La ofensiva de la derecha y la ultraderecha contra la investidura de Pedro Sánchez no cesa. El mismo día en el que ha empezado el pleno que previsiblemente reelegirá al socialista como jefe del Gobierno, Vox ha registrado una moción en el Senado para pedir al Gobierno la ilegalización de ERC y Junts, socios clave del PSOE, por lo que consideran apoyo a CDR y Tsunami Democràtic. Se trata de las dos causas investigadas por terrorismo con las que la propia judicatura aspira a torpedear la amnistía.

El texto, al que ha tenido acceso Público, argumenta la petición alrededor de la amnistía, medida clave de los acuerdos de investidura suscritos tanto por los republicanos como por los postconvergentes con el PSOE. Vox califica esta proposición de ley de inconstitucional y alega que una propuesta similar de ERC en la anterior legislatura fue tumbada por este motivo.

Vox alega que la propuesta de amnistía registrada por ERC en la anterior legislatura fue tumbada por inconstitucional

El texto ahonda en que “la amnistía supondría la deslegitimación de nuestro sistema de derechos y libertades públicas y el fin de la democracia que conocemos”. En base a esto, insta a la ilegalización de los dos partidos catalanes “por sus constantes intentos de alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia”.

Este martes la Mesa del Congreso ya admitió a trámite una proposición no de ley también de Vox que contempla la ilegalización de los partidos políticos que “atenten contra la unidad de España”.

Recogen el precedente por el que se ilegalizó a Herri Batasuna

Tanto en esta proposición como en la moción registrada este miércoles en el Senado, el partido ultraderechista se ampara en la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, la que sirvió para ilegalizar a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna por sus vínculos con ETA y el terrorismo.

En este sentido, Vox traza una línea directa entre ERC y Junts y lo que considera "terrorismo" perpetrado por CDR y Tsunami Democràtic. Se trata del fleco que alargó las negociaciones sobre la ley de amnistía para blindarlo ante la ofensiva judicial y también en vista a la revisión europea.

Se trata de dos causas actualmente en los tribunales, muy cuestionadas por la tipificación de terrorismo, especialmente la de Tsunami. Ni la propia Fiscalía considera que se pueda imputar este delito y lo ha recurrido. Entre los investigados, el propio expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Se trata de los dos últimos intentos de criminalizar al independentismo.

Para trazar los vínculos entre ambas causas y los partidos, Vox aseñala la imputación de ambos líderes y también, en el caso de los CDR, que según un informe de la Guardia Civil recibieron fondos de la Generalitat, algo que no se ha probado en juicio.

“No se puede consentir que existan partidos políticos que sirvan de amparo e impulso a terroristas, que les den apoyo, siquiera tácito, o complementen su actividad política”, reza el texto entrado a registro en el Senado por Vox.