Vox “destroza” el acuerdo pionero en diálogo social de Castilla y León cuando cumple 22 años

Este 9 de noviembre se cumplen 22 años de la conformación del Consejo del Diálogo Social en Castilla y León después de que los sindicatos (junto a la organización empresarial denominada entonces CECALE, ahora CEOE) lograran en 2001 un histórico acuerdo con Juan Vicente Herrera (por aquel entonces presidente de la Junta) tras 20 años de gobierno del Partido Popular.

A pesar de ser una auténtica 'fábrica de acuerdos', un faro al que se han encaminado después muchos de los acuerdos logrados por Gobiernos progresistas en España, el panorama actual es desolador en este campo desde la llegada de Vox al Gobierno de la comunidad.

“Hemos mutado de ser un modelo vanguardista, la joya de la corona, a estar en verdadero riesgo de desaparición”, lamenta a Público Vicente Andrés, secretario general de CCOO Castilla y León. Faustino Temprano, su homólogo en la UGT, añade: “Vox ha destrozado el diálogo social, lo ha desmantelado. Olvidan que diálogo social significa 'paz social' y hoy eso no existe; por tanto, empresas que querían invertir en la comunidad gracias a este ambiente, ya no apostarán por Castilla y León”.

Lo cierto es que desde la llegada de Vox al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) en Castilla y León, la Comisión del Diálogo Social presidida por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, el ultraderechista Mariano Veganzones, no ha vuelto a reunirse. El caso del Consejo del Diálogo Social, encabezado por Mañueco, no es mucho mejor, siendo el pasado 26 de julio la primera y única reunión que ha mantenido tras un año en blanco. “La ultraderecha no nos reconoce como interlocutores, además de estar constantemente sometidos a insultos (ladrones, etarras, comegambas...), pero es que encima incumple acuerdos ya firmados”, se lamenta Vicente Andrés al respecto.

“Solo hemos conseguido continuar negociando con las consejerías del PP, tales como Familia, Medio Ambiente, Educación o Presidencia, pero la de Empleo -en manos de Vox- ni siquiera cumple con lo pactado, con acuerdos que estaban en vigor”, reconoce Faustino Temprano.

El líder regional de UGT subraya algunos de los acuerdos que han desaparecido desde la llegada de la ultraderecha al Gobierno de Castilla y León: “Los programas de orientación a los desempleados, la Formación Profesional para ocupados y desempleados, los programas de prevención de Riesgos Laborales, la participación institucional en los Acuerdos del Diálogo Social, los programas de igualdad para el mantenimiento y creación de empleo o las partidas económicas para desempleados sin prestación por desempleo. Es desolador”, añade Temprano a Público.

Andrés, por su parte, no resta demérito a Mañueco en este asunto: “El presidente debe hacer valer su programa político. Él tiene la capacidad de hacerlo, pero ya sabemos que Castilla y León ha sido un ensayo de Gobierno entre la derecha y la ultraderecha y van con pies de plomo”, comenta resignado.

Hay que recordar que el Diálogo Social fue elevado al máximo rango normativo en Castilla y León, al estar incorporado al Estatuto de Autonomía desde 2008. La comunidad castellana y leonesa se convirtió así en pionera al reconocerlo e impulsarlo en su estructura institucional, sirviendo además de modelo a otras comunidades.

Movilizaciones contra Gallardo, “el látigo de las mujeres en Castilla y León”

Ahora, para luchar contra este 'ninguneo' por parte de Vox, los sindicatos UGT y CCOO han convocado una serie de movilizaciones desde este mes de noviembre y hasta el próximo mes de febrero, que comenzarán el 24 de noviembre, con motivo de la celebración el 25 del día de la eliminación de la violencia contra la mujer. En esta manifestación, se centrarán en las declaraciones del vicepresidente del Gobierno regional, Juan García-Gallardo y su negacionismo sobre la violencia de género, “es el látigo de las mujeres en Castilla y León”, asegura Vicente Andrés.

La siguiente protesta tendrá lugar el 12 de diciembre, en defensa de los desempleados por el 'desmantelamiento' del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y las políticas en materia de empleo.

Aprovechando el último Pleno de las Cortes de 2023, el 20 de diciembre se pedirá desde el edificio institucional la dimisión de Mariano Veganzones (consejero de Vox, responsable de Industria, Comercio y Empleo), así como la ruptura del Gobierno PP/Vox.

Ya en 2024, el 15 de enero los sindicatos harán de nuevo un llamamiento para exigir medidas de prevención frente a los riesgos laborales y el 19 de enero se realizarán concentraciones provinciales frente a Subdelegaciones de Gobierno y en Valladolid frente a la Consejería.

Y, finalmente, como 'plato fuerte' se ha convocado una manifestación que recorrerá Valladolid el 10 de febrero, coincidiendo con la celebración ese día en la ciudad castellano y leonesa de los Premios Goya. “Nos manifestaremos contra las políticas de odio de la extrema derecha. Allí confluiremos todos los colectivos afectados por las políticas excluyentes de la Junta de Castilla y León para exigir a Mañueco la ruptura del pacto de gobierno con Vox”, reconoce el máximo responsable regional de CCOO.

Un proceso antes reconocido en el ámbito internacional

El Diálogo Social en Castilla y León logró en su día acuerdos de importante calado en la comunidad, colocándola a la cabeza nacional en esta materia.

Castilla y León logró, por ejemplo, un acuerdo sobre dependencia que luego Zapatero convertiría en ley; el derecho a la renta garantizada (que ahora recibe el nombre de ‘ingreso mínimo vital’); un acuerdo sobre EREs y ERTEs mediante el que la Junta ayudaba con complementos salariales a los trabajadores y con ayudas en la cuota de la Seguridad Social a las empresas (que luego 'copiaría' el actual Gobierno con la crisis del covid) o la puesta en marcha del programa Madrugadores en los colegios para ayudar a la conciliación de las familias.

De hecho, los Acuerdos del Diálogo Social fueron incluso calificados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) como “el mejor modelo del mundo” en el ámbito de las comunidades autónomas, calificándolos como de primer nivel, el máximo posible, y señalándolos como “una de las principales herramientas de democracia participativa.