La Xunta de Galicia ha empezado a ejecutar un plan para reducir artificialmente las listas de espera quirúrgicas en la sanidad pública extrayendo de las mismas a los pacientes que rechacen ser operados en hospitales situados en áreas sanitarias distintas a las que les corresponden.

Así lo han asegurado a Público fuentes médicas del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que advierten de que los enfermos que acepten la oferta para ser intervenidos en otros centros deberán asumir los gastos de transporte suyos y de sus acompañantes, a riesgo de quedar excluidos de las listas y de ver incrementado así, si rechazan la propuesta, el tiempo de espera para ser intervenidos.

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La Xunta no ha querido confirmar ni desmentir la información, ni tampoco valorar el hecho de que el plan para suprimir a esos pacientes de las listas de espera por las que se miden los tiempos máximos legales de demora y las garantías frente a su incumplimiento se esté aplicando a pocos meses de las elecciones autonómicas. Éstas estaban previstas para julio del 2024 aunque es probable que se adelanten al próximo mes de marzo.

Según ha podido saber Público, el director y la subdirectora de Asistencia Sanitaria del Sergas están celebrando reuniones con los jefes de servicio de los departamentos quirúrgicos de todos los hospitales públicos de la comunidad para informarles del nuevo modelo de “lista de espera única”, del que las fuentes oficiales del Sergas aseguran que se ajusta a la legalidad autonómica y estatal.

Galicia cuenta en la actualidad con siete áreas sanitarias en torno a sus mayores ciudades -Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol-, con 14 hospitales de referencia adscritos a ellas y que cubren otras tantas zonas geográficas.

46.000 personas esperando una intervención

Según las últimas listas publicadas por el Sergas, en Galicia hay más de 46.000 personas esperando una intervención quirúrgica. La media de demora son 74,8 días, aunque en casi una treintena de servicios se superan ya los tres meses. A ellos se suman otros 215.000 enfermos que esperan una media de 66 días por una consulta de un especialista, y otros 91.000 que deben aguardar una media de 91,3 días por una prueba diagnóstica.

Las anteriores son las listas de lo que el Sergas califica como “pacientes en espera estructural”, definidos a su vez como aquéllos “que en un momento dado están en situación de ser atendidos y su espera es atribuible a la organización de los recursos disponibles”.

Frente a éstas están las listas de pacientes en espera no estructural, definidos como aquellos cuya intervención se aplaza por razones no atribuibles al sistema, como por motivos clínicos, por decisión justificada del propio enfermo o, también. porque éste ha rechazado ser derivado a centros privados.

Ahora, el Sergas entenderá que un enfermo no está en espera estructural, y que por lo tanto su demora no está sujeta a las garantías legales de ésta, cuando no acepte ser operado a otras zonas distintas a aquella en la que reside.

Gastos de transporte y estancia

Así, un paciente de Lugo al que se le ofrezca operarse en Vigo deberá elegir entre arriesgarse a ver demorada su intervención en su centro de referencia o asumir por su cuenta los 380 kilómetros de viaje de ida y vuelta al otro hospital -por el trayecto más corto por carretera son más de dos horas de coche y 21,40 euros de peaje de autopista, eso sin contar con los costes de estancia que deban asumir sus acompañantes-.

En el caso de un enfermo de Verín (Ourense) que acepte ser operado en Ferrol serían 520 kilómetros ida y vuelta, cinco horas y veinte minutos de coche y 32,70 euros de peajes. Si fuera un paciente de Pontevedra intervenido en A Coruña, serían tres horas, 370 kilómetros y 27,70 euros respectivamente.

El Sergas hace públicas las listas de espera estructurales, pero no las no estructurales. Según la oposición, los sindicatos médicos y las asociaciones de pacientes y usuarias, eso permite a la Administración sanitaria ocultar la situación real de la sanidad pública mediante datos falseados a propósito para simular una buena gestión.

Público ha preguntado a la Xunta por esto extremos, pero el Sergas se ha limitado a responder que cumple con la normativa autonómica, a su vez "alineada" con la legalidad estatal.