Los Presupuestos 2024 que ha aprobado recientemente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso supondrán la eliminación de 37 plazas 100% públicas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Un recorte que contrasta con la inyección de 327 millones que se destinará a las empresas privadas que prestan servicios a través de conciertos en este ámbito. Se trata de un incremento de 56 millones respecto al presupuesto anterior, un 20% más.

La Comunidad de Madrid solo dispone de 65 residencias de titularidad pública, sean con gestión directa (100% pública) o indirecta (privatizada), del total de casi 500 centros. Una cifra ya de por sí insuficiente para la cantidad de demanda existente; pues, tal y como se puede comprobar en la página oficial, la lista de espera del servicio de atención residencial para mayores en situación de dependencia asciende a 2.098 personas en septiembre.

Sin embargo, desde que llegó al Gobierno en 2019, Ayuso ha apostado por ahondar cada vez más en los recortes. Si ese año la red de residencias disponía de 6.258 plazas 100% públicas, en 2022 el número cayó a 6.221. Mientras, en 2024 se recudirán a 6.189, de las cuales 5.742 serán adaptadas y 447 no adaptadas, en comparación con las 479 sin adaptar que había en 2022.

Por el contrario, las plazas concertadas y de gestión indirecta aumentan a 16.827 para 2024, cuando en 2022 estas plazas eran 16.012.

Esta decisión sigue la misma línea política trazada en sanidad y educación, donde la presidenta ha dejado claro su inclinación por el vaciamiento de los servicios públicos en favor de las privatizaciones. En concreto, el presupuesto para las subcontratas se subirán un 24% y un 13,4%, respectivamente.

"Son los presupuestos de la privatización de las vidas de las personas mayores. Ayuso sigue sin entender que con los cuidados de las personas mayores no se puede hacer caja. A pesar de ser la región con menos plazas públicas de toda España en los presupuestos 2024 las recorta", ha criticado Lorena Morales, diputada del PSOE.

Desde el grupo parlamentario socialista lamentan que el Ejecutivo en manos del Partido Popular siga apostando por entregar las residencias "al peor postor sin control" y aseguran que no van a dejar de "reclamar la dignidad que merecen las personas mayores".

Medidas contrarias al Consejo Territorial de la Dependencia

Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en Madrid pasan una media de 285 días desde que se entra en la lista de espera hasta que un mayor consigue plaza, a pesar de que la ley establece un máximo de 180 días.

A este tiempo hay que sumar los meses previos de demora, entre que se solicita cita, se presentan los documentos requeridos, así como el tiempo que requiere el proceso burocrático para conseguir el reconocimiento de los grados de dependencia.

En este sentido, desde PLADIGMARE, la plataforma por la dignidad de las personas mayores, insisten en que estas medidas "van en el sentido contrario de lo que se está planteando en el Consejo Territorial de la Dependencia".

"Nosotros sabemos que el Acuerdo de Acreditación aprobado en 2022, aunque era insuficiente, daba pasos en la dirección correcta, en la dirección de buscar un nuevo modelo de residencias y la filosofía", centrado en "las necesidades de los mayores" y no de la empresa que prestaba los servicios, ha apuntado Miguel Vázquez Sarti, presidente de la de la organización. "Si se apuesta por disminuir el peso de lo público en detrimento de lo privado, se apuesta porque los cuidados se presten pensando en los beneficios económicos", ha advertido.

"Seguiremos con ratios insuficientes y falta de personal, con bajos salarios y falta de preparación. Continuarán también la complicidad en los controles de las inspecciones, con mirar a otro lado, y obstaculizando la participación de los familiares como colaboradores necesarios en los cuidados... Y seguiremos teniendo fondos buitres que lo único que les interesa es el dinero y no el bienestar de nadie", ha concluido Vázquez Sarti.