Niños sin escolarizar en MelillaBruselas admite una denuncia contra España por el 'apartheid' educativo en Melilla

La Dirección General de Migraciones y Asuntos de Interior de la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra España por la situación que atraviesan alrededor de una centenar de niños a los que se les niega el derecho a ser escolarizados en Melilla.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Abogados Extranjeristas, en colaboración con la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) de la ciudad autónoma, que lleva años denunciando esta situación que califica de apartheid educativo. Según explicó a Público hace meses el presidente de Prodein, José Palazón, en Melilla hay alrededor de 400 menores nacidos en España cuyos padres no cuentan con documentos regularizados —algo común en la ciudad entre gran parte de la población de origen marroquí— y sufren dificultades y trabas administrativas para se matriculados en los colegios públicos de la ciudad. La Administración no les facilita su inscripción en el padrón pese a residir en Melilla toda su vida, lo que les cierra las puertas de la educación básica, a la que tiene derecho cualquier menor en España.

Según la Asociación de Abogados Extranjeristas, actualmente hay más de cien menores sin una plaza escolar, una cifra que ha ido aumentando desde los 62 casos que afirman haber seguido y denunciado desde el inicio del curso. La asociación advierte de que llevarán esta vulnerario de derechos de la infancia "ante los jueces por tamaño incumplimiento de un derecho fundamental", aunque se felicita por que su recurso ante la Comisión Europea haya sido admitido.

Según los denunciantes, "el artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece el derecho de toda persona a “la educación (…) que incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria”, y añade que, en estos casos, "al ser el menor hijo de un residente de Larga Duración, se incumple la Directiva 2003/109/CE de residentes de larga duración y la 2003/86/CE. Se establece por tanto la obligación de los estados miembros de escolarizar a todos los menores que vivan en su territorio, mediante la asignación de plazas en colegios públicos o concertados donde se les garantice el acceso a una educación reglada, sin que para ello sea exigible ningún tipo de requisito administrativo que no tenga que ver con la presencia del menor, dado que su necesidad y derecho a la educación se da por sentado".

Tanto los abogados como Prodein denuncian"unos procedimientos enormemente farragosos" por parte de la Administración melillense en los que "no se hace más que pedir más documentación de la que ni tan siquiera se facilita un ejemplo". Según los denunciantes, las autoridades europeas comenzarán a partir de ahora una investigación que comprobará "que verdaderamente la administración no está cumpliendo con sus obligaciones", y advierten de que "puede llegar a sancionar a España por incumplimiento de los tratados en su territorio".