Las administraciones públicas -central, autonómica y local- siguen suspendiendo en igualdad, ya que la mayoría incumple la obligación de contar con planes de igualdad entre mujeres y hombres, como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 

En la administración central, se sigue negociando con lentitud y poca eficacia el III Plan de Igualdad, llegando incluso a dejar fuera el Ministerio de Justicia. Los dos planes de igualdad anteriores cuentan con muchas lagunas y resultan insuficientes a juicio de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Solo seis comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Illes Balears, Murcia y País Valencià) y la ciudad autónoma de Ceuta cuentan con planes de igualdad para su personal público.

Otros territorios tienen planes estratégicos en esta materia, que, en su mayoría, están dirigidos al fomento de la igualdad en la ciudadanía, pero no en lo que se refiere a las personas que trabajan en esas administraciones. En cuanto al sector de la Administración de Justicia, solo dos comunidades, Euskadi y la Comunitat Valenciana tienen planes de igualdad.

En lo que se refiere a la administración local, de los más de 8.000 ayuntamientos con obligación de contar con un plan de igualdad, poco más de una veintena de ellos lo ha puesto en marcha. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometió a elaborar un registro de planes de igualdad que aún no se ha llevado a cabo, por lo que resulta difícil realizar un inventario exhaustivo del número concreto de planes en marcha.

Escaso interés

Esta realidad demuestra es escaso interés de las administraciones públicas en cumplir con la legislación en este ámbito. Además, hay que tener en cuenta que algunas de las autonomías que cuentan con planes de igualdad no lo han desarrollado, por lo que desgraciadamente han quedado en papel mojado.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncian esta situación y exigen que se ponga fin a la misma, reclamando que todas las administraciones públicas se pongan manos a la obra para contar cuanto antes con un plan de igualdad para todo el personal que trabaja en ellas.

Asimismo, reclaman la incorporación de un registro común para las administraciones públicas. Por último, recuerdan la importancia de la ratificación, por parte del Gobierno, del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo.