Entrevista a David Bondia"No basta con poder quedarse en Barcelona, hay que poder vivir bien"
El recién reelegido Síndic de Greuges de Barcelona, que ha tomado posesión del cargo este mismo miércoles, conversa con 'Públic' sobre los retos que tiene la ciudad, qué puede hacer la Sindicatura para ayudar a solucionarlos y de sus propuestas para este mandato.

Barcelona-
David Bondia (1969) es doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional Público en la Universitat de Barcelona (UB) y presidió el Institut de Drets Humans de Catalunya. Fue reelegido Síndic de Greuges de Barcelona este julio en el último pleno del Ayuntamiento de Barcelona antes del parón estival, con los votos a favor del PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC. Previamente, el Síndic había recibido el aval de la ciudadanía de Barcelona para continuar su proyecto. En unas elecciones consultivas con la población barcelonesa, donde se enfrentó a Gemma Calvet, Bondia obtuvo el apoyo del 76% de los votantes y el 80% de las entidades. Un respaldo bastante transversal que iba desde la Pimec hasta la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, pasando por el Institut d'Estudis Catalans o el Consell de la Joventut de la ciudad.
Tras finalizar su primer mandato, este miércoles 7 de octubre Bondia ha tomado posesión del cargo para un nuevo periodo de cinco años. En una entrevista con Público, hablamos de los retos que tiene Barcelona, de qué puede hacer la Sindicatura para ayudar a solucionarlos, y de las propuestas que David Bondia quiere desarrollar en la capital catalana durante un mandato que se alargará hasta octubre de 2031.
¿Cuáles son los problemas más urgentes que tiene Barcelona?
Lo más urgente hoy es el tema de la vivienda. No solo los precios de alquiler, sino la gente que no tiene vivienda, la que está en infravivienda, la mesa de emergencia y los alojamientos temporales de urgencia. Naciones Unidas dice que como máximo el 30% del sueldo de una persona se tiene que dedicar a la vivienda y hay en Barcelona quien destina casi todo el sueldo que tiene. Cuando esto ocurre, conlleva no poder disfrutar de muchos otros derechos, como por ejemplo el de la alimentación, de extraescolares, de ocio, etcétera.
El lema que utilizaste en las elecciones a Síndic fue "defendiendo el derecho a vivir bien en la ciudad". ¿Por qué?
Lefebvre hablaba del derecho a la ciudad. Esto ha evolucionado y los socialistas hablan del derecho a quedarte en la ciudad. Pienso que debemos dar un paso más. No es solo quedarte en la ciudad, sino el derecho a vivir bien en la ciudad. Acceder a unas condiciones que te permitan desarrollar proyectos de vida.
Hablamos de cuatro ámbitos de ciudad: una equitativa; habitable y sostenible; garantista; y diversa. En la práctica esto es poder participar en la construcción de la ciudad, garantizar la seguridad y la convivencia, tener servicios sociales robustos, un acompañamiento por parte de la administración que no sea excesivamente burocrático, o poderme empadronar tanto con domicilio fijo como no fijo, entre otros.
Nosotros hacemos política, sí. Pero política no partidista. Hacemos propuestas de políticas públicas, teniendo clarísimo que nosotros no las ejecutamos
Un rasgo que te ha distinguido hasta ahora es que haces propuestas políticas, además de recibir quejas de la ciudadanía, que era la tarea que habitualmente hacía la sindicatura. ¿Cómo ha encajado esto en el tablero político barcelonés?
Al principio había un poco de desconfianza de todos. Una concejala ironizó con que la Sindicatura era el 42° concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Le dije que no, que no entendían cuál era nuestro rol. No somos una sindicatura tradicional, sino que es más moderna, en el sentido de que hacemos propuestas para ayudar a gobernar la ciudad y mejorar la vida de la ciudadanía.
Casi todas las sindicaturas son buzones de quejas y también se hacen actuaciones de oficio. ¿Nosotros hacemos política? Sí, hacemos política. Pero política no partidista, y hacemos propuestas de políticas públicas, teniendo clarísimo que nosotros no las ejecutamos. Quiero decir, hacemos una propuesta, y si al final el gobierno municipal la quiere ejecutar, que la ejecute. Ya está. No dejaremos de hacerlo.
Poco a poco el modelo ha ido encajando porque se ha visto que no estamos diciendo nada descabellado. Son cosas normales que pueden ayudar a fortalecer este derecho a vivir bien la ciudad y que revierte en mejoras hacia la ciudadanía. Creo que esto lo han entendido. Es más, se ha entendido también que tenemos una función mediadora.
¿Cuándo se entendió esta función?
Empezamos con pequeñas mediaciones en la Ronda Sant Antoni, en cementerios, en el antiguo Hotel Aristol, que es una residencia para personas con adicciones en Horta-Guinardó, etcétera, pero hubo un tema que se había atascado mucho, que era la Casa Orsola.
Nos habíamos sentado con el Sindicat de Llogateres y con el fondo de inversión, pero no podíamos entrar a mediar porque no podemos hacer mediaciones entre privados si no está el Ayuntamiento implicado. Hablé con el alcalde, que aceptó uirse en la solución. Fue entonces cuando nos sentamos con el fondo de inversión y se empezó a gestar la posibilidad de una compra colaborativa de Casa Orsola entre Hàbitat 3 y el Ayuntamiento de Barcelona.
No tiene ningún sentido que la Sindicatura haga una resolución cuando podemos buscar la solución acercándonos a las partes para mediar
Pero después cuando hay el conflicto en Vallcarca sobre vivienda es el Ayuntamiento de Barcelona quien nos pide a nosotros que mediemos. Socialistas y comunes llegan a un pacto y nos piden que mediemos. Ahora, el Sindicat de Llogateres y el Sindicato Socialista de Vivienda han pedido nuestra mediación por el bloque de Sant Agustí y por el bloque Papallona, y lo estamos haciendo.
Por lo tanto, lo que vemos es que no tiene ningún sentido que la Sindicatura haga una resolución cuando podemos buscar la solución de otra manera, y es acercarnos a las partes y mediar.
En mediaciones como la del bloque Papallona o la de Sant Agustí donde hay un fondo de inversión por medio, si no tiene la voluntad de negociar, ¿qué posibilidades hay?
Nosotros sólo podemos mediar si todas las partes están de acuerdo. Sabemos que la primera reunión no irá bien, pero ya solo el hecho de que estén sentados es un primer paso. Con Sant Agustí y el bloque Papallona estamos en conversaciones con New Amsterdam Developers, un fondo de inversión holandés, y en la mesa está también el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí llevamos ya varias reuniones y poco a poco se van planteando posibles soluciones, pero en el momento que una de las partes diga que se levanta de la mesa, se acaba la mediación. Una solución podría pasar porque se pongan los pisos en la bolsa de alquiler del Ayuntamiento o porque el consistorio y alguna cooperativa compre los bloques.
En este nuevo mandato propones consolidar este modelo y crear una Oficina de Mediaciones. ¿De qué se trata?
Pedimos tener un espacio propio y personal para esta oficina. Cada vez nos vienen a pedir más mediaciones. Hay gente que en el formulario de quejas ya nos dice directamente que les gustaría que mediáramos. Recientemente nos han pedido hacerlo por el cambio de nombre de Navas a Torrent de la Guineu, a una residencia de ancianos del Fort Pienc o por las fiestas de Gràcia.
Hay cosas que con una resolución de la Sindicatura no se pueden solucionar, pero sí con una mediación. Activamos a Cementerios de Barcelona para contratar a una antropóloga forense que recuperara los huesos de un familiar de una fosa común. Estamos trabajando también el derecho al error, es decir, en casos donde un ciudadano se equivoca de forma involuntaria, que el Ayuntamiento reconozca que no tiene sentido imponer una sanción.
En Barcelona también tenemos nuestras Maricármenes. ¿Qué puede hacer la Sindicatura en desahucios similares?
En el caso de Sant Agustí pedí a la comitiva judicial aplazarlo. La comitiva consideró que había un problema de orden público y que no se podía ejecutar, pero nosotros no podemos parar un desahucio si no es por vía judicial. Sí que podemos pedir al Ayuntamiento que se activen protocolos, como por ejemplo el de prevención de suicidio.
La Sindicatura también puede reclamar la articulación de una vía rápida de solución habitacional alternativa. En el asentamiento de la Sagrera hemos hecho una resolución pidiendo al Ayuntamiento que no se ejecute el lanzamiento porque la solución que se les ofrece es peor que la que tienen. La solución no puede ser dos noches en el Centro de Emergencias de la ciudad, porque acabarán volviendo a la calle otra vez.
Trabajamos con una horquilla de entre noviembre de 2026 y enero 2027 para empezar a aplicar el Plan piloto Cero Calle
Una propuesta de política pública que has hecho y que se está desplegando es el Plan piloto Cero Calle, con el objetivo de reducir a la mitad el sinhogarismo. ¿Cuándo se podría empezar a implementar?
Trabajamos con una horquilla de entre noviembre de 2026 y enero 2027. A nosotros nos gustaría que fuera lo antes posible. Estamos atascados en la gobernanza del plan. Nosotros defendemos una gobernanza colaborativa, es decir, que tengan un papel el Ayuntamiento, las entidades y el sector privado. Al Ayuntamiento le está costando entrar en este tema de la gobernanza colaborativa. Pero es una apuesta del alcalde que saldrá adelante y tenemos que acabar de afinarla.
La nueva ordenanza del civismo de este 2026 recibió la crítica de una cuarentena de entidades sociales para endurecer las sanciones. Después de seis meses de aplicación, ¿qué valoración haces?
A mí no me parece que la mejor opción sea endurecer las sanciones, sino aumentar las medidas alternativas a estas. Pero para ello hay que dotar de más recursos a la unidad. Los resultados son mejores. Nosotros no entendemos que se sancione a las personas sin hogar. No lo compartimos.
Cuando todavía había la anterior ordenanza, a una persona sin hogar se le pusieron 52 sanciones. No tiene ningún tipo de sentido, tienes que buscar un proyecto de inclusión. La ordenanza de convivencia tiene que sancionar aquellos comportamientos en el espacio público que se hagan de forma voluntaria, pero las personas sin hogar están de forma obligada en el espacio público. No tiene sentido aplicarles la ordenanza de convivencia.
La inseguridad es la segunda preocupación en Barcelona. ¿Se puede abordar esta problemática sin incidir en el punitivismo?
No podemos negarnos a abordar una problemática que está presente en nuestra ciudad. Pero, ¿todo pasa por endurecer las penas y las sanciones? Creo que una parte sí, pero no lo es todo. En el sinhogarismo, por ejemplo, hay un discurso del miedo por la aporofobia. Pues abordemos el sinhogarismo, hagamos políticas para sacar a la gente de la calle y se acabará el discurso del miedo.
Nosotros podemos hacer propuestas. Haremos una actuación de oficio sobre el tema de la seguridad en la ciudad de Barcelona. La inseguridad se puede abordar desde la seguridad delincuencial, pero tiene muchos más ámbitos. Tener una vivienda da seguridad. Acceder a alimentación en condiciones da seguridad. La educación proporciona seguridad. Hay que ampliar la mirada y así lo haremos.
Los procesos de participación no se deben hacer para avalar decisiones ya tomadas, deben vincular las decisiones municipales
Otro de los ejes donde quieres profundizar en este mandato es en la participación ciudadana. ¿Qué puede hacer la Sindicatura en este ámbito?
También haremos una actuación de oficio. Hace falta más retorno a la ciudadanía en los procesos de participación ya que no debe hacerse para avalar decisiones ya tomadas, sino que debe vincular las decisiones municipales.
Un ejemplo: el proceso de participación para la elección de la sindicatura no es vinculante. En otro caso, sobre el Museo del Transporte, no se ha respetado las decisiones del proceso participativo. En el proceso de los nuevos Ejes Verdes, participó muy poca gente. Si se hace un proceso participativo se debe informar bien a la ciudadanía y garantizar que tendrás recursos para ejecutarlo.
Finalmente, uno de los otros ejes de trabajo de la Sindicatura en este nuevo mandato quiere ser con víctimas de abusos a menores. ¿Cómo trabajáis en eso?
Eso es lo mejor que hemos hecho en los cinco años anteriores. Nos entró el caso de los abusos sexuales a unos sesenta niños y niñas de la Escuela Barcelona entre los años 1980 y 2000. Lo destapó Albert Llimós para el diari Ara, que descubrió que estos abusos los había cometido Albert Benaiges, exentrenador del Barça. Lo denunciaron a la Fiscalía, pero los delitos habían prescrito.
Nos entraron quejas de algunos casos y abrimos una actuación de oficio. Hicimos una resolución diciéndole al Ayuntamiento de Barcelona que tenía que crear una comisión para aclarar qué había pasado, ya que se habían producido en una escuela pública, responsabilidad del Ayuntamiento. Pasaron nueve meses y no se había hecho. Entonces decidimos crear nosotros la comisión de reparación, con una abogada, una psicóloga clínica y una médica de familia.
Ofrecimos a las víctimas el acompañamiento. Vinieron bastantes, también de otras escuelas, como de los Jesuitas de Casp. Con todo ello hicimos un informe que pedía un acto de reparación. En el informe pedíamos que públicamente se asumieran responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Educación, la Generalitat, la dirección de la escuela y el Fútbol Club Barcelona. Y el 20 de noviembre de 2024, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, ante las supervivientes de los abusos, pidieron perdón. Era la primera vez que un Ayuntamiento pedía perdón.
Acabada la comisión de reparación, recibimos el encargo del Ayuntamiento de Barcelona de mantenerla por cualquier abuso que se haya producido en un centro municipal. Es decir, no solo en escuelas, sino en cualquier centro donde se hubieran producido abusos que hayan prescrito. En este mandato queremos reactivar esta comisión con el caso de un antiguo orfanato franquista llamado Ciudad de Los Muchachos. También encargamos una obra de teatro que se llama L’esquerda, sobre el trabajo de la comisión, que se estrena el 19 de octubre en el Institut del Teatre, ya que allí también ha habido abusos.





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