Alcaldes, agricultores y pescadores plantean una moratoria minera que proteja el Guadalquivir

Alcaldes y ediles de diez ayuntamientos de los márgenes del Guadalquivir, representantes del campo, de la pesca, de los consumidores y de los comerciantes se plantaron este miércoles en San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía para hacer pública la entrega, que se hará telemáticamente, de una carta al presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). 

En ella, le expresan dos ideas fundamentales. Por un lado, que los vertidos mineros ya efectuados han contaminado "los sedimentos del Guadalquivir con efectos ecotóxicos para la fauna acuática". Por otro, que los vertidos previstos a futuro "podrían llegar a contaminar grave e irreversiblemente el Estuario del Guadalquivir". 

Así, lo que reclaman es, con la idea de proteger el río, la creación de un comité científico de expertos que evalúe en detalle los posibles impactos "socio-ambientales" de la explotación minera. Además, reclaman también que, mientras tanto, y debido a las "muchas lagunas de conocimiento sobre los efectos que los vertidos ha tenido y podrían tener" que se establezca, de inmediato, una moratoria a nuevos vertidos.

Los firmantes de la misiva, según consta en un comunicado de prensa, son los alcaldes de Chipiona, Sanlúcar, Rota, Trebujena, Lebrija, Los Palacios, Isla Mayor, Puebla del Río, Coria del Río y Camas. Y las organizaciones sociales que la apoyan son la federación de cofradías de pescadores de Cádiz, COAG Andalucía, la asociación Jarife de mariscadores de Chipiona, FACUA Andalucía, Marea Blanca de Sevilla, Salartes fondo para la custodia y recuperación de la marisma salinera y ACITUR, la asociación de comerciantes e industriales de Chipiona. 

Todos ellos, junto con los catedráticos Jesús Castillo, de Ecología, y Manuel Delgado, de Economía, manifestaron su preocupación por la situación. "Se trata de tener en cuenta que para que una economía pueda funcionar hay que mantener la base material que la sostiene. Si dañamos o destruimos esas condiciones materiales se destruirán también los medios de vida que ahora tienen muchos miles de habitantes de la zona", afirmó Delgado. 

Para este experto, los vertidos son antieconómicos porque ponen en riesgo los medios de vida y los empleos —agrícolas, ganaderos, de pescadores, relacionados con el turismo— de miles de familias en las riberas y la desembocadura del Guadalquivir. 

Uno de los proyectos mineros que operan en la zona, la mina Cobre Las Cruces, un yacimiento a cielo abierto, ha sido recientemente seleccionado como estratégico por la Unión Europea, que lo respaldará económicamente, lo que facilitará su desarrollo y financiación. Esta mina ha sido muy criticada por la plataforma Salvemos el Guadalquivir.