La odisea del Aquarius, propiedad de la organización SOS Méditerranée, y la llegada al puerto de Valencia ha sacudido los primeros días del gobierno de Pedro Sánchez. La negativa del nuevo gobierno italiano y de Matteo Salvini –ministro del Interior y líder del partido de extrema derecha Liga Norte- a que la flotilla arribara a las costas italianas dejaba a más de 630 migrantes en el limbo hasta la decisión del Gobierno del PSOE.

Si bien, las primeras medidas anunciadas, como la promesa de Marlaska de retirar las concertinas en Ceuta y Melilla o la devolución de la tarjeta sanitaria a las personas ‘sin papeles’, van en la línea de reformas las cuestiones de fondo sobre la política migratoria y los derechos de los inmigrantes en territorio español; la decisión de Sánchez no deja de ser una “decisión humanitaria y extraordinaria”, como han asegurado desde el propio Ministerio del Interior.

Donde también tiene tareas pendientes el recién estrenado Gobierno es en la reforma del sistema de asilo español, que permite otorgar el permiso de residencia de 45 días a las personas a bordo del Aquarius, pero que al mismo tiempo rechaza a los 1.300 inmigrantes que han llegado a la frontera sur en los últimos días, sin darles opción –en muchos casos- de pedir la protección recogida en la ley. Así lo manifestó el pasado octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por dos “devoluciones en caliente” a Marruecos, cuando esas personas tenían derecho a ser identificadas y obtener asesoría jurídica para informarles de los procesos de expulsión o de protección internacional existentes en la legislación española.

Durante la legislatura de Rajoy, Fernández Díaz y Zoido permanecieron impávidos ante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Así, España permanecía al margen de la llegada masiva a las costas griegas e italianas situándose en posiciones cercanas –de facto- a Hungría, Eslovaquia, República Checa, Letonia, Polonia y Rumanía con su oposición a la acogida de refugiados. Zoido llegó hasta el extremo de criticar a las ONG por “favorecer la inmigración irregular”.

Aunque España no se opuso al acuerdo de la Comisión Europea de 2015 para distribuir por países a los 160.000 refugiados que entraron en territorio europeo, el acuerdo que expiró en septiembre del año pasado fue incumplido por España al acoger a una décima parte de los 17.000 refugiados que se comprometió a proteger.

El calvario de los solicitantes de asilo en España

En la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, cabe recordar que el Gobierno del Partido Popular dejó pendientes de resolución cerca de 39.000 solicitudes de asilo y que la Oficina de Asilo y Refugio rechaza dos de cada tres peticiones de protección, según los datos recabados por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). En 2017, España batió el récord de peticiones de asilo duplicando las cifras de 2016 debido al aumento de solicitudes desde Venezuela. No obstante, las personas que obtuvieron algún tipo de protección fueron la mitad que el año anterior rechazando el 65% de las solicitudes de asilo.

Amnistía Internacional va más allá calificando al sistema de acogida español como "discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz" y que puede acabar convirtiendo a las personas refugiadas en indigentes a medio plazo. “Desde Amnistía, venimos denunciando que el sistema de acogida está obsoleto con una legislación del año 2009, que a día de hoy aún no tiene un desarrollo reglamentario que acabe con las lagunas jurídicas y determinados artículos que no se están aplicando. También es notable la rigidez del sistema, que es cortoplacista y que no se adecua a las necesidades y nuevos perfiles de personas que están llegando. Es un sistema que se creó cuando había una cifra mucho menor de solicitantes de asilo y requieren de una atención especializada que no se les está dando”, asegura Verónica Barroso -responsable de relaciones institucionales de política interior-.

A pesar de que el régimen de asilo español contempla seis meses para la resolución de las solicitudes, el período medio de contestación supera el año y medio. En su informe “El asilo en España: un sistema poco acogedor”, la organización recoge testimonios como el de una ciudadana libia que huyó de su país por la persecución sufrida por su activismo feminista y, tras pedir el asilo en España, tuvo que esperar más de dos años para la resolución mientras vivía en la calle. Otros casos demuestran, según Amnistía, que “una vez acabada la segunda fase de acogida, las personas refugiadas quedan desamparadas, aun cuando siguen siendo solicitantes de protección internacional. Tampoco para las que la han obtenido existen ayudas específicas para su integración en el país”.

Otra de las situaciones que critican ONGs como Amnistía Internacional es la falta de información que reciben los migrantes que llegan a territorio español, que provoca que los posibles refugiados soliciten la protección en países más predispuestos como Francia, Suecia o Alemania. “Hicimos misiones a Grecia y detectamos las diferencias de información entre distintos países, con la embajada alemana que tenía una persona allí que informaba a los solicitantes de asilo de todas las ventajas de ir a Alemania, sus derechos o cuánto dura la fase de acogida”, critica Verónica Barroso.

Fruto de esa falta de información, lamenta Barroso, los solicitantes de protección desconocen que al haber pedido asilo en España no pueden pedir amparo en otro país de nuestro entorno, a riesgo de ser devueltos a nuestro territorio. Entre 2008 y 2014, destaca Amnistía, “las autoridades españolas recibieron más de 14.900 solicitudes para el traslado de personas desde otros países de la UE, que a pesar de haber entrado por España o tener un visado español, habían solicitado asilo en otros países. En virtud del Reglamento de Dublín, en estos casos es España el país responsable para la tramitación de dichas solicitudes”.

La discriminación también está presente en nuestro sistema de asilo. Según denunciaba Eldiario.es en 2015, el Gobierno retrasaba conscientemente la resolución de solicitudes de protección provenientes de Malí o Ucrania esperando que la situación de sus países se resolviera antes de otorgarles el estatuto de refugiados. Escenario similar tiene lugar en la actualidad con las peticiones provenientes de Venezuela, que se triplicaron en el último año debido al convulso escenario político y económico, y que lideran el ranking de solicitudes pendientes con 13.425 a la espera de resolución.

Barroso denuncia que esta discriminación por cuestiones de nacionalidad crea refugiados de primera y de segunda categoría. “En Ceuta y Melilla hemos documentado cómo en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) no se aplicaban los mismos criterios a los sirios, que son derivados a la península de manera casi inmediata, mientras que otras personas africanas permanecían más un año en el CETI y eran especialmente vulnerables porque habían huido por su pertenencia al colectivo LGTBI”.

Desde CEAR Euskadi, su presidente Javier Galpasoro denuncia la discriminación del sistema, cuando “este fin de semana hemos recibido con cánticos y otorgando la protección a los migrantes del Aquarius, mientras que el mismo día llegaban a costas andaluzas el doble de personas que las que desembarcaron en Valencia y su futuro será procedimientos de expulsión”.

Después de haber pasado una odisea para llegar a territorio europeo, los obstáculos administrativos suponen un nuevo impedimento para su futuro. Con un cuerpo de inspectores a cargo de evaluar las solicitudes, la Oficina de Asilo y Refugio tiene interventores especializados en cada ámbito geográfico para proceder a dictaminar la verosimilitud del relato de la persona que está pidiendo asilo. Preguntas acerca de sus países de origen son recurrentes en estos procesos, como el color de los taxis o la moneda en su país, pasando por una verificación de la documentación personal que en muchos casos no tienen en su poder. Como en esta fase de evaluación es difícil elaborar un dictamen, los instructores realizan entrevistas personales que puedan aportar más luz al caso.

En opinión de Javier Galpasoro (CEAR Euskadi), el sistema de asilo parece articulado para poner toda clase de impedimentos y que no lleguen a territorio europeo: “Los países piden una documentación exhaustiva y pruebas de persecución fehacientes, cuando mucha gente que llega a España han salido de su país corriendo y se encuentran en situaciones de verdadero ‘estado de shock’. Esa dureza a la hora de evaluar las solicitudes no se corresponde con la legislación, la Convención de Ginebra establece que bastaran indicios suficientes para que se obtenga la protección. La presunción de que mienten está muy presente en la administración y las organizaciones tenemos que combatir de forma muy intensa contra ella”.