Los derechos sociales conquistados pueden retroceder. Esto es algo que sabe muy bien el feminismo y que la pensadora Simone de Beauvoir dejó escrito en una frase histórica en la que afirmaba que "bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos..."

Esto es lo que han visto las mujeres en Estados Unidos cuando este pasado lunes se filtró un documento del Tribunal Supremo de dicho país en el que se proponía revertir la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, por la que se legalizó el aborto en EEUU. Aunque el texto aún es un borrador y el fallo final no se conocerá hasta el mes de junio, el hecho de que exista una mayoría conservadora que apoya el fin del derecho al aborto en el Alto Tribunal, hace temer que finalmente los magistrados acaben aprobándola.

Nada más conocerse el borrador, se han multiplicado las movilizaciones de mujeres en EEUU y en otros países contra en contra de las restricciones hacia al aborto. Tal como explica la organización Human Right Watch, hay 23 estados en EEUU (los más conservadores gobernados por republicanos) que tienen leyes restringiendo la interrupción del embarazo listas para ser aplicadas si el Supremo finalmente se decanta por eliminar la sentencia. 

"No podemos ser ingenuos. Una posible decisión de la Corte Suprema estadounidense contra el aborto podría tener repercusión en otros países y tribunales más conservadores de diversos países porque podrían verse refrendados y utilizar a Estados Unidos como aval. En esto la máxima corte de EEUU tiene una gran responsabilidad. No sólo a nivel interno sino también en el marco de la jurisprudencia a nivel global", afirma a Público Ximena Casas, investigadora de la división de la mujer de Human Right Watch (HRW).

Para esta experta lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la posibilidad de que el Supremo dé pasos atrás en el derecho al aborto es "alarmante". "Lo que está en debate en EEUU no es solo un tema de constitucionalidad de la mítica sentencia Rode contra Wade, sino que el país norteamericano ha sido un referente con ella desde hace casi 50 años y abolirla supondría romper sus compromisos con el derecho internacional y el incumplimiento de obligaciones". 

España no es una excepción

España no escapa a esta situación. Desde hace más de 12 años el Tribunal Constitucional (TC) tiene sobre la mesa sin resolver un recurso contra la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Éste fue presentado por 71 diputados del Partido Popular en 2010, poco después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobara la norma. Y, a pesar de que el Alto Tribunal prometió tramitarlo con carácter prioritario, más de una década después aún no se ha emitido una resolución. Se trata del recurso de inconstitucionalidad que más tiempo lleva sin resolverse en la historia de este Tribunal en toda la historia.

En la actualidad, el Constitucional, formado por 12 miembros, tiene una mayoría conservadora de siete a cinco. Hasta finales del año pasado, el ponente en cargado de elaborar la propuesta sobre el recurso de amparo era Andrés Ollero, un declarado miembro del Opus Dei y exdiputado del Partido Popular que nunca escondió su postura antiabortista. Desde noviembre de 2021 le sustituyó el polémico Enrique Arnaldo, ultraconservador y opuesto a la interrupción del embarazo, que heredó los temas que llevaba Ollero en el alto tribunal.

En junio de este año el TC tiene que sustituir a cuatro de sus miembros. Dos designados por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo no está claro que este cambio, que podría conformar una mayoría progresista, pueda finalmente producirse. El CGPJ tiene prohibido realizar nombramientos mientras esté en funciones.

"Lo que estamos viendo en Estados Unidos puede tener un efecto multiplicador en Europa, en particular en España"

"Lo que estamos viendo en Estados Unidos puede tener un efecto multiplicador en forma de dominó en Europa y en particular en España, donde estamos a cinco minutos de caer en posiciones semejantes. En Europa ya tenemos el ejemplo del Tribunal Constitucional de Polonia", afirma a este periódico la jurista y eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia R. Palop. En octubre de 2020 una decisión del tribunal eliminó la posibilidad de abortar cuando existe malformación del feto, dinamitando prácticamente de facto el derecho al la interrupción del embarazo de las polacas. Para Palop no cabe duda de que en estos momentos "las altas instancias de la judicatura están alineadas no para proteger a las minorías, que es su función en cualquier sistema democrático, sino que bien están aliados con el Ejecutivo, en algunos lugares, o bien van por libre porque constituyen una élite decisoria que boicotea el Estado de Derecho".

"Tengo muchas dudas sobre la composición, el modo de seleccionar y la forma de promoción de la judicatura en muchos países. En concreto en España. Y dudas también sobre su utilidad y el papel que desempeña en relación a los derechos fundamentales. Todo lo que no se puede hacer desde el legislativo y el ejecutivo se puede llegar a hacer desde el judicial, que es algo anómalo en cualquier estado de derecho", añade Palop.

Para Mar Esquembre, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Alicante y  cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional estime el recurso contra la ley del aborto no es tan sencillo. "Quiero pensar que esto no va a pasar aquí", afirma. Entre otras cosas, explica, porque la ley de interrupción del embarazo de 2010 ya se hizo incorporando la jurisprudencia del Constitucional respecto a la ley anterior (la de 1985 que sólo permitía abortar en determinados supuestos). 

"Es un tribunal delicado, porque parece que tienen una naturaleza jurídico política, pero tiene que actuar conforme al derecho y está obligado por su propia jurisprudencia". La diferencia fundamental entre lo que ocurre en Estado Unidos y nuestro país, afirma esta constitucionalista, es que allí no existe ningún precepto constitucional que hable de la no discriminación por razón de sexo, cosa que si ocurre en nuestro país. "La ley española se ligó al artículo 15 de la Constitución que habla de la dignidad de la mujer y al 14 que prohíbe discriminar por razón de sexo. Y este sería un caso, porque sólo las mujeres pueden abortar".

El peligro de la ultraderecha

Más allá de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso, el avance de la ultraderecha en nuestro país pone en riesgo las leyes que protegen los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, tal ha ocurrido en el Gobierno de Castilla y León una vez que Vox ha accedido a puestos de poder gobernando junto al Partido Popular. Tanto allí, como en otras comunidades donde apoya gobiernos del PP, se han impulsado leyes en favor de la familia y su protección, en lugar de priorizar las que defienden la independencia de las mujeres.

De hecho Vox ya incluyó de el concepto de "defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural" entre una de sus 100 propuestas con las que fue a las pasadas elecciones generales e hizo de la lucha contra el aborto una de sus principales señas de identidad. 

En distintas manifestaciones públicas, diversos miembros de la formación de ultraderecha han aireado su idea de acabar con el derecho al aborto y eliminar la ley de plazos vigente desde 2010, o han defendido medidas como de obligar a las mujeres a realizarse una ecografía y escuchar el latido del feto, o han abogado por el cambio de las consejerías de igualdad o contra la violencia de género por otras sobre la familia. 

"Vox es un partido homofóbico, transfóbico y profundamente misógino, que no se puede asimilar a otros partidos ultraderechistas europeos. Todos los partidos de ultraderecha son reaccionarios y retrógrados y evidentemente un peligro para los derechos de las mujeres, pero lo que representa Vox es más asimilable al PIS (el partido que gobierna en Polonia) o a Bolsonaro en Brasil. Lo que representa Vox en España es una monstruosidad infinitamente más peligrosa que cualquier partido de extrema derecha en la UE", concluye Palop.