Andalucía y Catalunya acumulan más de la mitad de las personas en lista de espera para la dependencia. Así lo constata el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADGSSE) sobre el Observatorio de la Dependencia.

A pesar de que este informe reconoce que el año 2022 cierra, gracias fundamentalmente al Plan de Choque para la dependencia impulsado en desde el Ministerio de Derechos Sociales, con 8.799 personas menos en espera que en 2021, con 309.233 personas en total, hay comunidades como Catalunya y Andalucía que mantienen una gran lista de espera y que acumula también un elevado número de personas que mueren antes de recibir la prestación que por ley les corresponde.

Sin embargo, la reducción del tiempo de dilación ha sido muy desigual por comunidades: mientras La Rioja (-45,8%) y Aragón (-43,7%) han reducido la lista de espera por encima del 40%, otras autonomías como Murcia (+29,6%), Balears (+31%) o Asturias (+34,7%) la han aumentado en torno al 30%, según las cifras recogidas por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, la lista de espera en Catalunya asciende a los 69.770 dependientes, mientras que en Andalucía se eleva a 36.606. A este número de personas reconocidas con derechos a la espera de atención hay que sumar aquellas que están pendientes de ser valoradas: con 24.316 en Catalunya y 47.503 en Andalucía. El tiempo medio de tramitación de un expediente, desde que se solicita la prestación hasta que se resuelve, suele ser de 344 días, aunque en Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia se llega a superar el año. 

Una demora que provoca que el año pasado llegaran a fallecer 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia, 19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. O lo que es lo mismo, que diariamente fallecieran más de 124 personas dependientes "con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos" y recibir las atenciones que requirieron. 

Belarra logra poner fin a los recortes del PP

El despliegue del Plan de Choque impulsado por el gabinete de la ministra Ione Belarra puso fin a los recortes en dependencia que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Un tijeretazo que asciende a 6.321 millones de euros acumulados en ocho años. Con el nuevo proyecto, Derechos Sociales ha logrado incrementar en 623 millones de euros el presupuesto.

Esta inyección de nuevos fondos ha producido, tal y como explican los directores y gerentes, un cambio en la tendencia a la baja de la inversión: el gasto público anual promedio por habitante en todo el Estado llegó a los 162,98 euros el pasado año y el gasto público anual promedio por dependiente atendido se situó en los 6.124. 

No obstante, siempre hay que tener en cuenta que un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor. De hecho, durante el primer año de implantación del plan, "diez gobiernos autonómicos hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado": Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

De forma que, a pesar de que la Administración General del Estado soportó el 33,3% del gasto en 2021, seis puntos más que el año anterior, esta decena de autonomías no ejecutaron sus fondos.