Víctimas del franquismoZaragoza da la espalda a las víctimas del franquismo

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, formado por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, ha decidido desamparar y dar la espalda a las víctimas del franquismo en la ciudad: la Junta de Gobierno ha acordado desistir de continuar ejerciendo la acusación en la querella por más de un centenar de asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1936 y 1977 en la ciudad y en varias localidades de sus alrededores que el anterior consistorio, dirigido por ZeC (Zaragoza en Común), presentó a finales de enero junto con las familias de 33 de las más de cien víctimas cuyas historias llegaron a ser documentadas. Estas últimas sí han recurrido el archivo para intentar seguir adelante con el caso.

El sobreseimiento provisional de la querella fue comunicada a las acusaciones el pasado 18 de julio por el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. El pasado viernes, solo ocho días después y tras recibir un informe de la Asesoría Jurídica municipal, la Junta de Gobierno acordaba “no interponer recurso” contra esa decisión al concluir que, según el dictamen, “no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto” de archivo. 

La decisión, comunicada este lunes tanto al juzgado como a ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza), que ejerce la acusación tanto en nombre de las familias como del ayuntamiento, fue objeto de debate en el pleno que este martes celebra el consistorio, al que Podemos-Equo llevaba una moción para que la institución definiera su posición sobre este asunto. Aunque esta, o cuando menos su equipo de gobierno, ya tenía completamente decidida cuál es su ubicación, tanto en el plano jurídico como en el ideológico, en materia de memoria democrática.

"¿Cómo no van a ponerse de perfil los jueces?"

La iniciativa, enmendada por el PSOE para proponer la búsqueda de vías que permitan que las víctimas sean reparadas pero tumbada por el trío de Colón en la votación, provocó un duro debate en el que C’s eludió intervenir mientras sus socios del PP defendían el "consenso legal" con el que fue aprobada la Ley de Amnistía y Vox mantenía que "cada cual tiene libertad para tener su propia memoria".

"No prescriben los delitos ni el dolor", señaló el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, que calificó de "indignante" la posición del equipo de gobierno "en el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya": más de 100.000, entre ellos 16.000 aragoneses.

El exalcalde Pedro Santisteve (ZeC), que desgranó una retahíla de argumentos jurídicos opuestos a los de la jueza, calificó la posición de PP y C’s de "cobarde", "opaca", "poco transparente", "tramposa" y "desleal" y llamó la atención sobre uno de los efectos que la jurisprudencia del Supremo está teniendo en materia de memoria democrática: "¿Cómo no se va a poner de perfil un juez? ¿Cómo va a jugarse la carrera? Ya está el juez Garzón como escarmiento".

"El equipo de gobierno ha hecho dejación de funciones" al no recurrir el archivo, señaló el socialista Ignacio Magaña, que anotó que "la memoria es colectiva, puesto que el daño [sufrido] fue como país, como colectivo". "No podemos permitir que la memoria caiga exclusivamente en menos de los jueces -añadió-, porque es una cuestión política, colectiva, de país".

Genocidio y crímenes de lesa humanidad

La denuncia, basada en los testimonios recogidos en una oficina municipal durante varios meses, que también han sido aportados a la querella argentina que instruye la jueza María Servini, fue presentada tras una iniciativa de Chunta Aragonesista () que recibió el apoyo de ZeC y la oposición del PP mientras se abstenían PSOE y Ciudadanos, formación que tres años después tampoco han mostrado oposición al desistimiento. 

La querella imputa a 17 gobernadores y siete policías como autores o encubridores

La querella imputa crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad en concurso con 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas con desaparecidos) y once episodios de lesiones y torturas a 17 gobernadores civiles y militares y a siete policías, algunos de ellos fallecidos, a los que señala como autores o encubridores de las acciones que sufrieron 108 víctimas. 

Setenta de ellas ocupaban o habían ocupado cargos públicos, tanto políticos como administrativos, la mayoría de ellos en el mismo Ayuntamiento que ahora, tras el cambio de color político con la versión zaragozana del pacto a la andaluza, se desentiende del esclarecimiento de las represalias que padecieron. Además de en la capital, los hechos denunciados ocurrieron en Belchite, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfindén, Leciñena, Magallón y Quinto de Ebro. 

La jueza, que archivó la querella basándose en la jurisprudencia del Supremo que estableció que la Ley de Amnistía de 1977 impide perseguir esos delitos con independencia de que hubieran sido perpetrados, sostiene que el Estatuto de Roma "no contiene una obligación directa de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales" y rechaza que los crímenes de lesa humanidad puedan considerarse imprescriptibles en caso de haber sido cometidos antes de su tipificación como tales en la reforma del Código Penal de 2004. 

Más de 30 víctimas y familias recurren

Las 33 personas que ejercen la acusación particular, familiares de las víctimas en su mayoría pero también afectados directos en algunos casos, no comparten ese criterio jurídico y han decidido recurrir el sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

El recurso denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes al no haber efectuado el juzgado una mínima instrucción de la causa

El recurso, formalizado este martes, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes al no haber efectuado el juzgado ni siquiera una mínima instrucción de la causa y, entre otros aspectos, rechaza la aplicación de criterios como los referentes a la Ley de Amnistía (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estaba vigente en España antes de aprobarla) o, por la ausencia de referencias concretar a esos supuestos procedimientos, la consideración de ”cosa juzgada” para algunos de los episodios. 

“Los hechos que se relatan (…) forman parte de violaciones sistemáticas y punibles de los Derechos Humanos (…) cometidos por agentes del Estado que lesionan una norma de protección (…) y recogidos como crímenes en las normas de derecho internacional”, señala el recurso, que sostiene que “no se puede legitimar las posibles investigaciones que se hiciesen en el momento de la comisión de los hechos ya que las mismas fueron instruidas por el mismo Estado que se encontraba en ese momento lesionando las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos”. 

El recurso cita, por último, una sentencia emitida por la Sala Tercera del Supremo en julio del año pasado que, como ya ha hecho el Constitucional en otras ocasiones, recuerda que “las obligaciones internacionales” asumidas por España forman parte del ordenamiento legal interno si su aceptación cumple los estándares que marca el artículo 96 de la Constitución. 

(HABRÁ AMPLIACIÓN)