Barra libre a la comida basura: la protección de la infancia se estrella contra las derechas y la industria
El Congreso rechazó, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y Coalición Canaria, la toma en consideración de la ley que buscaba prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños.
Las organizaciones de consumidores denuncian que estos partidos hayan puesto "por delante los intereses de las grandes empresas alimentarias frente a la salud pública".
Madrid--Actualizado a
Un niño español puede llegar a ver hasta 30 anuncios de comida insana o ultraprocesada al día. Dibujos animados, caricaturas o mascotas convertidos en reclamo comercial siguen inundando pantallas y envases con el objetivo de captar la atención infantil sin apenas límites. Y esta semana, el Congreso tampoco ha querido ponerles freno.
La Cámara Baja rechazó este martes, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y Coalición Canaria, la toma en consideración de la ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que buscaba prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños y adolescentes y vetar la venta de bebidas energéticas a menores.
No era el primer intento de crear una norma de este calado. Ya en 2022 el entonces Ministerio de Consumo de Alberto Garzón preparó un Real Decreto para restringir la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida a menores. En aquella ocasión hasta el propio PSOE mostró su oposición a la norma por parte del Ministerio de Agricultura de Luis Planas que se decantaba por la autorregulación del sector. Pero, según recordó el exministro en una conversación con Bustinduy esta semana, los estudios posteriores demostraron que el sistema había fracasado. "La autorregulación no funcionaba. No había impedido una publicidad engañosa ni unas prácticas que seguían reproduciendo patrones de consumo nefastos", ha asegurado.
Relacionado con este tema
"Desde la órbita del Ministerio de Agricultura, para ellos no existía una alimentación buena y una alimentación mala. Para ellos todos los alimentos eran mercancía. Y por lo tanto sólo tenía que favorecerse una especie de mercado libre donde la gente era responsable de si quería envenenarse o no", ha señalado Garzón.
Los intereses de la industria
Esta vez, han sido los votos de la derecha quienes no han hecho posible que saliese adelante la norma. "En los argumentos del debate se veía que estaban votando para proteger los intereses de una industria muy poderosa", señaló Pablo Bustinduy, quien denunció el peso de un sector con "gran capacidad de influencia económica, mediática y publicitaria".
El PP votó en contra de la propuesta pese a que Galicia, donde gobierna el partido, fue una de las comunidades pioneras en prohibir por ley la venta de bebidas energéticas a menores.
Este martes la diputada María Elisa Vedrina aseguró que la norma presentaba "dos debilidades", por la forma de tramitarla mediante una proposición de ley y no un proyecto de ley, lo que "revela la dificultad del Ejecutivo para alcanzar consenso", y una "limitación de enfoque" con el que pretenden abordar un desafío sanitario "de enorme complejidad".
Relacionado con este tema
Por su parte, Vox ha criticado que la medida busca convertir al Estado en el "tutor moral" de las personas, considerando que la norma es un texto "intervencionista, paternalista y absolutamente desproporcionado que parte de la premisa de que el ciudadano es incapaz de decidir" lo que puede comprar y comer.
Mientras que Junts considera que la propuesta es una "excusa para poder recentralizar poderes desde Madrid" y ha justificado su "no" en que es "profundamente invasiva" de las competencias autonómicas y que adolece de inseguridad jurídica.
Relacionado con este tema
"Algunos partidos políticos han puesto por delante los intereses de las grandes empresas alimentarias frente a la salud pública, particularmente la de la infancia y la adolescencia", lamenta Eduardo Montero, experto en Alimentación de CECU, organización que forma parte de la Alianza por una Alimentación Saludable.
Han puesto por delante los intereses de las grandes empresas alimentarias frente a la salud pública
Para Montero, la alimentación se ha convertido en un "nuevo campo de batalla ideológico", algo que, advierte, dificulta avances regulatorios básicos. "Convertir este tema en una confrontación política sólo contribuye a bloquear medidas necesarias y a dejar desprotegida a la ciudadanía frente a prácticas comerciales que influyen directamente en sus decisiones y, especialmente en este caso, en su salud".
La organización reclama ahora que el Gobierno explore otras vías legislativas para sacar adelante la medida. "La evidencia científica es clara: reducir la exposición a la publicidad de alimentos y bebidas insanas no limita la libertad de elección, sino que la refuerza, permitiendo decisiones más informadas y menos condicionadas por intereses comerciales", sostienen.
De la misma forma, Javier Guzman, representante de Justicia Alimentaria, denuncia que no haya "ni el más mínimo interés en debatir sobre la protección de la salud de nuestros hijos, que no puede estar subordinada a los intereses de la industria alimentaria". "Igual que en su día se prohibió la publicidad del tabaco pese a la resistencia inicial, se acabará prohibiendo la publicidad de alimentos basura a nuestros hijos e hijas. Hoy, los espacios públicos libres de humo son de lógica aplastante. Lo mismo sucederá con la publicidad de alimentos insanos en el futuro. Pero mientras, nuestra infancia y adolescencia sigue expuesta a alimentos perjudiciales para su salud presente y futura", añade.
Las organizaciones de consumidores recuerdan que medidas similares ya funcionan en buena parte de Europa. Portugal, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Noruega, Suecia o Dinamarca llevan años aplicando restricciones a la publicidad alimentaria dirigida a menores con resultados positivos, mientras que España continúa figurando entre los países europeos con mayores tasas de obesidad infantil. Según el estudio ALADINO, el 36,1% de los niños y niñas de entre seis y nueve años presenta sobrepeso u obesidad.
Asimismo, preocupa especialmente el consumo de bebidas energéticas entre adolescentes ya que, según datos de la AESAN, el 68% de los menores de entre 10 y 18 años consume este tipo de bebidas. De ellos, un 12% mantiene un consumo elevado, superior a cuatro o cinco bebidas semanales, mientras que otro 12% concentra grandes cantidades en una sola toma. Además, más de la mitad de los adolescentes consumidores, un 53%, las mezcla con alcohol.
Etiquetado nutricional
La propuesta de ley también impulsaba la creación de advertencias nutricionales más visibles en los envases de productos con altos niveles de azúcar, grasas saturadas o sal. Actualmente, España utiliza el sistema NutriScore, un etiquetado frontal basado en un código de colores y letras que clasifica los productos desde la A verde hasta la E roja según su calidad nutricional. Sin embargo, este sistema no tiene en cuenta el grado de procesamiento de los alimentos, por lo que no alerta sobre los ultraprocesados.
Precisamente sobre esa dificultad para interpretar la información nutricional giró parte del debate emitido por Público entre Bustinduy y Garzón, quienes cuestionaron la idea de que toda la responsabilidad de la alimentación deba recaer sobre el consumidor. Ambos pusieron el foco en las desigualdades sociales y en las condiciones materiales en las que muchas familias realizan la compra, defendiendo que la ley buscaba también "ponerle un poquito más fácil las cosas a las familias".
"Los padres y las madres llegamos al supermercado ya agotados, sin tiempo y no podemos hacer todos los cálculos nutricionales. Por eso, tener etiquetas es darte una información en el momento en que la necesitas. No te puedes poner a darle la vuelta al producto, calcular cuántos azúcares tiene, comprobar con otro, contrastar… Necesitas mecanismos que sean mucho más efectivos", señaló Garzón.
Otro punto de la ley era impedir el uso de personajes, dibujos animados, regalos o diseños especialmente atractivos en envases de productos considerados no saludables según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Además de limitar la publicidad de comida insana en un radio de 150 metros alrededor de colegios, parques e instalaciones deportivas.
A pesar del revés de la votación, el Ministerio asegura que el debate seguirá abierto y se muestran optimistas en que la regulación acabe dándose. "Hay cada vez una mayor conciencia social que va a hacer que esto sea inevitable que suceda. Nos gustaría que todo fuera mucho más rápido y mucho más ambicioso pero hay este trabajo de abrir camino", sostiene Bustinduy.
Sobre la firma
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.