Podemos y Equo denuncian la privatización del agua y piden retirar el Plan del Ebro

ZARAGOZA .- Contra la mercantilización y la privatización de la gestión del agua y por la retirada del Plan Hidrológico del Ebro (PHE). Podemos y Equo, que han presentado este viernes en Zaragoza su Manifiesto por el Ebro y por la Nueva Cultura del Agua, han acordado impulsar “un espacio de trabajo político” en colaboración con la sociedad civil por “la transparencia en la gestión” del agua” y por el “respeto de los derechos ambientales de los ríos y de quienes habitamos en sus riberas”, basado en la unidad de cuenca y la sostenibilidad en los usos y “bajo el prisma de la fraternidad entre los pueblos y las gentes unidos por el Ebro”.

Diputados de esas dos formaciones de Aragón, Catalunya, Navarra, Euskadi y la Rioja han anunciado su “activo apoyo” a las movilizaciones en contra del PHE que impulsan varios movimientos sociales de la cuenca del Ebro para defender “los argumentos y alternativas elaborados y planteados por Cuenca Azul”.

Todos ellos coincidieron en “rechazar toda aquella política que pretenda dividir” a los habitantes de la cuenca, en oponerse a un eventual trasvase, en criticar los planteamientos ambientales del plan –“supone una condena progresiva para el delta”, señalaron la guipuzcoana Nagua Alba y la riojana Sara Carreño- y en pedir su retirada porque “forma parte de la viaja política del agua, que tiene el color de la privatización”, según anotó el aragonés Pablo Echenique.

El grupo parlamentario de Podemos, del que forman parte varios diputados de Equo por las confluencias en zonas como Euskadi o Huesca, ha registrado en el Congreso una propuesta de resolución en la que reclama la retirada del PHE, replantear los caudales ecológicos en toda la cuenca, aplicar en las obras proyectadas la recuperación de costes, abrir los organismos de gestión del agua a la participación ciudadana e impulsar una nueva política hidráulica que respete las directivas comunitarias de hábitats, de aves y del agua.

“Nos oponemos a que el agua sea tratada como una mercancía”, señaló el leridano Jaume Moya, mientras el zaragozano Pedro Arrojo apuntaba como ejemplo las ventas de agua que en los últimos años han efectuado comunidades de regantes de los canales manchegos de Taiblilla y Estremera a otras de la cuenca del Segura: “la compran a un precio de entre 15 y 19 céntimos el metro cúbico, y los agricultores la venden porque con cultivos como el maíz el rendimiento no supera los diez”. “Este tipo de trasvases entre cuencas solo requieren una autorización ministerial, sin más”, añadió.

Para Echenique, la actual política hidráulica “antepone los intereses de las eléctricas, las constructoras y los acuatenientes” a las del territorio, tesis que Arrojo reforzó refiriéndose al recrecimiento del pantano de Yesa, una obra cuyo presupuesto ha pasado de 113 a 340 millones en una década y entre cuyos objetivos se encuentra mejorar el suministro del Canal de Bardenas sin aumentar la capacidad de la infraestructura para transportar agua.

“No cabe un metro cúbico más”, señaló el diputado zaragozano, “y eso hace que 44.000 hectáreas de regadío corran riesgo de ser abandonadas en unos años”. Podemos propone garantizar el abastecimiento con varios embalses dentro de la red de canales, entre ellos los de Marracos y Orés, de 100 y de 80 hectómetros cúbicos.

Los parlamentarios rechazaron también los planes de transformación de secanos en regadío -que afectan a más de 400.000 hectáreas en el PHE- aunque no la ejecución de riegos de apoyo al tiempo que abogaron por la modernización de los actuales sistemas de irrigación.

Algunos de los proyectos de transformación ejecutados en los últimos años han tenido una paradójica evolución. Uno de ellos es el leridano Canal Algerri-Balaguer, buena parte de cuyas 8.000 hectáreas de cultivo están siendo explotadas por grandes firmas agropecuarias, e incluso por la empresa que lo construyó, tras hacerse con unas tierras cuya explotación ven inasumible por su alto coste –unos 6.000 euros por hectárea más el coste del agua- los habitantes de la zona.

Algo similar ha comenzado a suceder en el Segarra-Garrigues, del que Moya señaló que hay “sospechas” de que acabe siendo utilizado para abastecer un trasvase a Barcelona.

En Lerín no llegará a ocurrir. Sus agricultores rechazaron en referéndum, por el mismo motivo, que algo más de un millar de hectáreas de riego tradicional se integraran en el Canal de Navarra, una empresa pública que gestiona Agbar, filial de la multinacional Suez.

“En ese canal el agricultor paga una tasa fija por la superficie que posee y otra, que baja conforme aumenta el gasto, según el agua consumida”, explica el diputado navarro Eduardo Santos, que destaca que ese sistema ha generado un proceso de concentración de la propiedad –ha descendido un 17% el número de titulares de sus 22.400 hectáreas- y que el cultivo principal haya pasado a ser uno de tipo extensivo como el maíz, inexistente cuando entró en servicio el canal. “Eso ha provocado también un proceso de precarización del empleo: acabas perdiendo la tierra y trabajando para una gran empresa”, anota.