De un bar en Francia a una piscina en Italia: el pase sanitario se impone en Europa con excepción en España

El pasaporte europeo Covid nació como una herramienta para facilitar los viajes en el espacio Schengen y salvar el verano. Pero cada vez son más los países comunitarios que exigen una suerte de pase sanitario para acceder a gimnasios, hoteles o restaurantes. Una veintena de Estados miembros lo tienen en marcha. Aunque su alcance y uso es muy diferente entre ellos. España es junto a Alemania o Suecia una de las pocas excepciones: no es necesario –de momento- presentar una prueba de vacunación o test negativo para asistir a espacios públicos o eventos culturales. 

Enseñar un 'pase verde' que acredite la vacunación completa, un test negativo de 48 o 72 horas o que demuestre anti-cuerpos es una medida cada vez más extendida en Europa. Esta herramienta se perfila como una herramienta indispensable para la vida social, deportiva o cultural de millones de ciudadanos europeos durante los próximos meses. Ya es necesario para entrar en un museo en Francia, asistir a un festival en Bélgica o hacer una clase de spinning en Austria. Sin embargo, la disparidad de medidas entre las 27 capitales está creando confusión entre sus habitantes y turistas. 

¿Cómo viajar en estos momentos a lo largo y ancho de la UE? A pesar de que el 1 de julio entró en vigor el pasaporte europeo, las diferencias entre las capitales persisten. Aunque está reconocido en todo el bloque comunitario, las exigencias sobre la obligatoriedad de realizarse test para viajar, la edad mínima requerida para los niños o la aceptación de test de antígenos varían dependiendo de cada país. No obstante, el hecho de presentar este certificado sí que debería eximir de cuarentenas a los viajeros en el lugar de destino.

Francia e Italia son los países europeos que más lejos han ido prolongando las competencias de este pase. Desde comienzos de agosto, el país galo exige presentar esta prueba a mayores de doce años para asistir a eventos de más de 50 personas, acceder a bares, restaurantes y centros comerciales, visitar residencias, ir a hospitales o realizar viajes de larga distancia en avión, tren o autobús. Es también uno de los pocos países europeos que proporciona PCR gratuitas a sus nacionales. Algunos países como Alemania proponen frenar la gratuidad de estas pruebas como aliciente extra para animar a la vacunación. 

Esta misma estrategia es la avalada por el Gobierno que lidera Mario Draghi en Italia. Desde el 6 de agosto es imperativo contar con un certificado sanitario para acceder a museos, cines, teatros, piscinas, gimnasios o reuniones privadas. La medida podría aplicarse en el futuro en colegios, medios de transporte o para ir al puesto de trabajo. Los dos países la defienden como una iniciativa para reducir el riesgo de contagios, especialmente con la virulencia de variantes como la delta, pero también como una medida para persuadir a los anti-vacunas. "Invitar a no vacunarse es invitar a morir. Sin la vacunación nos veremos obligados a cerrar todo de nuevo", señaló el premier transalpino. Aunque tanto París como Roma superan ya el 50% de su población vacunada, la próxima batalla será qué hacer con aquellos que todavía siguen resistiéndose a la inyección. El líder italiano de ultraderecha Matteo Salvini es uno de los que abandera esta resistencia contra las vacunas y contra estos certificados. 

De hecho, esta imposición ya ha desatado importantes protestas entre aquellos que la ven un ataque a los valores y derechos fundamentales. Ningún país europeo ha hecho la vacunación obligatoria, un requesito muy complicada desde el punto de vista legal. Pero, por ejemplo, Macron sí la impone a personal como el sanitario. 

Un escenario similar se dibuja en Austria desde finales de julio. El pase sanitario es requerido para alojarse en hotel, disfrutar de un masaje, realizarse un corte de pelo o acudir a un estadio de fútbol. En Chipre es necesario para la mayoría de tiendas o para entrar en centros de salud y hospitales. En Lituania recibe el nombre de 'certificado de oportunidad' y facilita el acceso a interiores de sus portadores.

El vecino Portugal lo exige para hospedarse en un hotel o disfrutar de una clase colectiva en el gimnasio. Y lo es también para acceder a interiores de restaurantes o bares los fines de semana. Dinamarca o Hungría estuvieron entre los pioneros de estas exigencias que llevan meses en vigor para el acceso a varios lugares públicos. En Bélgica, desde el viernes 13 de agosto el Covid Safe Ticket es el salvoconducto para disfrutar de festivales con miles de personas y sin mascarilla.

España, una de las excepciones del mapa europeo

La radiografía comunitaria libre de pases sanitarios se estrecha. España es uno de los pocos países del club que no cuenta con tal iniciativa. Tampoco está entre los planes de Suecia o de Rumanía, que solo cuenta con el 25,7% de la población con la pauta completa. La situación es muy diferente en España, que se sitúa a la cabeza europea con población inmunizada superando el 62%.

Sin embargo, también es uno de los países que está registrando durante este verano tasas de contagio más elevadas, especialmente entre la población joven. Según el último mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que monitorea la situación epidemiológica de la UE cada semana, solo Canarias, Murcia y Asturias permanecen fuera del nivel máximo de alerta por nuevos casos de Covid-19 registrados. También es según el Eurobarómetro el país más favorable a las vacunas, estando los movimientos anti-vacunas bastante aislados en el debate político y social.

De momento, la medida es en el país un choque político entre administraciones. Los Tribunales Superiores de Andalucía, Canarias, Cantabria y Galicia lo han tumbado recientemente. Solo continúa adelante en Balears para entrar en residencias. Algunos presidentes autonómicos defienden que seguirán manteniendo el pulso alegando que esta realidad acabará imponiéndose en la nueva normalidad de esta fase de la pandemia. Por su parte, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez sigue esquivando la medida justificando que podría constituir una "estigmatización" para ciertos colectivos todavía sin vacunar, como los más jóvenes.