Amnistía Internacional documenta 20 casos de impunidad de las grandes empresas

MADRID. - "Las autoridades de países como Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido deben tomar medidas de inmediato para empezar a exigir responsabilidades penales a las empresas por graves abusos contra los derechos humanos" ha dicho hoy Amnistía Internacional, una de las organizadoras de la presentación de un nuevo conjunto de principios para hacer frente a la delincuencia empresarial.

Un grupo de juristas expertos, con el apoyo de Amnistía Internacional y de la ONG Mesa Redonda Internacional para la Rendición de Cuentas Empresarial (ICAR, por su sigla en inglés), han elaborado un conjunto de Principios sobre la Delincuencia Empresarial para promover la investigación y el enjuiciamiento de casos de derechos humanos.

“Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, debe estar por encima de la ley, y sin embargo, en los últimos 15 años ningún país ha llevado a una empresa a juicio cuando alguna ONG ha presentado pruebas de su implicación en delitos de derechos humanos cometidos en el extranjero" ha señalado Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional y la organización International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) han documentado 20 casos en los que las autoridades no han emprendido acciones judiciales contra multinacionales (la sede de Nestlé en Suiza, Auchan, Trafigura, Vinci...) a pesar de habérseles facilitado pruebas de conducta ilegal vinculada a graves abusos contra los derechos humanos en otros países.

Los Principios sobre la Delincuencia Empresarial tienen como objetivo abordar la implicación de las empresas en una amplia gama de delitos relacionados con abusos contra los derechos humanos, como el trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos, los crímenes de guerra, los delitos económicos y los daños al medio ambiente. Si bien están dirigidos a los gobiernos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todos los países, estos principios ponen especialmente de relieve los delitos transfronterizos en los que empresas con sede en un país están implicadas en actividades delictivas en otro.

Algunos sistemas de justicia nacional no tienen competencia sobre delitos perpetrados por sus empresas en otros países. Incluso cuando la tienen, el poder y la influencia económica de las empresas hace que las autoridades sean reacias a actuar. A menudo esto significa una total impunidad de las empresas cuando están implicadas en actividades delictivas en el extranjero.

“Es escandaloso que en algunos de estos casos las víctimas aún no han recibido reparación por terribles delitos. Por ejemplo, ningún gobierno ha investigado adecuadamente la presunta implicación de la multinacional australocanadiense Anvil Mining en la matanza de Kilwa en la República Democrática del Congo en 2004, donde las fuerzas gubernamentales mataron y torturaron a civiles”, ha señalado Amol Mehra, Director de ICAR, organización de derechos humanos radicada en Estados Unidos.

El año pasado, las autoridades británicas hicieron una sorprendente confesión a Amnistía Internacional: no disponían de herramientas, recursos ni conocimientos para investigar si en la filial de Londres del gigante multinacional de las materias primas Trafigura se había conspirado para verter residuos tóxicos en Costa de Marfil en 2006, uno de los peores desastres causados por empresas del siglo XXI.

Amnistía Internacional e ICAR han documentado otros 20 ejemplos en los que las autoridades no han emprendido acciones judiciales contra multinacionales a pesar de habérseles facilitado pruebas de conducta ilegal vinculada a graves abusos contra los derechos humanos en otros países.

Los principios ponen de relieve cómo la voluntad política y el compromiso de los jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de combatir graves delitos puede impulsar la acción en futuros casos. Señalan el enjuiciamiento con éxito en Países Bajos por crímenes de guerra del empresario neerlandés Frans van Anraat, por suministrar al régimen de Sadam Husein sustancias químicas utilizadas en ataques con armas químicas contra la población kurda en 1987 y 1988. El Departamento de Delitos Internacionales neerlandés, que llevó el caso a los tribunales, está reconocido como uno de los equipos especializados en delitos internacionales más eficaces y activos.

“Necesitamos que se produzca un enorme cambio en el enfoque que los gobiernos y los jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dan a estos casos: los agentes empresariales deben saber que se les exigirán responsabilidades por delitos empresariales, y las víctimas deben saber que obtendrán justicia por el daño causado”, ha señalado Amol Mehra.

Los principios sirven también de llamamiento para que los agentes encargados de hacer cumplir las leyes se encarguen de casos de delincuencia empresarial, apoyándose en una orientación práctica sobre la forma más eficaz de investigar tales casos.