Podemos y Guanyem se querellan ante la Audiencia Nacional contra los Pujol, sus cómplices y los políticos que lo permitieron

Los movimientos Podemos y Guanyem han anunciado este martes la presentación de una querella contra toda la familia de Jordi Pujol, el cofundador de CiU Carles Sumarroca así como contra Jordi Puig, hermano delConseller Felip Puig, entre otras personas, además de las empresas adjudicatarias de contratos irregulares, los responsables públicos que los concedieron y los políticos y funcionarios que miraron para otro lado durante tres décadas.

Acusan a los Pujol de haber conformado un entramado familiar que ha funcionado como un todo, para beneficiar económicamente a la familia y a su círculo de amigos. Una trama que afecta a CiU, PP y PSOE y demuestra la corruptocracia incrustada en las instituciones, denuncian.

A esta acusación se unen movimientos políticos y sociales como ICV-EUiA y Procés Constituent, y Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ya había anunciado que se querellaría contra el expresident por su "gobernanza mafiosa".

También se suma el Partido X, que ha iniciado un trabajo sobre la trazabilidad de los flujos de fraude financiero de las empresas de la familia Pujol gracias a un grupo de especialistas liderado por Hervé Falciani, que ha destapado tramas de corrupción en Suiza.Tienen razones para creer que las cuentas de los Pujol en Andorra son la puerta de salida de un entramado de sociedades Offshore (deslocalizadas en paraísos fiscales) a través del cual se evadieron capitales para expolio masivo y continuado durante tres décadas "y que implica a otros grupos y familias de las élites catalanas, del estado español e internacionales".

Una 'corruptocracia' extendida como un virus

Los movimientos ciudadanos ejercerán la acusación popular contra la familia Pujol y su entorno y consideran que constituyen un ejemplo del modus operandi de la "corruptocracia" que se ha incrustado en el sistema surgido de la Transición y que se ha extendido "como un virus", según ha dicho el abogado Jaume Asens que compone el equipo juridico de esta iniciativa penal.

La familia Pujol ha desarrollado una estrategia "propia de mafiosos", destaca Asens. Así, difundió una carta en julio pasado donde revelaba que había tenido una fortuna durante 34 años en paraísos fiscales. 

Consideran que este relato ha sido construido como un acto expiatorio, cuando, en realidad, es el resultado de la construcción de una coartada precipitada. Y sostienen que este caso no es aislado, sino que es la trama afecta a CiU y sus aliados políticos, económicos y sociales.

La querella sostiene que la familia Pujol constituye un complejo entramado que consentía pagos por adjudicaciones de obras públicas y por favores políticos. Esta red presuntamente permitía a los hijos utilizar facturas de sus empresas para simular trabajos o encargos no realizados y para ocultar pagos ilícitos.

La querella señala al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, de haber formado un tándem con los Pujol para propiciar una trama de parques eólicos entre los años 2000 y 2003.

Los Pujol hijos se encargaban de la concesión de las licencias y de los informes de impacto ambiental y hasta se desbloquearon informes negativos de Medio Ambiente. En aquella época Oriol Pujol era Secretario General del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, responsable de la concesión de las licencias, y Artur Mas era Conseller en Cap y mano derecha de Jordi Pujol.

La querella los acusa de tráfico de influencias, blanqueo, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento público... La querella acusa a la trama de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público, y omisión de perseguir delitos.

La querella se presenta como acusación popular y solicitan que sea la Audiencia Nacional el órgano competente para instruir toda la causa. El motivo: el caso abarca defraudaciones que han causado una grave repercusión en la economía pública y a una generalidad de personas, según argumentan en el escrito.

Por ello, piden que el juzgado de instrucción 31 de Barcelona que lleva la querella de Manos Limpias se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.

Es de recordar que ya hay una causa abierta en la Audiencia Nacional que atraería esta querella, de admitirse a trámite. Es la que instruye el juez Pablo Ruz, del Juzgado Central 5 de Instrucción, contra el hijo del expresident Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa.

Los querellados dicen responder a una demanda de la sociedad catalana y española de destapar la trama del 'caso Pujol' para acabar con una sensación de impunidad generalizada surgida en 1986, con el caso Banca Catalana, cuando Pujol quedó exonerado de los delitos de apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de los bienes.

La singularidad de esta querella reside en que consideran que toda esta trama no podría haber existido sin la probable connivencia de Jordi Pujol y la confabulación de innumerables políticos y funcionarios a lo largo de tres décadas. Por ello, extiende la querella a quienes tuvieron conocimiento de los delitos que se cometían y no hicieron nada.

Los querellantes afirman que los ciudadanos son sujeto pasivo de un juego económico y político con una corrupción organizada y criminal

Otra singularidad es que sitúa la trama de la familia Pujol dentro de un fenómeno patológico de la España contemporánea donde los ciudadanos son un sujeto pasivo de un juego económico y político del que forma parte una corrupción organizada y criminal.

La acusación popular se presenta porque quieren esclarecer una trama destinada a la defraudación del dinero público, y más en un contexto como el actual en el que los derechos sociales han quedado subordinados a los intereses de los grandes poderes internacionales.

 La familia Pujol, según percibe la sociedad catalana, disfrutaba de un amplio margen de impunidad gracias al gran poder político atesorado, ya que Pujol presidió la Generalitat de Catalunya (1980-2003) y por el apoyo parlamentario que CiU brindó a los sucesivos gobiernos de España.

La querella solicita investigar las 50 empresas creadas por la familia Pujol y presenta los registros y documentación sobre una treintena de ellas. También requiere la investigación judicial del dinero defraudado a Hacienda por el expresident durante 34 años.

Informes, licencias, ventas irregulares...

En la querella se describen varias operaciones presuntamente irregulares. Por ejemplo, Carles Sumarroca y Pere Pujol Ferrusola obtuvieron numerosos contratos de la Generalitat de Catalunya y de empresas públicas. La adjudicación era para la redacción de informes medioambientales.

Entre los años 2002 y 2003 la mayoría de los informes medioambientales necesarios para lograr las licencias de parques eólicos otorgados por la Generalitat fueron elaborados por empresas dirigidas por Pere Pujol y Carles Sumarroca, fundador de CDC y amigo íntimo de Jordi Pujol.

Otra operación es la venta a Indra de una empresa de Jordi Pujol cuando su padre era president, en 2001. Tras la compra, Indra multiplicó sus contratos con la Generalitat de Catalunya. Además, pagó a Jordi Pujol jr. y sus cinco socios por esa empresa -Europraxis Consulting- un total de 44 millones de euros y ellos siguieron de ejecutivos cuatro años más con unos ingresos de nueve millones de euros.

También solicitan que se investigue un movimiento societario realizado por Jordi Pujol jr y su exesposa Mercé Gironés que provocó que en cinco días del pasado diciembre ingresaran en cuentas desconocidas más de 15 millones de euros.

O las circunstancias de la venta a una empresa de Oleguer Pujol de los terrenos donde estuvo ubicado el antiguo Cuartel de Valenzuela del Ministerio de Defensa, por un precio de 15.600.000 Euros. La sociedad de Oleguer está domiciliada en Melilla y entre sus accionistas figura una empresa luxemburguesa.

 Cómplices y silentes

La querella de estos movimientos políticos y sociales se extiende a catorce personas con nombres y apellidos. Pero también a los responsables de las empresas adjudicatarias, a los funcionarios y políticos que adjudicaron contratos públicos y a quienes conocieron estos delitos y no hicieron nada para perseguirlos.

Esta es la lista completa:

- Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat de Catalunya; su esposa Marta Ferrusola i Lladós; los siete hijos del matrimonio: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola.

- Carles Sumarroca Coixet, amigo íntimo de Jordi Pujol, cofundador con él de Convergència Democrática de Catalunya y beneficiario de numerosas concesiones públicas de la Generalitat en construcción, sanidad, cárceles..., así como sus hijos Carles y Jordi Sumarroca Claverol.

- Mercé Gironés Riera, ex-esposa de Jordi Pujol i Ferrusola.

- Jordi Puig i Godés, ex-socio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano del Conseller de la Generalitat de Catalunya Felip Puig. Fue socio de Pujol Ferrusola en  Iberoamericana de Business and Marketing SA, a través de la sociedad Ascot Inversiones, S.L.

- Los funcionarios públicos y responsables políticos de la Generalitat y de otras administraciones que hayan adjudicado de forma irregular contratos públicos en este caso y cuya responsabilidad delictiva se determine durante la investigación judicial.

- Las personas responsables de las empresas adjudicatarias de contratos de la Generalitat de Catalunya o de otras administraciones que mantuvieran relación mercantil directa o indirecta con las empresas implicadas en este caso.

- Y las autoridades o funcionarios que conocieron estos delitos y no hicieron nada frente a ellos.

Querella Guanyem y Podemos Contra Pujol by Público.es