Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales referidos a 2020, más de 1,4 millones de personas recibieron prestaciones de emergencia social para atender necesidades básicas como alimentación, alquiler o pago de suministros por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos en España. Mientras, el 7% de la población vive en condiciones de carencias materiales graves.

Tal y como indican las cifras publicadas por el INE, más de cuatro millones de ciudadanos se encuentra en riesgo de exclusión social. Es decir, no pueden disponer de recursos mínimos y elementales como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, hacer una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, disponer de teléfono o poder asumir el gasto de vivienda, sea un alquiler o una hipoteca.

En total, las entidades locales destinaron 335,7 millones de euros a personas que carecen de recursos básicos, 235 euros de media por persona. Preocupan las grandes diferencias por territorios en esta cobertura, que van desde los más de mil euros de media en Castilla-La Mancha o Galicia, a los 177 en Canarias o los apenas 91 euros en Andalucía.

El informe muestra, además, otras diferencias: en La Rioja el número de perceptores (10.808) es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355). En este sentido, en Catalunya las prestaciones dirigidas a personas en riesgo de exclusión alcanzan a cubrir el 91%, mientras en Galicia solo alcanzan al 2% de su población, similar al 3% de Navarra.

Los Gerentes en Servicios Sociales explican que aunque son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas.

El efecto cuello de botella aumenta la desigualdad

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado el efecto cuello de botella que tiene lugar en el proceso de prestación de ayudas e incentivos sociales y ha hecho alusión a la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis. Consideran que los gobiernos regionales podrían adoptar medidas más efectivas. 

"Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la intervención son dificultosas y humillantes", afirma Ramírez. "La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla", ha lamentado. Desde la organización reclaman mayor discrecionalidad a la hora de aplicar la normativa.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, lamentan que solo haya llegado a 428.000 hogares, la mitad de los 850.000 que el Gobierno consideraba como potenciales perceptores.