La Policía Nacional ha detenido en las provincias de Córdoba y Sevilla a 29 personas por explotar laboralmente a 52 migrantes, que estaban hacinados en condiciones infrahumanas y eran obligados a trabajar con las altas temperaturas de julio y agosto en largas jornadas, sin comida ni agua.

Las víctimas acudían a España bajo la promesa de un trabajo digno y de unas condiciones de vida prósperas, pero los miembros de la organización criminal detenidos, de origen suramericano, aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales, según ha informado la Policía.

En la operación policial, anunciada en el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, los agentes comprobaron que los migrantes eran trasladados hasta las fincas amontonados en vehículos, duplicando el número de viajeros autorizados y utilizando incluso el maletero para el transporte.

En el registro practicado en una nave industrial de Sevilla, los agentes localizaron a 30 personas hacinadas durmiendo en el suelo, con un solo aseo y sin apenas comida.

Entre los detenidos se encuentran los manijeros o capataces -encargados de imponer las condiciones de trabajo y controlar su cumplimiento- y los empresarios que "movían" a los trabajadores según sus intereses.

Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Sevilla y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba comenzaron las investigaciones en enero y febrero tras diversas inspecciones de trabajo realizadas en la localidad cordobesa de Palma del Río durante la recogida de la naranja.

Fue entonces cuando los agentes accedieron a diversos testimonios de los trabajadores, que describieron algunas de las condiciones a las que eran sometidos, como trabajar durante interminables jornadas sin comida ni agua y cobrando cantidades muy por debajo de lo estipulado.

La Policía confirmó que, en pleno verano, trabajaban en muchas ocasiones desde el mediodía hasta la puesta del sol, sin acceso ni siquiera a agua, por lo que algunos de ellos acababan sufriendo desvanecimientos, insolaciones o situaciones de deshidratación.

Tras una exhaustiva investigación, los agentes comprobaron que se trataba de una organización formada por ciudadanos de origen suramericano, quienes, una vez que captaban a los trabajadores, los movían entre algunas de sus empresas situadas en distintas localidades de las provincias de Córdoba y Sevilla.

Los miembros de la organización daban de alta de manera fraudulenta a los trabajadores en la Seguridad Social para lograr beneficios y poder darlos de alta en las empresas que ellos controlaban.

Sin embargo, percibían un salario diario sensiblemente inferior al percibido por las tareas agrícolas, y de ese modo, los empresarios se aseguraban tener a todos los trabajadores dados de alta de cara a futuras inspecciones de trabajo, defraudando a la Seguridad Social al generar futuras prestaciones sin tener los requisitos para poder trabajar.

Con toda esta información, los agentes efectuaron cuatro registros en Sevilla y en Dos Hermanas (Sevilla), dos de ellos en domicilios de los investigados donde intervinieron diversa documentación y otro en la gestoría encargada de efectuar las altas en el Sistema de la Seguridad Social de las dos principales empresas investigadas, donde intervinieron numerosa documentación en formato físico y digital.

El cuarto registro se llevó a cabo en una nave industrial de la capital sevillana, donde se encontraban hacinados varios de los trabajadores y se pudo comprobar las condiciones infrahumanas del lugar, con tres plantas en las que convivían más de 30 personas a pesar de contar con un solo aseo, durmiendo en el suelo y sin apenas comida.

A los detenidos se les imputa presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la migración clandestina.