El cajón de sastre del profesorado universitario

MÁLAGA.- Dice la LOU (Ley General de Universidades) que el “el profesorado asociado es contratado en régimen de dedicación a tiempo parcial, con carácter temporal y en régimen laboral, entre los especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la universidad, para desarrollar labores docentes en la universidad”. Eso es lo que dice la teoría y tiene dos palabras claves: “tiempo parcial” y “especialistas”. La práctica y la realidad en las universidades españolas han sido bien diferentes.

A esta historia que forma parte del día a día de la universidad española, se ha sumado un nuevo capítulo. A principios de mayo, un profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Jesús Sabariego, tuvo respuesta a su denuncia. Lo que no sabía era que esta sentencia sería histórica en Andalucía. El juez dictaminaba a favor del colectivo de asociados y reconocía derechos hasta el momento negados, como ser considerados personal indefinido o que no deban acreditar otro trabajo para ejercer como docentes. Eso quiere decir que se admite que prestan un servicio estructural de la universidad y no puntual. Y después de esto, ¿cómo ha reaccionado el sector universitario? Muchos asociados no se atreven a hablar del tema por temor a no renovar sus contratos. Otros, no guardan tantas esperanzas. Hablamos con cuatro trabajadores académicos sobre la sentencia, pero también para que expliquen qué rodea a esta figura laboral más allá de la ley.

El siguiente paso después de la sentencia

Jesús Sabariego ha sido el protagonista de este primer paso: denunciar. Tuvo un despido improcedente cuando estaba de baja por enfermedad en la Universidad Pablo de Olavide, donde fue profesor asociado desde 2008 hasta 2013. Ahora tiene la sentencia en sus manos. “El sistema de profesorado necesita una profunda revisión por parte de todas las administraciones. Los profesores asociados son casi el 50% de las plantillas de cada universidad española pública, ha sido como un cajón de sastre. Si hasta ahora, como se consideraba antes de la sentencia, ese profesorado presta un servicio puntual… ¿Qué tipo de institución pública es ésta si reproduce la desigualdad social que debería de combatir toda administración? Además tiene una función educadora y, a la vez, precariza las condiciones de vida”, relata Jesús, interesado en mostrar estas contradicciones.

EL profesor Jesús Sabariego, despedido de forma improcedente de la Universidad Pablo de Olavide cuando estaba de baja por enfermedad.- Alex Zea

Ahora Jesús ha empezado una nueva etapa en Portugal. Ha sido reconocido como investigador principal en un grupo financiado por la Unión Europea. Siempre se habla del poco sueldo de los asociados, pero Jesús apunta más situaciones esperpénticas, como “compañeros que perdieron su trabajo principal y para seguir en la universidad se dan de alta en autónomos, o asumir asignaturas troncales o las guías docentes, que no se computan porque se dice que los asociados no investigan… ¿Entonces, cómo preparas una asignatura? Leyendo y documentando”.

¿Cuándo se crea el sector B del profesorado universitario?

“El problema es que los trabajadores están divididos con sus intereses”, afirma Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Hablar con él es entrar en las raíces que explican esta situación. Recuerda que cuando estaba vigente la LRU, los profesores que no eran funcionarios tenían un contrato administrativo, sin derecho a paro. Cuando Aznar ganó las elecciones, llegó la LOU (Ley Orgánica de Universidades). Y aquí, este colectivo se transforma en “laboral”. Es entonces cuando se separa entre comités de negociación de personal, “cuando juntos hubiésemos tenido más capacidad de negociación, porque se dividió más al trabajador universitario”, sostiene.

La figura del falso asociado, un fraude de ley

Víctor Jorquera es profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Con él hablamos de las diferencias reales entre un titular y un asociado. Una de las primeras, el sueldo. “Para contratos de entre 30 horas hasta las 180 horas de docencia anual presencial a tiempo parcial, se puede cobrar entre 90 € o 550 € brutos al mes, en cada caso. Un profesor agregado o el profesor titular, imparte 240 horas de docencia presencial al año y cobran unos 2550 € brutos mensuales. Nuestra docencia equivale a las tres cuartas partes de la de un titular, pero el salario corresponde sólo a una quinta parte”, revela. Otro apunte, la cotización: “Siendo nuestra dedicación docente un 75% de la jornada a tiempo completo, la universidad cotiza a la Seguridad Social sólo un 29,2% de la jornada completa. Esto está perjudicando gravemente los cómputos para el cálculo de nuestros seguros de paro y pensiones de jubilación”.

El escaso reconocimiento

“Lo importante es poner en valor la figura de profesor asociado para quienes, como es mi caso, hayamos decidido compaginar la docencia universitaria con la actividad profesional. Entendemos que, precisamente, ese es nuestro valor como profesores universitarios. Y que podamos hacerlo en igualdad de condiciones que quienes se dedican en exclusiva a la docencia”, concreta María Sánchez, profesora que trabaja en la Universidad de Málaga (UMA) y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

María Sánchez, profesora de la Universidad de Málaga (UMA) y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).- Alex Zea

Su caso, aun siendo asociada, tampoco es fácil. Comenta que casi el 40% de su sueldo de la UMA se pierde, porque “al tener dos pagadores, gran parte de ese salario forma parte de lo que tenemos que abonar a Hacienda”. El asociado en España también se lleva trabajo docente a casa, como preparar clases o corregir actividades, y en su caso más porque “los asociados suelen tener asignaturas muy prácticas y actuales”, que exigen actualizar contenidos continuamente y hacer un seguimiento personalizado e individual del trabajo de los estudiantes.