"Nos han dado un mes más. Os podéis imaginar cómo estamos. Nerviositos", asegura José Manuel Moreno, de 79 años, en el salón de su casa pocos minutos después de confirmar que su desahucio se ha aplazado hasta el próximo 18 de febrero. "¿De qué nos sirve un mes más? ¿Para tener otro follón aquí dentro de unos días?", se lamenta María Gómez, de 82 y con una minusvalía que le impide caminar con normalidad.

Este matrimonio de octogenarios lleva casi 55 años viviendo en este piso de la Vía Carpetana de Carabanchel (Madrid), gran parte de ellos, en régimen de alquiler de renta antigua. Con una pensión —la de él— que ronda los mil euros, explican que no les va a ser fácil encontrar un nuevo alquiler que se puedan permitir.

Según explicaban a Público el pasado lunes, después de que falleciera su casera recibieron una demanda del heredero del inmueble por impago de la renta. "Un despiste", dice José Manuel, que no superaba los 800 euros y que no correspondía al alquiler mensual de 150 euros, sino a parte de las cuotas de la comunidad de vecinos. Una circunstancia que ha servido al nuevo propietario para llevar adelante el procedimiento judicial, rescindir el contrato de renta antigua y poner fin al tranquilo y humilde día a día de esta pareja.

Ambos llegaban a la casa alrededor de las 8.00 horas de este miércoles. Habían pasado la noche en casa de su hijo, todo lo tranquilos que permite un inminente desahucio. A su llegada se encontraban en el portal con alrededor de 50 vecinos y activistas por el derecho a la vivienda que se habían concentrado poco antes, convocados por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, para intentar suspender el desalojo en la puerta. Y lo han conseguido, aunque el resultado solo prolongue la agonía varias semanas.

Próximo desalojo, "con antidisturbios"

La comisión judicial ha llegado puntual, a las 9.30 horas, acompañada de varias unidades de la Policía Municipal de Madrid, pero no han cruzado la acera.  Activistas del Sindicato y un abogado han mediado para la suspensión mientras varios trabajadores del Samur Social subían hasta el piso de los ancianos, visiblemente nerviosos.

"La comisión judicial ha hecho constar en su acta que el 18 de febrero vendrán con la unidad antidisturbios para echar a José Manuel y María de su casa. Hacemos un llamamiento a la ciudad de Madrid y al barrio de Carabanchel para que ese día estén aquí defendido la vivienda", ha resumido a Público Juan, miembro del Sindicato de Vivienda de Carabanchel.

Los activistas confían en que esta tregua les permita negociar con los nuevo propietarios del piso la firma de un nuevo contrato para el matrimonio y que puedan seguir viviendo en la casa a un precio asequible. Aunque ni José Manuel ni María tienen muchas esperanzas. "No conocemos al dueño, no sabemos quién es ni ha dado la cara nunca. De la única manera que habla con nosotros es mediante el juzgado", apostilla el anciano mientras se encoge de hombros. "No tenemos otra", lamenta.

Ahora siguen buscando un nuevo alquiler que puedan permitirse, pero según dicen, no es tarea fácil. "Rondan los 800 euros. Nosotros no nos podemos permitir pagar tanto dinero. Podemos pasar unos días en casa de mi hijo, pero no tienen mucho espacio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Nos vamos a la calle o debajo de un puente?", se pregunta María.

José Manuel agradece el apoyo de los vecinos, de los activista y de los medios de comunicación que se ha acercado a su casa. Desde el balcón, ambos salían a saludar a los congregados, que coreaban el tradicional "Sí se puede" después de cada desahucio paralizado. Aunque no le hace gracia pensar que dentro de un mes tendrá que volver a recibirlos y que, seguramente, sea la última.

Ahora intentan volver a la normalidad durante este tiempo de prórroga, algo complicado en una casa que ya vaciaron de muebles, ropa y recuerdos temiendo que hoy se fueran a la calle. "Me he gastado más de 2.000 euros en la empresa de mudanzas y en un guardamuebles. Al final he pagado más por eso que en el alquiler de la casa durante todo el año", ilustra.

El portal quedaba vacío a los pocos minutos de que se fuera la comisión judicial. Apenas ha dado tiempo a que los activistas estuvieran un rato con el matrimonio. A las 10.30 horas tenían que repetir la misma operación unas calles más allá, en el número 25 de la calle Urgel, donde Verónica también esperaba el momento de su desahucio por la empresa Building Center S.A. También lo han paralizado sin fecha.