Aragón intenta rescatar un archivo de adopciones que la Iglesia blinda con el concordato

ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón ha retomado los contactos para que Cáritas le entregue los archivos de la asociación Maci Albayda, una entidad privada que en los años 80 se dedicó a mediar para la adopción de niños maltratados o desamparados tutelados por los tribunales y de bebés que daban a luz en una clínica privada jóvenes sin recursos a las que ayudaba durante su embarazo. IU denunció que el traspaso fue paralizado durante los cuatro años del ejecutivo PP-Par.

El archivo, clave para esclarecer adopciones realizadas durante la transición y para que varios jóvenes puedan conocer la identidad de sus madres, está blindado a los tribunales por Cáritas, entidad que lo custodia desde que la asociación se disolvió y que se ampara en los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, coloquialmente conocidos como el concordato, para no entregar los expedientes al juzgado.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza archivó hace unos meses la denuncia con la que una joven pretendía que se investigara si ella era una niña robada tras recibir un informe en el que Cáritas asegura que sus padres biológicos habían firmado cuando nació, en 1985, varios documentos en los que rechazaban que a su hija le fuera revelada su identidad, pedían que fuera inscrita en el Registro Civil como hija de padres desconocidos y solicitaban que fuera dada en adopción.

La jueza había pedido el expediente completo de la madre -menor de edad cuando alumbró al bebé, pero el organismo diocesano, apelando a una subrogación de los pactos de confidencialidad de Mecy Albayda, optó por ofrecer una respuesta selectiva acompañada de un recordatorio sobre “la inviolabilidad de archivos, registros y demás documentos” de las instituciones eclesiásticas en España que contemplan los Acuerdos Jurídicos.

La abogada Beatriz García, que está tratando de localizar a los padres biológicos de tres jóvenes en cuyas adopciones intervino Maci Albayda, mostró su confianza en que la reanudación de los contactos acabe permitiendo que los afectados accedan a esa documentación, que incluye a al menos medio centenar de hijos de mujeres que dieron a luz en centros privados. “Al no existir ley de adopción había una laguna legal –recuerda-, pero la legislación reconoce ahora a los hijos adoptivos el derecho a conocer la identidad de sus madres biológicas”.

La letrada, que lleva el caso que archivó la juez tras el informe de Cáritas, está esperando al desenlace de las negociaciones para reactivarlo e impulsar los otros dos.

Esa no era la primera adopción en la que había intervenido Maci Albayda que llegaba a los tribunales. A finales de 1990, el Constitucional anuló una en la que tres años antes había participado la asociación: un juez de Zaragoza había eludido consultar a los padres biológicos de un menor si estaban de acuerdo en que este fuera entregado a la pareja seleccionada por la entidad.

Los primeros residían en Pamplona, cuyo Tribunal Tutelar de Menores de Navarra les había retirado la guardia y custodia del niño por estar desnutrido y mal cuidado, y el juez aragonés había despachado la consulta, obligatoria por ley, con un anuncio en el tablón del juzgado y otro en el boletín oficial de la provincia. Se limitó a consultar a los adoptantes, que aseguraron desconocer dónde vivían los progenitores.

“Ha transcurrido un tiempo más que razonable”, sostiene la diputada de IU Patricia Luquin, que considera que “no existen razones” para que ese archivo no sea custodiado y catalogado por el Gobierno de Aragón y pueda ser “puesto a disposición de aquellas personas que llevan tiempo luchando por saber qué ocurrió con sus adopciones”. Entre esas entidades se encuentra SOS Bebes Robados, asociación que “lleva años luchando en un tema tan sensible como la búsqueda de madre biológicas de bebes robados” y que contactó con IU para exponer la imposibilidad de acceder a los expedientes.

El actual ejecutivo aragonés, que conoció formalmente la congelación del traspaso mediante una pregunta parlamentaria de Luquin, ha activado los contactos para hacerse cargo de los legajos y ha abierto una vía para la esperanza de los jóvenes adoptados con la mediación de Meci Albayda que quieren conocer a sus padres biológicos.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, señala en su respuesta a Luquin que “una vez se ha tenido conocimiento de la situación de los expedientes”, ha “iniciado conversaciones con los responsables de Cáritas” para culminar el traspaso del archivo a la comunidad autónoma, proceso que quedó abortado en el verano de 2011.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) puso en marcha el proceso para asumir el archivo en el interín entre las elecciones autonómicas de 2011 y la formación del siguiente ejecutivo, periodo en el que el Gobierno PSOE-Par estaba en funciones a la espera de ser relevado por otro PP-Par.

Cáritas dio su conformidad al traslado el 4 de julio de ese año, diez días antes de que Rudi fuera investida como presidenta. Y, ese mismo 14 de julio, el IASS se dirigía al Servicio de Archivos para que el fondo documental de Maci Albayda “fuera trasladado e incorporado” al autonómico. Nunca más se supo. Hubo un nuevo intento en 2014, aunque la propia Administración no tiene constancia de su resultado.

Otra iniciativa parlamentaria de la diputada ha permitido que la comunidad elabore por vez primera un listado de la ubicación física de “archivos sobre adopciones, historiales clínicos y expedientes clínicos de Aragón”.

Los cuatro archivos provinciales de la comunidad custodian toda la documentación de las Juntas de Protección de Menores y, desde 1987, los documentos relativos a procesos de acogimiento y adopción. La Diputación de Zaragoza conserva los legajos del hospital Provincial, el Hogar Pignatelli y los hospicios de Calatayud, Tarazona y La Misericordia anteriores a 1987. Y, por último, el Archivo Histórico contiene los expedientes del Tribunal de Protección de Menores (1921-1992), la Junta Provincial de Protección de Menores (1930-1971), la Casa Tutelar del Buen Pastor (1921-1985) y la prisión (1864-1995).

El listado, cuyo conocimiento consideran fundamental las entidades que tratan de esclarecer adopciones bajo sospecha en el franquismo y la transición, tiene, sin embargo, algunas carencias: no incluye la localización de los archivos de historiales de hospitales como el Miguel Servet o el Clínico, ni tampoco los de algunas clínicas privadas que cerraron en los años 70 y 80 en Zaragoza.