La Xunta de Galicia permitió desviar enfermos a hospitales privados en los que les cobraban por operarlos

A CORUÑA.— El Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia sabía desde el año 2011 que se estaban derivando irregularmente a clínicas privadas a pacientes de la sanidad pública tratados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Se trataba de afectados de cáncer a quienes se instaba a someterse a intervenciones quirúrgicas de pago.

Se trataba de afectados de cáncer a quienes se instaba a someterse a intervenciones quirúrgicas de pago

Según consta en el escrito del fiscal, de más de 500 páginas, en noviembre del año 2010 los tres galenos investigados constituyeron una sociedad mercantil, Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva SLP, en la que utilizaban una técnica supuestamente pionera que permitía operar tumores de pulmón con una sola incisión, y no con dos o tres, como se venía realizando en el CHUAC. Ejercían así la medicina privada a pesar de que ni siquiera habían solicitado al Sergas el permiso necesario para compatibilizarla con su actividad en la sanidad pública, como era su obligación legal.

Ejercían la medicina privada a pesar de que ni siquiera habían solicitado al Sergas el permiso necesario para compatibilizarla con su actividad en la sanidad pública

Al revisar el historial de otro enfermo, Borro comprobó que no se le había puesto en lista de espera para ser operado en el hospital público. Cuando se puso en contacto con el paciente, este le informó de que el mismo médico “le había comentado que había una larga lista de espera, y que si quería lo podía operar en la consulta privada esa misma semana”.

Al menos doce casos de derivación irregular a centros privados

Cuando finalmente Batas Blancas denunció ante la Fiscalía en abril de 2015 que tenía constancia de al menos doce casos de derivación irregular de pacientes a centros privados, y los medios de comunicación recogieron la noticia, el Colegio de Médicos de A Coruña procedió a abrir expediente a su presidente y a sancionarlo con dos meses de suspensión de colegiación, condena de la que acaba de ser absuelto.

Batas Blancas denunció ante la Fiscalía en abril de 2015 que tenía constancia de al menos doce casos de derivación irregular de pacientes a centros privados

La persecución incluyó también al propio Borro que le abrió una investigación que se resolvió sin acusación alguna. Tampoco se le renovó como profesor asociado de Cirugía en la Universidade da Coruña, porque el Sergas y la Consellería de Sanidade lo consideraron “una persona conflictiva”. Borro tuvo que presentarse de nuevo a la convocatoria para recuperar su plaza.

“Estos tres facultativos”, continúa el escrito, “utilizan la información clínica y las pruebas complementarias realizadas en el Servicio Público de Salud tanto para programar la cirugía como para valorar la evolución del paciente tras la intervención, dando la impresión de que la intervención privada es un paso más dentro del proceso asistencial del Sergas”.

Intervenciones quirúrgicas de hasta 30.000 euros

Fuentes de Batas Blancas aseguran que algunas de esas intervenciones podían tener un coste de hasta 30.000 euros, que en la mayoría de los casos sufragaban los seguros médicos de los pacientes. “Los tres cirujanos denunciados (...) llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas de los once pacientes (...) en los centros médicos privados a cargo de las compañías con las que los pacientes tenían concertado un seguro médico, utilizando las costosas pruebas de diagnóstico, preoperatorio y postoperatorio realizadas a cargo del Sergas, apropiándose de documentación de los expedientes públicos comprensivos de las historias clínicas, o de datos contenidos en las copias que imprimían para incorporar a los centros privados”, dice el fiscal.

Cuando los tres médicos se hicieron con el mando del servicio de Cirugía Torácica, la deriva de pacientes a su empresa se convirtió en práctica habitual

Según sus consideraciones, cuando los tres médicos se hicieron con el mando del servicio de Cirugía Torácica, la deriva de pacientes a su empresa y a los centros privados con los que mantenían conciertos se convirtió en práctica habitual: “El hecho de que de los once pacientes que figuran en el informe [de la Inspección del Sergas], tan solo tres llegaran a estar en lista de espera para la intervención quirúrgica sugiere una relativa generalización de la práctica denunciada”.

La acusación pública también incide en que esas derivaciones afectaban a pacientes con dolencias graves, a los que se obligaba a ser tratados en varios centros distintos “con el consiguiente riesgo en su tratamiento”. Y no sólo eso: se trata de “la aplicación de medios públicos en beneficio de las propias aseguradoras, e implican que estos profesionales ejercen una actividad privada en supuestos en los que han intervenido en la actividad pública (...) defraudando la confianza puesta en ellos por la Administración y sus usuarios y proporcionándose ellos directamente un beneficio económico e indirectamente a las aseguradoras, al no costear pruebas médicas que serían de su cargo”.