuando el padre ha sido denunciado por violencia machista o sexual hacia sus vástagos.

En otro orden de las cosas, el informe también subraya la necesidad de reforzar la protección de los datos personales de las víctimas desde el primer momento en que presentan una denuncia. La filtración de información puede exponerlas a represalias y facilitar que el agresor las localice, lo que aumenta el riesgo de nuevos episodios de violencia. En este sentido, se ha formulado una recomendación específica al Ministerio del Interior para extremar la confidencialidad en estos casos.

Otra de las críticas recurrentes apunta a la falta de formación de los profesionales que intervienen en los primeros momentos tras una denuncia. La deficiente capacitación en perspectiva de género y la aplicación inadecuada de protocolos de actuación pueden derivar en decisiones negligentes que agravan la situación de las víctimas en lugar de protegerlas. Por ello, el Defensor del Pueblo ha pedido mejorar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

En definitiva, el documento anual refleja que a pesar de los avances legislativos, la realidad es tozuda y la violencia vicaria sigue destrozando vidas, mientras las madres protectoras continúan luchando en solitario por la seguridad de sus hijos. El foco también se sitúa en las mujeres mayores, en la violencia económica y la situación de dependencia a la que esta da lugar, con todas las dificultades añadidas que entraña el hecho de denunciar o salir de contextos de maltrato bajo estos marcos.