El acoso escolar, la expulsión del hogar y la discriminación laboral empobrecen a las familias LGTBI+: ingresan un 20% menos

Existe un estereotipo de que las personas LGTBI+ tienen mejores condiciones salariales, y por tanto económicas, con respecto a las personas heterosexuales. Lejos de ser una realidad, las dificultades económicas del colectivo quedan reflejadas en la primera radiografía de la situación socioeconómica de las familias LGTBI+ en España, elaborada por la FELGTBI+ con 40DB. La encuesta cuenta con el testimonio de 800 personas mayores de edad. 

Entre las causas del empobrecimiento están el acoso escolar que propicia peor rendimiento, la expulsión del hogar temprana por salir del armario, la discriminación al acceder a los puestos de trabajo pero también las dificultades en el ámbito laboral después de expresar la propia disidencia. "No poder visibilizarse dentro del trabajo merma el crecimiento dentro de las empresas y afecta al salario de las personas LGTBI+", explica Ignacio Paradero, secretario de Organización de la FELGTBI+.  

"Es obvio que el hecho de tener que abandonar tu casa afectará a tu renta", explica Ignacio Paradero de la FELGTBI+

"También el hecho de tener que abandonar tu casa y romper con tu familia, que pasa en muchos casos. Es obvio que afectará a tu renta", continúa Paradero. "Se trata de un conjunto de factores a lo largo de toda una vida. Hay que pensarlo de manera agregada. Todas las discriminaciones que sufre el colectivo condicionan el avance laboral y tienen un efecto enorme en la economía de las personas LGTBI+".  

En el ámbito educativo la población LGTBI+ tiene un mayor abandono en educación primaria. Un 19% tiene educación primaria como su nivel educativo máximo, frente al 11% de la población general. Sin embargo, de media, las personas LGTBI+ tienen mayor nivel educativo a partir de secundaria y al llegar a la universidad. Dato que no se traduce en el salario. 

Pasa lo mismo a la hora de evaluar la tasa de actividad, casi 20 puntos por encima de la media nacional. Pese a que un 78% del colectivo está en activo frente a un 59% de la población general, los ingresos medios anuales de los hogares LGTBI+ están en 26.076 euros. Esto es un 19% menos que los ingresos medios de una familia normativa, que es de 32.216 euros. 

Los ingresos medios anuales de familias LGTBI+ es de 26.076 euros, mientras que en familias normativas es 32.216

Otra de las particularidades que refleja la encuesta es la inestabilidad laboral y la necesidad de recurrir al autoempleo. El porcentaje de empresarios entre la población LGTBI+ duplica el de la población general. El 71% de la población LGTBI+ son personas asalariadas por cuenta ajena, 13 puntos menos que la media general. ¿Y en qué sector? El 83% en servicios, en detrimento de construcción, agricultura o industria. 

Riesgo de exclusión social

Las personas del colectivo tienen más dificultades para llegar a fin de mes y afrontar los pagos del alquiler o la hipoteca. Un 45% de las personas LGTBI+ han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los 12 últimos meses frente al 12% de la población general.

Además, un 45% frente al 36% de la población total, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Es decir, cualquier avería en casa o en el medio de transporte se queda sin cubrir.

Peor alimentación y sinhogarismo

El encarecimiento de los productos básicos y el menor poder adquisitivo de la población LGTBI+ hacen mella en la cesta de la compra. Así, el 14% de las familias no normativas no pueden comer carne o pescado al menos cada dos días. Un dato que baja al 6% cuando hablamos de familias heterosexuales. 

Muchas personas del colectivo son expulsadas de sus hogares al salir del armario. Esta expulsión las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Según el informe, más de 70.000 personas LGTBI+ en España han tenido que dormir en la calle en algún momento de su vida. 

Una solución: aplicar la ley

La ley de empleo (3/2023), que se publicó en el BOE el 1 de marzo, incluye a las personas LGTBI+ y en especial, a las personas trans, como colectivo de atención prioritaria. Además, la llamada ley trans, 4/2023 de 28 de febrero, suma legislación a favor de la empleabilidad de las personas LGTBI+ y dispone en varios artículos la no discriminación laboral de las personas trans. Entre ellos, la obligatoriedad de contar desde febrero del próximo año con planes de igualdad LGTBI+ en las empresas de más de 50 trabajadores. Con estas leyes sobre la mesa, deberían garantizarse medidas para la mejora laboral del colectivo LGTBI+. 

La presidenta de la Federación, Uge Sangil, ha incidido durante la presentación del informe "la necesidad prioritaria de implementar la Ley Estatal LGTBI+ en materia de empleo". "Desde la Federación, hemos solicitado una reunión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para pedirle que convoque con urgencia la mesa sectorial de diálogo social para avanzar con el desarrollo del reglamento", informa Sangil.