Europa se prepara para una batalla que va a definir el rumbo del continente en los próximos años: el presupuesto a largo plazo de la UE, llamado Marco Financiero Plurianual, para el periodo 2021-2027. El MFF (por sus siglas en inglés) definirá cuánto dinero recibe la UE y adónde va a parar. Es algo que se negocia cada siete años, pero esta vez va a ser especialmente difícil llegar a un acuerdo: hay que cubrir el agujero que deja el Reino Unido, segundo contribuyente neto hasta la fecha.

Tal y como se presentan las conversaciones en este momento, es muy posible que el nuevo presupuesto de la UE no cubra ese agujero totalmente, con lo que algunas partidas sufrirían recortes. Y algunos de los que tienen más papeletas para pagar esas reducciones son los fondos agrícolas y los de cohesión, para el desarrollo de las regiones más atrasadas.

La pregunta del millón es cuánto dinero pone cada país. Esa será la primera batalla de una guerra en la que hay dos bandos. Por un lado, están los llamados ‘amigos de la cohesión’, un grupo de unos 16 países, la mayoría receptores netos, que piden que el presupuesto se mantenga más o menos igual que el actual y que no se reduzcan las ayudas a las regiones más atrasadas. En este grupo están, por ejemplo, España, Portugal y los países del Este. Para que el presupuesto quedara similar que antes de la salida de los británicos, la factura anual debería ascender a más o menos el 1,11% de la renta nacional bruta de cada país.

Una posición que está en la línea de la propuesta emitida por la Comisión en 2018, que mantendría el presupuesto en 1,13 billones de euros para siete años, algo similar al período 2014-2020.

En el otro bando están los llamados ‘frugales’, contribuyentes netos que no quieren oír hablar de subir la factura. Este segundo grupo, formado por Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, pide que las contribuciones queden en un 1,00% pelado, similar al nivel actual.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha apoyado las tesis frugales en el pasado, y a menudo se le considera miembro de ese club. En cuanto a Francia, Emmanuel Macron se ha mostrado a favor de un presupuesto más ambicioso que permita a la UE actuar como el poder "geopolítico" que dice pretender ser.

Las discusiones han ganado intensidad en las últimas semanas, y el presidente del Consejo, Charles Michel, ha convocado una cumbre excepcional para el 20 de febrero en Bruselas, aunque no muchos tienen esperanzas de que se vaya a llegar a un acuerdo ese día. Es muy posible que en esta cumbre haya avances, pero que sea necesario que los líderes vuelvan a verse en persona antes del verano para tratar este tema a fondo.

Para preparar esa reunión y explorar las diferentes posiciones, Michel se ha visto durante la pasada semana con la mayoría de los líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez. En una visita relámpago a Bruselas el miércoles pasado, el presidente del Gobierno reiteró que España se opone a cualquier recorte en el presupuesto, y mencionaba precisamente la PAC y los fondos de cohesión como las dos principales prioridades del país. Reconocía aun así que la negociación será "larga, tensa y compleja".

Sin embargo, parece difícil que España y el resto de ‘amigos de la cohesión’ vayan a poder evitar que el presupuesto europeo sufra recortes. A finales del año pasado, la presidencia rotatoria finlandesa del Consejo puso sobre la mesa una propuesta en la que rebajaba el nivel de contribución al 1,07%. En su momento, fue una idea que provocó reacciones airadas entre los países receptores, pero conforme ha pasado el tiempo, ha ido ganando más tracción.

Un temor justificado

La diferencia entre el 1,11% de la Comisión y los ‘amigos de la cohesión’ y el 1,00% de los ‘frugales’ parece mínima. La batalla se juega en las centésimas. Pero es que cada una de ellas puede significar un recorte millonario en el presupuesto europeo para los próximos siete años, y en consecuencia, de las ayudas que reciban los agricultores y las regiones de la España vaciada.

Incluso en la propuesta de ‘status quo’ de la Comisión, ya se preveía una reducción de alrededor del 5% tanto para los fondos de cohesión como para la PAC, para dejar espacio a otras nuevas prioridades como investigación, Defensa, o gestión de la migración.

Ahora mismo, la PAC y los fondos de cohesión suponen cada uno aproximadamente algo más de un tercio del dinero que distribuye Bruselas. Solo en 2017, España recibió 5.890 millones de euros en ayudas para ganaderos y agricultores, por 2.190 millones de euros en fondos de desarrollo regional.

Eso sí, a pesar de la reducción, España en concreto podría no salir tan mal parada en cuanto a los fondos de cohesión. En su propuesta, la Comisión introdujo un cambio en el criterio de cálculo para entregar las ayudas, que incluye parámetros como el desempleo juvenil y el nivel de migración. Eso beneficia a España, que podría recibir hasta un 5% más de fondos que en el período anterior. ().

Si el presupuesto final es menor a ese 1,11% de la renta nacional que propone la Comisión, las ganancias de España en fondos de cohesión también serán menores. Sin ir más lejos, la propuesta finlandesa preveía recortes globales de hasta el 13% en fondos para la agricultura y la ganadería, y un 12% menos para el desarrollo de las regiones menos favorecidas, mientras que reforzaba partidas para investigación y control de fronteras.

Un recorte para España en agricultura y cohesión se antojaría entonces difícil de evitar, aunque aún es demasiado pronto para cuantificarlo. Por su parte, las negociaciones por el nuevo plan agrícola europeo están ahora mismo paralizadas a la espera de conocer el tamaño final del presupuesto a siete años. En ellas, se prevén cambios como un posible fin de los "agricultores de sofá", una mayor exigencia de respeto al medioambiente para recibir pagos directos, y una mayor parte de los fondos para la prevención de la degradación del entorno natural y contra la crisis climática. Así que no todos pagarían por igual los platos rotos de un recorte.

El Parlamento Europeo, por su parte, aún sigue empeñado en que el presupuesto no se recorte sino que aumente, a pesar de la posición de los ‘frugales’. "No aceptaremos reducciones ni en la PAC ni en los fondos de cohesión, las políticas que han vertebrado Europa, porque eso agravaría la situación de nuestros agricultores, y contribuiría a aumentar el problema del despoblamiento, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en España y en otros países de la Unión Europea", afirma Eider Gardiazábal, miembro de la comisión de presupuestos del hemiciclo, en declaraciones a Público.

Para conseguir que suba el presupuesto, defiende la vía de aumentar los fondos propios que la UE recauda directamente, con nuevos impuestos a las grandes tecnológicas, a las transacciones financieras y a las empresas contaminantes, "de modo que esos nuevos fondos que necesitamos no supongan un mayor esfuerzo para los Estados miembros ni para los ciudadanos".

"Lo que no podemos pensar es que podemos hacer más con menos presupuesto. Mantener la PAC es fundamental", afirma en la misma línea Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos, y miembro de la comisión de medioambiente. Rodríguez reconoce que las preocupaciones que puedan tener los agricultores y ganaderos ante posibles recortes son justificadas. A la vez defiende que la PAC debe encontrar en la sostenibilidad su "columna vertebral" y aliarse con las políticas verdes del continente para preservar la biodersidad y luchar contra la despoblación y la desertificación, "que son los mayores enemigos de la luchan contra el cambio climático".

Quien tendrá la última palabra sobre la cifra final del presupuesto será el Consejo –formado por los Gobiernos de los Veintisiete–, pero el Parlamento aún puede dar algo de batalla, ya que tiene que dar su aprobación final al documento que resulte de esta guerra.

Una contienda que, si sigue los cauces típicos de la UE, acabará con alguna concesión de cada una de las partes. Así, algún recorte parece difícil de evitar en las centésimas que acompañen a ese número 1. Si llega esa reducción, será después cuando habrá que ver qué partidas y qué países pagan los platos rotos del recorte. Y será entonces cuando habrá que cuantificar las posibles pérdidas para el campo español.