MÁLAGA.- Dice la LOU (Ley General de Universidades) que el “el profesorado asociado es contratado en régimen de dedicación a tiempo parcial, con carácter temporal y en régimen laboral, entre los especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la universidad, para desarrollar labores docentes en la universidad”. Eso es lo que dice la teoría y tiene dos palabras claves: “tiempo parcial” y “especialistas”. La práctica y la realidad en las universidades españolas han sido bien diferentes.

Lo normal hubiese sido que junto al profesorado que quería desempeñar una carrera académica y consiguiese ser titular, los asociados se incorporasen como profesionales externos a la universidad y que, de forma puntual, diesen clases para incorporar una visión más práctica. En cambio, la falta de plazas, la crisis y el tapón generacional han hecho que vayan a parar ahí gran mayoría del profesorado bajo los llamados contratos tipo B (ayudantes doctores, sustitutos, interinos, asociados…). Cumplen funciones muy similares a las de un titular, pero con menos garantías y recompensas. El problema está en que incluso se comete fraude de ley porque también se produce la figura del “falso asociado”.

A esta historia que forma parte del día a día de la universidad española, se ha sumado un nuevo capítulo. A principios de mayo, un profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Jesús Sabariego, tuvo respuesta a su denuncia. Lo que no sabía era que esta sentencia sería histórica en Andalucía. El juez dictaminaba a favor del colectivo de asociados y reconocía derechos hasta el momento negados, como ser considerados personal indefinido o que no deban acreditar otro trabajo para ejercer como docentes. Eso quiere decir que se admite que prestan un servicio estructural de la universidad y no puntual. Y después de esto, ¿cómo ha reaccionado el sector universitario? Muchos asociados no se atreven a hablar del tema por temor a no renovar sus contratos. Otros, no guardan tantas esperanzas. Hablamos con cuatro trabajadores académicos sobre la sentencia, pero también para que expliquen qué rodea a esta figura laboral más allá de la ley.

Jesús Sabariego ha sido el protagonista de este primer paso: denunciar. Tuvo un despido improcedente cuando estaba de baja por enfermedad en la Universidad Pablo de Olavide, donde fue profesor asociado desde 2008 hasta 2013. Ahora tiene la sentencia en sus manos. “El sistema de profesorado necesita una profunda revisión por parte de todas las administraciones. Los profesores asociados son casi el 50% de las plantillas de cada universidad española pública, ha sido como un cajón de sastre. Si hasta ahora, como se consideraba antes de la sentencia, ese profesorado presta un servicio puntual… ¿Qué tipo de institución pública es ésta si reproduce la desigualdad social que debería de combatir toda administración? Además tiene una función educadora y, a la vez, precariza las condiciones de vida”, relata Jesús, interesado en mostrar estas contradicciones.

Ahora Jesús ha empezado una nueva etapa en Portugal. Ha sido reconocido como investigador principal en un grupo financiado por la Unión Europea. Siempre se habla del poco sueldo de los asociados, pero Jesús apunta más situaciones esperpénticas, como “compañeros que perdieron su trabajo principal y para seguir en la universidad se dan de alta en autónomos, o asumir asignaturas troncales o las guías docentes, que no se computan porque se dice que los asociados no investigan… ¿Entonces, cómo preparas una asignatura? Leyendo y documentando”.

Cuando se pregunta a Jesús por los conocidos rankings de las mejores universidades, desvela el trasfondo real: “Los centros españoles aparecen tan abajo porque hay mucho trabajo de investigación que no está reconocido”. También admite que existe un tapón generacional y que el tema de acreditación y evaluación docente necesita una profunda revisión.

Sabe que el resultado de esta sentencia afecta a muchas personas, que son muchos los que se reconocen en ella. Mientras para las universidades resulta un modo de contratación fácil, Jesús apunta a una de sus consecuencias más básicas: “No favorece el sentido propio de la universidad, de volcarse en la sociedad o de reconocer redes internacionales de trabajo. La universidad española tiene la inserción de la lógica corrosiva neoliberal, con muchas cuestiones absurdas, cuando la producción del conocimiento en Europa camina por otros derroteros”.

Estos últimos días, Jesús ha acudido a la invitación de diversos representantes sindicales de los colectivos de asociados. Su mensaje es claro y va al sistema universitario en conjunto: “Si no asumen la sentencia, sería evadirse de su responsabilidad social. Nos toca a todos. Desde el catedrático al becario. Y no aplicar una lógica competitiva, no crear una guerra entre clases o categorías de departamentos que no conducen a nada. Necesitamos hacerla más democrática y transparente. Y que la persona que desee una carrera académica no tenga que mendigar, disfrazar su posición o que no se le reconozca lo que hace”.

¿Cuándo se crea el sector B del profesorado universitario?

“El problema es que los trabajadores están divididos con sus intereses”, afirma Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Hablar con él es entrar en las raíces que explican esta situación. Recuerda que cuando estaba vigente la LRU, los profesores que no eran funcionarios tenían un contrato administrativo, sin derecho a paro. Cuando Aznar ganó las elecciones, llegó la LOU (Ley Orgánica de Universidades). Y aquí, este colectivo se transforma en “laboral”. Es entonces cuando se separa entre comités de negociación de personal, “cuando juntos hubiésemos tenido más capacidad de negociación, porque se dividió más al trabajador universitario”, sostiene.

Pero justo aquí se crean muchas figuras laborales diferentes. Rafael menciona sólo algunas: “Ya no son sólo asociados y ayudantes sino, asociados, ayudantes, visitantes, visitantes con opción a permanencia, sin permanencia, agregados… Contratos muy determinados que crean categorías individuales. Nos fragmentan. Pero todos para las mismas funciones, que son investigar y docencia, pero cobrando tres veces menos. Antes el asociado no era docente universitario, sino profesional de reconocido prestigio. Ahora no, porque como son asignaturas baratas, se dan a quien esté haciendo la tesis y que quiera carrera académica”.

Rafael saca otros dos temas que justifican el auge del asociado: la crisis y la ausencia de ofertas de empleo público por las tasas de reposición. Según él, las universidades crean estas figuras nuevas como vía de escape a quienes tienen ya la acreditación para ser titular, pero no pueden sacar la plaza porque no hay dinero. Desvela que “estas personas no se pueden estabilizar. A sus precarias condiciones, suma que ni tienen ayudas para congresos, ni complementos propios, ni dirigir tesis doctorales… Ya estamos instalados en esta dinámica y no lo va a parar nadie. Quien se tiene que implicar es el profesorado estable”.

Él es uno de esos pocos profesores titulares que denuncia y conciencia, pero cuando lanza esta propuesta, se queda sólo: “Como en muchas universidades ya no hay clases, apenas no vemos. Antes había más vida de departamento, de pasillos y movilizaciones. Ahora no hay nada, porque han conseguido que cada uno esté en su despacho para hacer el paper y nos den el famoso punto para la acreditación”. Comenta incluso el caso de nombrar profesores honoríficos a quienes no han podido adjudicar plaza de ayudante. En estos casos, dan clases sin cobrar, pero se acepta porque “al menos se mantiene la vinculación con la universidad, puedes ir a la biblioteca, tener el despacho, investigar…”.

Concreta que hay más de veinte tipos de contratos laborales y todos para hacer lo mismo. Es muy crítico con sus compañeros titulares, y con aquellos que abanderan los criterios nuevos de excelencia o de publicar en las revistas americanas de impacto: “Ninguno de ellos, cuando tenía la edad de los compañeros a los que ahora les exigen, tenía ese currículum. No te puedes poner a exigir porque todos sabemos cómo llegaron a sus puestos. Recuerdo a principios de los años 90, cuando se crearon muchas universidades nuevas. Leían la tesis y al día siguiente ya tenían contrato de profesor interino. Ya en la interinidad conseguían la plaza de titular.”.

Víctor Jorquera es profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Con él hablamos de las diferencias reales entre un titular y un asociado. Una de las primeras, el sueldo. “Para contratos de entre 30 horas hasta las 180 horas de docencia anual presencial a tiempo parcial, se puede cobrar entre 90 € o 550 € brutos al mes, en cada caso. Un profesor agregado o el profesor titular, imparte 240 horas de docencia presencial al año y cobran unos 2550 € brutos mensuales. Nuestra docencia equivale a las tres cuartas partes de la de un titular, pero el salario corresponde sólo a una quinta parte”, revela. Otro apunte, la cotización: “Siendo nuestra dedicación docente un 75% de la jornada a tiempo completo, la universidad cotiza a la Seguridad Social sólo un 29,2% de la jornada completa. Esto está perjudicando gravemente los cómputos para el cálculo de nuestros seguros de paro y pensiones de jubilación”.

En la Universidad de Barcelona, el 48% de la plantilla docente es asociada. Gracias a este colectivo esta institución puede aparecer en el Academic Ranking of World Universities. En este ranking se valora casi exclusivamente el trabajo investigador, y el personal a tiempo completo puede dedicarse a ello porque el grueso de la docencia recae sobre los asociados. Víctor también lamenta una figura poco reconocida y silenciada, la del “falso asociado”.

Ocurre cuando, a diferencia de lo que indica la ley, donde el asociado debe de ser un profesional externo de reconocido prestigio, se contrata a estudiantes de doctorado. “De manera fraudulenta, se ha estado usando masivamente la figura del asociado como primer estadio de la carrera académica. Donde debía contratarse un becario, se contrataba un asociado, porque no había una dotación suficiente de becarios por parte de las administraciones públicas. La universidad se ha acomodado a esta situación pues los falsos asociados hacen más horas de docencia que los becarios (180 frente a 60), cobramos la mitad, y hacemos investigación y gestión administrativa sin remunerarse”, comenta.

Insiste en que la figura del falso asociado es antigua, pero se ha generalizado con la “destrucción de la universidad pública, con las políticas neoliberales implementadas por PP y CIU con la excusa de la crisis.” Desde entonces, cuando reducen la tasa de reposición, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona se ofrece a los lectores que finalizan contrato ser falsos asociados, agregados interinos, o bien el programa de retención de talento, que tiene su matiz: “Es una forma de privatización de la universidad pública que implica que el Banco de Santander financia mediante créditos el presupuesto asociado a estas plazas. Otros han sido simplemente despedidos después de 17 años de carrera en la UB”, concreta.

“Lo importante es poner en valor la figura de profesor asociado para quienes, como es mi caso, hayamos decidido compaginar la docencia universitaria con la actividad profesional. Entendemos que, precisamente, ese es nuestro valor como profesores universitarios. Y que podamos hacerlo en igualdad de condiciones que quienes se dedican en exclusiva a la docencia”, concreta María Sánchez, profesora que trabaja en la Universidad de Málaga (UMA) y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Su caso, aun siendo asociada, tampoco es fácil. Comenta que casi el 40% de su sueldo de la UMA se pierde, porque “al tener dos pagadores, gran parte de ese salario forma parte de lo que tenemos que abonar a Hacienda”. El asociado en España también se lleva trabajo docente a casa, como preparar clases o corregir actividades, y en su caso más porque “los asociados suelen tener asignaturas muy prácticas y actuales”, que exigen actualizar contenidos continuamente y hacer un seguimiento personalizado e individual del trabajo de los estudiantes.

“En otros países, como Estados Unidos, la figura del profesor asociado está muy valorada, precisamente porque es esencial para la necesaria vinculación y transferencia entre universidad-empresa y que los alumnos adquieran competencias lo más cercanas posibles a la realidad con la que luego se van a encontrar. Pero en España el precio-hora que se le paga a un profesor asociado es menor que el que reciben otras figuras a dedicación completa, y si a ello sumamos lo del doble pagador…”, lamenta María, como muestra del escaso reconocimiento. De hecho, explica que cuando comenta con amigos sus condiciones se sorprenden porque saben que otros profesores, de cualquier nivel educativo de ámbito público o privado, tienen mejores condiciones económicas.

Otro factor sin reconocimiento en los asociados es la investigación: “En mi universidad formo parte, desde hace años, de proyectos de investigación. Si tuviera dedicación permanente ya podría haber pedido sexenios, pero como asociada no me resulta posible. Cuando estoy en proyectos obtenidos en convocatorias públicas nacionales e internacionales, puedo tener recursos para estancias y asistencia a congresos. Pero cuando no es así, el tema se complica, ya que existen universidades que limitan sus ayudas propias para la investigación a personal con dedicación completa”. Estos profesores a dedicación completa pueden dar menos horas de clase cuando participan, por ejemplo, en proyectos de innovación educativa y en otro tipo de actividades. Sin embargo, a los asociados no se les suele facilitar esta opción.

María sabe que no es una cuestión de una determinada universidad, sino algo generalizado, pero quiere dejar claro que aunque seguirá en esta situación por pura vocación, “lo importante es que se dé la oportunidad de promocionar a quien lo desee”.