El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador de 90.000 euros al portal Idealista y a la inmobiliaria The New House Barcelona por anunciar el alquiler de un piso cuyos potenciales inquilinos debían necesariamente contar, según la oferta publicada, con la nacionalidad española. Se trata del primer expediente sancionador que se abre por discriminación por razón de origen en toda Cataluña, según han explicado el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, y la concejal de Vivienda, Lucía Martín, en declaraciones a los periodistas en el consistorio.

El proceso se inició después de que un ciudadano presentara una denuncia ante la Oficina por la No Discriminación, que tras evaluar el caso considera que los hechos en cuestión son "muy graves". El expediente está ya "en fase avanzada", ha asegurado Serra, que ha señalado que la medida no tiene un mero "afán recaudatorio" sino que el ejecutivo municipal pretende de esta manera "lanzar un mensaje de prevención general" hacia las inmobiliarias, los grandes propietarios y los portales de internet.

"No es tolerable que existan anuncios discriminatorios como este", ha lamentado Serra, que ha recordado en este sentido que aproximadamente uno de cada cinco barceloneses no cuentan con la nacionalidad española. El concejal ha animado a cualquier ciudadano que se encuentre en una situación similar a acudir a la Oficina por la No Discriminación, aunque ha admitido que puede haber casos en los que exista "una discriminación más fina" que las inmobiliarias no dejan escritas en los anuncios de los pisos.

Para ello, Serra ha dicho que se pueden aportar a la Oficina desde correos, testimonios o conversaciones con los propietarios para denunciar potenciales discriminaciones. Martín también ha defendido que, en una "situación de emergencia habitacional" como la actual, la "obligación" del ejecutivo es "estar al lado de la ciudadanía".

Ha relatado así otras actuaciones que se llevan a cabo en materia de vivienda, como procesos sancionadores por desocupación permanente, por acoso inmobiliario o por no inscribir viviendas vacías en el correspondiente registro catalán. En una nota de prensa, el Ayuntamiento recuerda que la no discriminación por origen es un derecho reconocido en la Constitución y ha apuntado asimismo que la directiva europea 2014/113/CE trata sobre cuestiones de esta índole.

En total, el Ayuntamiento de Barcelona está instruyendo en estos momentos 134 expedientes sancionadores en el conjunto de materias de vivienda, además de haber abierto diligencias previas en otros 155 casos detectados, de manera que la suma de los casos en los que está trabajando en estos momentos la unidad de disciplina de la vivienda municipal es de 289 casos.

En este sentido, la concejal de Vivienda ha recordado que el régimen especial de la ciudad de Barcelona permite desplegar esta acción protectora del derecho a la vivienda y asumir de manera subsidiaria la persecución de estas prácticas que vulneran derechos básicos a través de expedientes sancionadores.